El estamento de la Abogacía en el Consejo de la Magistratura de la Nación: desafíos para una nueva etapa

Por Marcelo Bee Sellares (*)

Los desafíos de la futura integración de 20 miembros del Consejo de la Magistratura de la Nación (CMN), quienes asumirán sus funciones a partir de este mes y por los próximos cuatro años, estarán plagados de una agenda cuyo foco central tendrá como prioridad alcanzar objetivos y resultados concretos desde lo institucional, plasmando una agenda que se acerque más a las necesidades de una sociedad que observa con baja credibilidad la labor del Poder Judicial en su conjunto.

En esa agenda hay temas centrales, de tratamiento permanente, que forman parte del día a día del organismo; y, por el contrario, hay otros temas que se van incorporando de acuerdo con las necesidades y cambios sociales. En estas breves líneas abordaremos en cuatro ejes, de manera sintética, algunas pautas para tener en consideración.

I - Comisión de Selección de Magistrados/as Judiciales

El estamento de la Abogacía recuperó un nuevo espacio luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de diciembre del año pasado, en los autos “Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y Otro c/ Estado Nacional y otros” – Ley 26.080- por el cual se declaró la inconstitucionalidad en conformación, integración de las comisiones y quórum, retornando a la primigenia integración de 20 miembros, en la que los abogados/as de la matrícula federal tienen cuatro integrantes recientemente elegidos mediante el voto directo de los colegas de todo el país.

Esta nueva conformación de la abogacía trae consigo desafíos institucionales de envergadura, entre ellos no sólo revertir (logrando los consensos necesarios con el resto de los estamentos) el índice de vacancias en la Justicia federal y nacional del país (oscila en 25%), sino también debatir reformas necesarias y estructurales al reglamento de la Comisión de Selección de Magistrados/as.

Actualmente se encuentran a consideración diferentes proyectos de reforma. A modo de síntesis, están aquellos que buscan llevar a cabo una reforma que atienda las falencias del sistema actual en un marco de transparencia, eficiencia, objetividad, participación ciudadana y la atenuación de la discrecionalidad en la etapa de las entrevistas personales; propone un puntaje y acota la discrecionalidad absoluta que otorga el reglamento a los consejeros/as al momento de la evaluación en esta etapa del concurso.

Otros proyectos apuntan a conceder más puntos a la prueba de oposición que a los antecedentes personales, a los efectos de ponderar aquel aspirante que tuvo una correcta evaluación del caso propuesto por el jurado del concurso, entendiendo que esta etapa es cuando mejor se evalúa la idoneidad de aquél. En lo que hace a los requisitos de idoneidad necesarios para ser aspirante a magistrado/a, se propone incorporar el certificado de no inscripción en el registro de deudores alimentarios, con la finalidad de elevar las exigencias mínimas éticas y morales a las cuales debe aspirar todo aquel que pretenda ser magistrado/a de la Nación.

También hay proyectos para modificar el reglamento a los efectos de proponer la igualdad de oportunidades entre los aspirantes que provienen de la carrera judicial y quienes provienen del ejercicio liberal de la profesión, a los efectos de revertir la estadística que indica que sólo uno de cada diez concursantes que provienen del ejercicio profesional llega a ser magistrado/a federal, lo que genera un desánimo en la participación de los abogados/as litigantes.

Por último, se busca implementar los concursos anticipados en determinados fueros, con la finalidad de cubrir rápidamente las vacancias que se generan y de esta forma dar respuesta efectiva al servicio de justicia.

II - Recursos tecnológicos y estadísticas judiciales

Dentro del programa de modernización judicial que viene llevando adelante en el CMN, es necesario seguir avanzando con la digitalización del expediente electrónico en sus distintas fases de implementación a través del sistema Lex 100 en coordinación con la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

Por otro lado, la necesidad de dotar de los recursos tecnológicos adecuados a la oficina de estadísticas judiciales del CMN, con el firme propósito -basado en la acordada de la CSJN número 33/92 y sus resoluciones- de adoptar las decisiones políticas/institucionales de carácter permanente, que le permitan al Poder Judicial y a la sociedad medir la tasa de productividad y eficiencia en los juzgados nacionales y federales del país.

