ESCUCHARPese a que son minoritarios dentro de los que no aceptaron renovar los compromisos aceptando una amplia quita, no cesan de ejecutar una amplia campaña de calumnias, arguyendo estar dispuestos “a negociar”.
Los acuerdos logrados a partir de 2005 con los acreedores externos permitieron consenso de los tenedores de 92,7% de dichas acreencias mediando una amplia quita y ampliación de plazos que se vienen cumpliendo pese a las interferencias y embargos que instrumenta el veterano juez neoyorquino, Thomas Griesa que, de acuerdo con sus resoluciones, apoya ostensiblemente a los denominados “fondos buitres”.
El nombramiento y la forma de actuar que viene exhibiendo el “mediador judicial” designado por aquél, Daniel Pollack, quien no disimula su marcada preferencia y, cada vez que puede, se suma a los planteos de dichos acreedores. Dentro del 7,3% que no contempló la quita había, hace alrededor de diez años, dos tercios de esos valores principalmente en manos de tenedores japoneses e italianos que desde 2008 en adelante, cansados de la infructuosa espera, fueron aceptando venderlos a muy bajos precios. Se desconoce a cuánto ascienden a valor nominal y quiénes son actuales titulares. Las estimaciones, sin mayor precisión, presumen pueden llegar a US$5.000 millones.
Hasta fines del año 2014 regía la llamada “cláusula Rufo”, que otorgaba a todos los acreedores, aun a los que ya habían cobrado, los mismos derechos que lograban posteriormente los que fueran destinatarios de con mejores condiciones. En la actualidad dos “fondos buitres” han encargado investigaciones sobre alrededor de diez funcionarios argentinos del más alto rango, incluso la Presidenta, en procura de localizar bienes no declarados o en infracción de éstos para usar esa información en eventuales chantajes que les ayuden a cobrar íntegramente todo lo que pretenden.
Esta actitud, aparentemente descabellada pero sin dudas inmoral, permite aquilatar hasta qué extremos son capaces de ir cuando procuran acceder a beneficios económicos. Por lo tanto, que el juez Griesa los respalde como lo está haciendo, mancha en forma indeleble la indispensable honorabilidad que debiera exhibir un juez de cualquier país y, en mayor medida aún, que se desempeña en el área de Nueva York.
La última “invitación”
El 30 de enero ppdo. llegó a Argentina una invitación a “negociar” sin aportar ningún detalle de lo sería puesto a consideración. Dado que el juez Griesa, extralimitándose en sus funciones, “bloqueó” pagos a otros acreedores que aceptaron la quita, incluso algunos que eran pagaderos en Londres, lo primero que se requirió formalmente como respuesta fue el inmediato “desbloqueo” de aquéllos.
Pollack, falseando los hechos ignoró tal evidencia diciendo textualmente que “la invitación de los tenedores de bonos fue sin condiciones previas y se ofreció la posibilidad al Gobierno de Argentina de un acuerdo sin ningún pago actual de efectivo”. Jugando un virtual rol de gestor de aquéllos, adelantó que estaban dispuestos a recibir bonos del país. Aclaró además que se había puesto en contacto con el abogado que defiende los intereses argentinos, pero consideró que no hubo una actitud satisfactoria.
Nuestro ministro de Economía, Axel Kicillof, además de plantear como tema previo el indebido “congelamiento” de fondos, manifestó que sólo se reuniría en forma conjunta y simultánea si concurrían todos los que todavía poseen títulos argentinos sin haber acordado con las propuestas que datan de 2005 y 2010 que aún siguen en vigencia. En realidad, hubo respuesta concreta pero seguramente no la que deseaban. Hasta ese momento se conocían los fondos NML Elliot y Aurelius de los que ha actuado en calidad de vocero el banquero Paul Singer.
Pareciera que lo actuado era un virtual último sondeo pues luego el juez Griesa tomó la decisión de otorgar plazo a los acreedores hasta el día 2 de marzo con el fin de que comparecieran en su despacho de Manhattan para adherir a la causa en igualdad de condiciones, o sea, bajo la modalidad identificada como de me too. Dado que a esa fecha se cerró la posibilidad de sumarse al fallo de Griesa, recién ahora existe la posibilidad de evaluar la magnitud total del problema que debe afrontar Argentina. Los analista más autorizados habían hecho conocer que la cifra, a valores nominales, podría rondar US$5.000 millones, obviamente sin computar intereses devengados. Pero, sumando todos los conceptos adicionales, esa cifra puede llegar a triplicarse.
El asedio
Resulta evidente que tan peligrosos acreedores no pudieron forzar al país durante la vigencia de la cláusula Rufo y, por tanto, desde el comienzo de enero del corriente año ésta ya no tenía vigencia. Por lo tanto, los planteos y la defensa se volvieron mas firmes, muy poco dispuestas a hacer concesiones. Argentina, en ese rol adoptó un esquema de máxima, sosteniendo que el trato debía ser igualitario para todos y que dichos fondos debían aceptar las mismas quitas que el 92,7%. Los “fondos buitres” han dado muestras acabadas de que no vacilan en forzar de cualquier forma a los deudores y, en esta oportunidad, buscan embargar las reservas del Banco Central. Como esto no es nada habitual por su afectación específica, han llegado en busca de apoyo a la Corte de Apelaciones que tiene un año para expedirse si ello es viable.
