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Cooperativas que brindan servicios a la Municipalidad reclaman deuda millonaria. Ayer protestaron en la explanada del Palacio
6 de Julio. Reclaman deudas de 2010 y 2011. Algunas todavía no resuelven los cheques sin fondo de la última gestión y llevaron la situación a la Justicia. La mayoría no pierden las esperanzas y siguen trabajando.
Por Javier De Pascuale / [email protected]
Lejos quedaron los tiempos en que las organizaciones de la economía social y solidaria de Córdoba creían que podían lograr una ordenanza de “Compre cooperativo” en la Municipalidad de Córdoba. El proyecto que -en ese sentido- elaboraron las cooperativas de trabajo federadas junto al Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública de la UNC (IIFAP), presentado al ex titular del Concejo Deliberante Carlos Vicente, duerme el sueño de los justos. Hoy se vive la situación contraria: mientras muchos proveedores municipales del sector privado cobran sus deudas, aunque sea a cuentagotas y a regañadientes, las empresas de economía social proveedoras de servicios a la Municipalidad ven cómo se atrasan expedientes de cobro abiertos en 2010 y 2011, sin solución a la vista.
La situación viene tomando estado público desde hace al menos tres años y ayer los reclamos llegaron a protesta en la misma explanada del Palacio Municipal 6 de Julio. Sobre el mediodía, un centenar de trabajadores de la Cooperativa La Carpa, acompañados por miembros de otras organizaciones, cortaron el tránsito sobre calle 27 de Abril frente a la sede municipal para reclamar el pago de “deudas millonarias que están poniendo en riesgo la existencia de las empresas cooperativas” ya que, al no cobrar, decenas de socios abandonan sus filas en busca de una fuente de trabajo “que no sea fuente de miseria” al decir de uno de los manifestantes de ayer.
“Ya parece un problema endémico con la Municipalidad de Córdoba”, relataba ayer Luis Toledo, vocero de La Carpa, ante la consulta periodística. “Lo que ya ha sido un inconveniente con administraciones anteriores, esta administración ahora lo refuerza -explicó-.
Hay 40 asociados cuyo alimento depende de que la Municipalidad pague. Este año no recibimos ni un solo pago y nos están debiendo montos de 2010 y 2011 que, por supuesto, ya están totalmente desactualizados, aunque aun así tampoco lo pagan”, precisó Toledo, al tiempo que arriesgaba una explicación: “Les molesta que nosotros prestemos servicios mucho más baratos que empresas privadas y que nucleamos a más asociados que cualquier privado”, según deslizó el dirigente.
En términos parecidos se pronunciaron miembros de otras organizaciones presentes en jornada de protesta. Las cooperativas La Carpa y El Porvenir, que hacen limpieza y desmalezamiento, así como de las cooperativas Alberdi y El Gusto es Nuestro, que elaboran comida para los hogares de día, vienen reclamando desde hace meses la actualización de los pagos y si antes del 10 de diciembre pasado ya alzaban la voz contra la administración de Daniel Giacomino, la llegada de Ramón Mestre al sillón de la intendencia sólo agravó la situación que padecen, según denuncian.
Así lo confirman las organizaciones de segundo grado que agrupan a las cooperativas de trabajo en la provincia. “La situación se agudizó en los últimos meses”, admitió Gustavo Valdez, titular de Ificotra (Instituto para el Financiamiento de Cooperativas de Trabajo). “Sobre el final de la administración Gaicomino la cooperativa de servicios de seguridad Puerto Deseado recibió cheques sin fondos de la empresa Tamse, que jamás fueron levantados. Pasados varios períodos sin respuesta por una deuda de más de un millón de pesos, esta cooperativa decidió en mayo pasado iniciar acciones legales para el cobro”, anunció.
En la federación Ificotra la situación preocupa y ha motivado varias reuniones al respecto, aunque todavía no se avanza en acciones concretas, a la espera de una convocatoria por parte de las autoridades municipales. “Las áreas operativas de Salud, Educación y Desarrollo Social de la Municipalidad instrumentaron una Mesa de Trabajo Social junto a las organizaciones hasta hace un par de años, que bajo la actual conducción municipal todavía no se convocó”, afirmó Valdez. “Ificotra siempre formó parte de esa mesa y esperamos que se convoque nuevamente, sin perjuicio de avanzar con el apoyo a los reclamos ya adelantados por varias cooperativas”, precisó.
Un rápido relevamiento de Comercio y Justicia entre las organizaciones que brindan servicios a la Municipalidad muestra que la deuda municipal al sector solidario superaría tres millones de pesos, afectando a más de medio millar de trabajadores-socios, quienes -a diferencia de los socios de empresas privadas- no arriesgan su capital en sus emprendimientos sino su propia subsistencia ya que el excedente cooperativo es de naturaleza alimentaria.
Las damnificadas son empresas sociales que brindan servicios de vigilancia, limpieza y catering de eventos, entre otros. En todos los casos deben competir fuertemente con precios a la baja en las licitaciones públicas y sufrir las mismas dificultades que enfrentan las pequeñas y medianas empresas que brindan servicios al Estado: no cobro de intereses, pagos a destiempo licuados por el alza inflacionaria y hasta cheques sin fondo, situación agravada en el caso del sector cooperativo por el cierre de puertas bancarias ante desequilibrios financieros coyunturales de las entidades. “El sistema bancario no es una red de contención para el sector”, asegura Valdez, al tiempo que revela que “muchas cooperativas deben negociar cheques a fecha en cuevas y financieras usurarias, ante la falta de respuesta del resto de proveedores privados y los bancos”.