Demás está decir que las estadísticas judiciales son una herramienta de diseño, monitoreo y evaluación de la actividad del Poder Judicial de la Nación que nos facilitan una rendición de cuentas de manera permanente en aras de una mayor transparencia en la gestión y planificación, consistente en la presentación, confección de propuestas y desarrollo de proyectos vinculados con políticas públicas judiciales en pro de un mejor servicio de justicia.

Las estadísticas, su procesamiento y difusión tienen plena relación con el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, derecho que tiene cualquier persona, con el fin de garantizar la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública.

III – Presupuesto e infraestructura

El proyecto de presupuesto del Poder Judicial para el ejercicio 2023 asciende a la suma de $262.151.497 millones, de los cuales más de 90% se destina al pago de haberes del personal. Con el saldo se atienden numerosas necesidades, como por ejemplo la contratación y servicio de mantenimiento de bienes de uso, llámese equipamiento informático, software y servicio de monitoreo para la seguridad en los edificios, mantenimiento de las sedes de todo el país, entre otros ítemes.

En infraestructura judicial, se planea para 2023 llevar a cabo un plan trienal de ejecución de obras, entre las que se destacan -en la jurisdicción de Córdoba- las obras en los juzgados federales de San Francisco y Río Cuarto.

La ley de autarquía judicial 23853 (1990), en su segundo artículo, estipula que el presupuesto del Poder Judicial se atenderá con recursos del Tesoro de la Nación, que se conformarán con el equivalente a 3,5% de los recursos tributarios y no tributarios de la Administración Central.

Corresponderá a la CSJN 0,57% y 2,93% al CMN. Cabe aclarar que esta ley fue sancionada hace más de 30 años y que nunca tuvo actualizaciones de los porcentajes, pese al incremento en la infraestructura del Poder Judicial nacional y federal, la incorporación de recursos tecnológicos y humanos acorde a las necesidades, demandas y requerimientos actuales.

En tales circunstancias se vuelve imperioso promover instancias de diálogo con los restantes poderes del Estado a fin de buscar soluciones conjuntas al déficit presupuestario del organismo, que impiden la modernización tecnológica y redundan en una ineficaz prestación del servicio de justicia, todo lo cual atenta contra la independencia del Poder Judicial cada vez que es necesario solicitar al jefe de Gabinete de Ministros partidas presupuestarias extraordinarias.

IV - Capacitación del personal. Una nueva cultura judicial

El Poder Judicial tiene asignadas relevantes misiones institucionales. Sus decisiones influyen en la vida, el patrimonio y libertad de los ciudadanos/as. La plena vigencia del Estado de derecho y la protección de los derechos fundamentales requieren de un poder judicial imparcial, competente e independiente. En este marco, el proceso de selección de jueces resulta fundamental para garantizar que quienes accedan a la magistratura satisfagan tales requisitos.

Embarcarse en un proceso de modernización y cambio de la burocracia y la cultura judicial requeriría plantear la necesidad de actualizar los perfiles profesionales, no sólo de los magistrados/as sino también del equipo de trabajo, por medio de ingresos competitivos, abiertos, transparentes, meritocráticos e igualitarios. El sistema actual ha derivado en la configuración de una cultura organizacional que, en ciertas ocasiones, desalienta la prestación de un servicio eficiente de justicia. Este cambio positivo de paradigma requiere de la capacitación y formación de nuevos liderazgos comprometidos con prestar un servicio público de máxima calidad.

La plena vigencia de la democracia constitucional requiere de la confianza ciudadana en sus instituciones. La legitimidad del Poder Judicial resulta esencial puesto que un poder judicial sin legitimidad no puede realizar sus cometidos institucionales. La abogacía, como uno de los principales operadores del servicio de justicia, tiene mucho que aportar en la construcción del Poder Judicial legítimo, transparente, eficiente e inclusivo que nuestra sociedad reclama.