Nuestros negociadores consideraron inaceptable que una reducida minoría especulativa que había adquirido a muy bajo precio los bonos pretendiera obtener un trato privilegiado multiplicando por treinta esa inversión. Además, consignó que era de práctica en la mayoría de los casos semejantes que dos tercios decidieran para todo el conjunto. Pero esta circunstancia no estaba expresamente consignada en el pliego de condiciones; razón por la cual, los tenedores de cualquier proporción que las detentaran podían hacer válidamente cualquier tipo de reclamos.
Después de un breve lapso vacacional, las acciones de los acreedores según su domicilio legal, se reiteraron ante jueces de Nueva York (Griesa) y del Estado de Nevada (Ferenback) requiriendo tomar posturas muy adversas a nuestro país. El primero citado, por su parte, no vaciló en confirmar al mediador Pollack, rechazando el pedido de Kicillof de que fuera sustituido por alguien verdaderamente imparcial. A su vez, éste funcionario requirió en el seno de Naciones Unidas que se dispongan a establecer normas obligatorias para casos semejantes. Las posiciones antes expuestas hacen presumir que no habrá por bastante tiempo ningún tipo de negociaciones pues las actuales posturas exhiben insalvables diferencias.
El calendario fijado por Griesa para que sea cumplimentado después del 2 de marzo -fecha hasta la que aceptó se sumaran otros acreedores- concedió plazo hasta el 7 de abril a Argentina para presentar las objeciones que considere viables, con vistas a fallar definitivamente para fines del mismo mes. La respuesta de Kicillof no se hizo esperar, notificando que nuestro país sólo se sentará a discutir con ánimo de acordar cuando concurran simultáneamente todos los fondos buitre que tienen en sus carteras bonos argentinos pero no lo hará si lo hace sólo NML.
Quedaba además a decidir por Griesa si los depósitos realizados por intermedio del Citibank relativos a bonos emitidos bajo leyes argentinas y los que se rigen por leyes inglesas dejarán o no de estar bloqueados. Después de muchas vacilaciones, dio vía libre aunque solamente para los compromisos de fin de marzo. Es oportuno recordar que una Corte de Justicia declaró que tales bonos no estaban alcanzados por las decisiones de ese juez neoyorquino, pero en el fallo se omitió autorizar al Bank of New York para que viabilizara los pagos. Sin duda, se trata de una falta no habitual, curiosa y semejante “olvido” es bastante sospechable.
Por su parte, en el contexto del asedio al que está sometida Argentina, el juez del Estado de Nevada, Cam Ferebach, tomó la iniciativa para autorizar una amplia verificación tributaria a 123 firmas argentinas el único “delito” de que sus titulares mantengan cordiales relaciones con el Gobierno nacional. Insólitamente decidió fijar como fecha para comparecer el 9 del presente mes; tras el cual ordenó algo nunca hecho en caso alguno: publicar detalladamente todo lo actuado.
Nueva ofensiva de la justicia estadounidense
Según posteriores resoluciones, queda muy en evidencia el altísimo poder e influencia de los “fondos buitres”. En función de ello han logrado a su pedido que la Corte de Apelaciones intime a los letrados que defienden a nuestro país, para que de inmediato presenten los descargos contra un inexplicable fallo del juez Griesa en que nos vuelve a declarar “en desacato”. No sólo eso, arguyen que el plazo para hacerlo esta vencido desde el día 23 de febrero ppdo.; aspecto equivocado que la defensa corrigió pues ese término recién caducaba tres días después.
Si se insiste en otorgar validez a la primera postura, todo habría quedado firme. La situación descripta reiteró el criterio expuesto el 29 de septiembre ppdo., adoptada por el mismo Griesa, sin permitir entonces ejercer el derecho de defensa. En la instancia más reciente, los actores fueron los “fondos buitre” que volvieron a solicitar una sanción adicional de US$50.000 por cada día que Argentina no pague. Esta forma compulsiva y autoritaria viola el legítimo derecho a ejercer la defensa, siendo la primera vez que en EEUU se aplica a un país.
Ya en octubre ppdo. se planteó ante la Corte Internacional de Justicia interponiendo una demanda contra EEUU que el fallo del juez Griesa aplicando el “pari passu” en nuestra contra constituía un único y muy mal antecedente que en los hechos era una evidente maniobra. No hay que esforzarse para tomar plena conciencia de que se trata de una acción que apunta a obstruir la reestructuración integral de la deuda pública argentina”. En aquella circunstancia optó por dar paso a una sospechosa mediación que, hasta ahora, no ha avanzado un ápice.
Seguramente con ese antecedente, Griesa ha optado por insistir en debilitar a nuestro país y por ello ejerció semejante presión pero, esta vez, el plazo para refutar su planteo -que vencía el 17 de febrero ppdo.-, fue recortado arbitrariamente como si hubiera vencido el 23 de enero, con lo cual se buscó invalidar la defensa.
Una razonable y equilibrada solución se advierte que será virtualmente imposible de alcanzar negociando con la autoridades actuales y sólo parece quedar alguna perspectiva que esto se concrete por medio de los circuitos diplomáticos y políticos. Pero ello no podrá ser intentado hasta después del 10 de diciembre próximo, cuando asumirán las nuevas autoridades nacionales argentinas tras las elecciones que tienen prevista como primera fecha el 26 de octubre. Por lo tanto, resulta lógico que dos precandidatos con cierta chance hayan recibido una invitación especial y hayan visitado gustosos la sede del gobierno estadounidense.
