El esquema concentrado de la distribución de ingresos

 Por Salvador Treber

Con notorio retraso el Indec difundió oficialmente el esquema de distribución que regía a fines del año 2016. La investigación respectiva se hizo sobre la base del total de habitantes que perciben ingresos. El resultado, que constata que más de la mitad de ese colectivo no logró siquiera acceder a una remuneración mensual de $8.500 pese a que la media mensual era de $11.033. Por su parte, la “canasta básica” de esa amplia franja ascendía a $7.649 mensuales y, en los hechos, los obliga a vivir en un marco de enormes privaciones. En el otro extremo, en el décimo escalón, el respectivo ingreso medio llega a $232 mil mensuales, equivalente a 30,3 veces de aquellos.
Si se procede a analizar por decil se advierte que en el primero se incluyen los que disponen de ingresos apenas hasta $2.800 mensuales, los cuales, en conjunto, receptaron 1,3% del total de la pirámide distributiva. En el segundo agrupamiento están comprendidos los que llegan hasta $4.759 mensuales y, en conjunto, percibían 6,9% del ingreso total. En el tercer escalón se incorporaron los que obtienen remuneraciones de hasta $5.500 mensuales, acumulando entre todos los allí situados 8,6% del ingreso total. En el cuarto aparecen los que percibían mensualmente hasta $7.000 y cubrían 10,3% de la susodicha pirámide. Tras ellos, en el quinto decil surgen recién los que llegaban a la meta mínima de $8.500 mensuales e implica 12,8%.
En el siguiente escalón, se reúnen los que lograron percibir hasta $12.000 mensuales y representan 16,4%, pero no por ello eluden la calificación de “pobres”. Todo lo referido contrasta nítidamente con el décimo decil, el de la cumbre que, por sí solo receptaba el equivalente a 30,3% del total general, dejando patentizada su lenta e insuficiente escalera de ingresos y su fuerte concentración en la respectiva percepción que acelera visiblemente su ritmo ascendente en los tres últimos deciles. A su vez, el uno por ciento cimero absorbía 17,4%, lo que patentiza el grado de concentración en esa estrecha franja de máximos titulares de ingreso.
Esto es lo que traduce el coeficiente de Gini, que mide el grado de equidad distributiva. Para nuestro país asciende actualmente a 0,426 y está lejos de los mejores períodos, ya que en 1974 se había llegado a un óptimo de 0,364, muy semejante por entonces al de Francia. Debe recordarse que los países escandinavos y Japón exhiben indicadores alrededor de 0,25; mientras el nuestro es muy semejante al de Estados Unidos, donde trepa a 0,416.

La fuerte desigualdad en el nivel de ingresos genera, para no menos de la mitad de los titulares de ingresos en nuestro país, muy serias dificultades pues no pueden satisfacer adecuadamente su alimentación ni disponer de una vivienda “digna”; es decir, las dos necesidades prioritarias básicas. En consecuencia, ello resta tiempo de reposo por medio del sueño que, en términos medios, debería ser de no menos de siete horas, e impide por lo menos al 20% de la base de la pirámide, que está en los dos primeros deciles, gozar de un descanso realmente reparador y les resta capacidad laboral; lo cual, obviamente, tiende a acentuarse con el transcurso de los años.
Un estudio emanado del Observatorio de la Deuda Social (UCA) ha determinado que en esa circunstancia perturbadora se acentúa la menor capacidad laboral cuando la calidad de la vivienda es baja y ha estimado que esa carencia, total o parcial, alcanza a no menos de 50% del colectivo integral. La agitada vida que caracteriza a las ciudades importantes, por tanto, resiente notoriamente la capacidad laboral potencial. Estas poco propicias condiciones, que también gravitan -sumándose a la inadecuada y/o insuficiente alimentación- condenan a tener restricciones que impulsan a optar por trabajos precarios y mal pagos. Dicha franja se mantiene y alcanza, sin disminuir sensiblemente durante el último quinquenio, a nada menos que 30,3% del total de trabajadores.

En el ámbito internacional
Está debidamente comprobado que la menor “calidad del sueño” incide directamente en el respectivo nivel social y esto se ha convertido en un penoso “circulo vicioso” que, en los próximos años, no parece tener soluciones satisfactorias. Esto no caracteriza sólo al escenario de nuestro país y, al efecto, debe advertirse que el tema preocupa también en Estados Unidos, pese a ser la primera potencia económica del planeta; aunque allí los que trabajan “en negro” abarcan a 22,4% del colectivo laboral e involucran a alrededor de 35 millones. Consecuentemente, sus técnicos advierten que han detectado en ese grupo de “desplazados” un incremento significativo de los que sufren diabetes, hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares.
Los estudios relativos a Europa Occidental y Central también reiteran tales anomalías pero prefieren adjudicarlas a la prolongada caída desde mediados de 2008 de la actividad económica. Caída que no han podido revertir y -calculan- puede extenderse por varios años más. Respecto a Europa Oriental y Medio Oriente, el deterioro es aún más pronunciado y, sin información fidedigna, a juzgar por los elevados índices de desocupación se estima que los resultados serán aún peores. De China e India, países poco dispuestos a hacer públicos sus problemas, por mantener ritmos de crecimiento relativamente elevados (entre seis y siete por ciento) las correlativas estadísticas presentan un mucho mejor escenario actual así como óptimas perspectivas de corto y mediano plazo.

