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La Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios hizo su balance
El informe anual de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando del Ministerio Público Fiscal consigna que entre octubre del 2010 y octubre del 2011 hubo un perjuicio fiscal de poco más de 70 millones de pesos por delitos tributarios y contrabando.
Concretamente, en materia penal tributaria el trabajo destaca que el perjuicio fiscal ocasionado ronda 35.500.000 de pesos. En tanto que, en materia de contrabando, “aunque en muchos de los casos denunciados no se pudo determinar el valor en plaza de las mercaderías involucradas, logró calcularse de manera aproximada el promedio de las pretensiones fiscales mínima y máxima detectadas en los hechos denunciados”, que asciende a 35.800.000 de pesos.
Asimismo se destaca que la unidad “ha presentado 12 denuncias en el ámbito de su competencia; también ha proveído y provee a pedidos de colaboración formulados por distintas fiscalías federales del país y fiscalías con diferente grado de competencia en razón de la materia, en un promedio de 37 pedidos de colaboración por trimestre”.
Durante este período se iniciaron 25 investigaciones preliminares, y en la actualidad existen 32 investigaciones en trámite.
También se detalla que hubo “un aumento en la cantidad de investigaciones de posibles casos de delitos tributarios, previsionales y de infracciones a las leyes 25743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico y 24633 de Circulación Internacional de Obras de Arte” al tiempo que también hay “una sostenida intervención de la unidad en casos que configurarían delitos aduaneros y delitos tipificados por las leyes 11723 de Propiedad Industrial y 22362 de Marcas y Designaciones”.
Más dinamismo
Según consignan, la unidad fiscal “logró mayor dinamismo en la tramitación y el progreso de sus investigaciones preliminares y demás actuaciones”; asimismo se destacó el rol que desempeña como “coadyuvante en causas judiciales de trascendencia institucional y/o de alto impacto macroeconómico”.
Durante el año las maniobras delictivas investigadas se corresponden con muchas de las modalidades comisivas “más habituales” tales como la omisión de declarar bienes gravados o ventas gravadas; la declaración de operaciones inexistentes o la utilización de proveedores de facturas apócrifas; la omisión de ingreso de aportes y contribuciones de la seguridad social; la importación o exportación por cuenta de terceros, la presentación de documentación apócrifa y falsedad en la declaración de valor, la exportación ilícita de bienes culturales cuya extracción del país estaba sujeta a una prohibición relativa; la falsificación de marcas y designaciones o la comercialización no autorizada de bienes a través de Internet, entre otros.
Asimismo, se denunciaron ante la unidad “maniobras delictivas en materia tributaria, que revisten particularidades que las alejan de las más habituales” tales como la escrituración y declaración de operaciones inmobiliarias por valores menores a los reales, la evasión impositiva por parte de una asociación deportiva sin fines de lucro o la insolvencia fiscal fraudulenta.
También el informe destaca la intervención de la unidad como coadyuvante en cinco causas penales, y se especifican otras acciones desarrolladas, como la elaboración de protocolos de actuación y newsletters, y la participación en actividades de capacitación, jornadas, talleres y asambleas.
En septiembre de este año el Procurador General designó a Valeria Calaza como titular de la unidad, ya que su antecesor, Mariano Borinsky, había renunciado ese mes para desempeñarse como vocal de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.