En nuestro país se ha investigado recientemente sobre la incidencia en el sueño y calidad de vida en asentamientos del Gran Buenos Aires. Los grupos sometidos a investigación y seguimiento se los ubicaba debajo de la línea de pobreza en cuanto a ingreso promedio, en condiciones de hacinamiento (tres o más personas por habitación) y por o menos en el transcurso de los dos primeros años desde accedieron a una mejora habitacional.
Luego de haber verificado en el curso de ese tiempo, han llegado a la conclusión de que el progreso en las condiciones de la vivienda no impactará positivamente en el corto plazo pues se requiere alrededor de una década tras la cual se hace evidente e irreversible. Tampoco incidió favorablemente en cuanto a una mejora de horas de sueño, hasta cinco años posteriores a la precitada mejora ambiental.
En tal contexto, haber logrado progresos en la calidad de la vivienda como pueden ser la disposición de cloacas, protección segura contra vientos y lluvias copiosas u otras inclemencias, se verifica mas en el rendimiento escolar de los niños y jóvenes que en los adultos; lo cual posterga su mayor aporte en términos de rendimiento. Esto corresponde al área urbana pues en el rural las mejoras habitacionales generan resultados más inmediatos en productividad; aunque no debe olvidarse que en este caso representa apenas 14,3% de la población activa ocupada. Además, se advierte que los esperados cambios en la calidad de vida deben ser sustanciales para generar una actitud más positiva en el ámbito laboral que debería estar acompañada       por cursos de perfeccionamiento adecuados con los que puedan detectar avances significativos que, obviamente, deben ser reconocidos con aumentos en las respectivas remuneraciones.

Conclusiones y recomendaciones
Constatado el elevado nivel de pobreza, una de las mayores tareas debe ser la diseñar planes para disminuirla sensiblemente y ello requiere tener en muy cuenta, en cada área territorial, su magnitud y localización. Un esquema emanado del Indec y difundido ampliamente ha tratado de hacerlo después de adjudicar a toda la República un índice general de pobreza de 21,5%. Para ello han subdividido el territorio nacional en siete regiones o áreas y computan en porcentajes, dentro de cada una de ellas, el total de hogares pobres. De allí surgió que el área de Cuyo registra el índice máximo regional ya que abarca a 25,9% de su población; ae Conurbano porteño tiene marca muy semejante del 25,6%; ambos seguidos por el Noroeste, con 24,2% y el Noreste, que exhibe en esa situación  23,4% para, recién en quinto término, incluir la Región Pampeana, con 21,3%; la Patagónica registra 16,8% y en él último término, la Capital Federal, que tiene apenas 6,8%.

Bajo el referido esquema no se aprecia adecuadamente, debido a las enormes diferencias que existen en cuanto al número de habitantes, la magnitud de tal problemática respecto de cada una de las siete áreas. Bajo este criterio la Región Pampeana, no computando el conurbano porteño dentro de ella, cuenta 22,5 millones de habitantes (52,3% del país) y, por tanto, son 6,2 millones los respectivos pobres; mientras para el Conurbano esas marcas son 8,2 millones y 2,2 millones, respectivamente. Las otras cinco restantes -CABA, Cuyo, Nordeste, Noroeste y Patagónica-, en conjunto, cubren los 12,3 millones restantes de habitantes y 4,6 millones de pobres. Es obvio que bajo este enfoque de desagregación se aprecia el problema en forma más clara y reveladora.
En la actualidad, desde la órbita oficial, se considera que los planes en ejecución generarán importantes mejoras pues “el amplio listado de obras y políticas sociales en vigor alcanzan a 10 provincias y ya han invertido $308 millones” pero el integral dobla esa cifra. Holgadamente.
Los que versan sobre obras de infraestructura en red, que se planean y benefician a dos o más provincias, en la actualidad no está funcionando coordinadamente y sólo algunas de ellas los impulsan dentro de sus precarias posibilidades. En realidad, esta faceta debe ser concebida y dirigida por los organismos federales especializados pues es indispensable diseñarlos con el objeto de acentuar la complementación interregional.
Una fluida intercomunicación y el logro del menor costo posible constituyen factores esenciales en cualquier programa integral de desarrollo y, por tanto, configuran el objetivo impostergable para reducir la pobreza.
Pero los más indispensables planes deberían orientarse en forma específica a las áreas de educación y salud que, lamentablemente, brillan por su ausencia.
Los problemas e impedimentos para acceder en plenitud a los planes educativos vigentes impactan negativamente sobre el 25.4% de los hogares y en las franjas inferiores, que tienen menor nivel educativo, esa proporción trepa a un 47.6%; mientras en las medias altas se ubica en un 24.3%, aunque para los que se identifican como la “clase media profesional” esa situación sólo abarca apenas al 4.6%; verificando así la medida en que la instrucción incide sobre el acceso a una mejor calidad de vida.