ESCUCHARPor Salvador Treber
El Estado posee organismos especializados en la elaboración de importantes estadísticas de la economía general y del propio sector público. Por ello no se encuentra una explicación lógica y aceptable para el costo individual promedio de cada uno de sus funcionarios y empleados que ha sido divulgada por una entidad privada y no, como corresponde, mediante informaciones oficiales. Parecería que es un tema con ciertos bemoles y con un muy especial interés en no incursionar ni proveer detalles alrededor de aquél. Semejante actitud resulta contraproducente pues constituye una faceta parcial, aunque notoriamente significativa, para evaluar como se ha ejecutado y en qué forma se utilizaron los dineros públicos.
Quién cubrió ese vacío ha sido la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL). Al efecto comenzó reseñando que para el año 2002 habían estimado que para las tres jurisdicciones trabajaban 2.180 miles de agentes, cantidad ésta que para fines de 2015 se habría elevado a 3.586 miles; es decir, nada menos que +64,5%. Cabe aclarar que, según el Ministerio de Trabajo de la Nación, sería a fines de 2016 una cifra muy similar de 3.500 miles, lo cual ratifica que no hay diferencias considerables entre ambos estudios. De todos modos, lo importante ha sido constatar que ese tipo de gasto insume $1,406 millones más tras 13 años de gestión. Una relación relevante pues esta última cifra equivale a 58,5% de la recaudación tributaria neta consolidada de las tres jurisdicciones.
La precitada investigación hace conocer, además, en un capítulo que titula “Evolución de Puestos de Trabajo y Promedio de Remuneraciones”, que -según los datos disponibles más actuales, correspondientes a septiembre de 2015- la remuneración media individual para el personal afectado a la actividad pública ascendió a $22,359 por mes. Por su parte, el Indec se preocupó por señalar que, según sus registros, se verifica que hay un gran diversidad ya que en las entidades bancarias esa media ascendió a $55.624 mensuales; en las universidades, a $17,696; y en el conjunto de municipios, donde se pagan las más bajas remuneraciones de todo el sector público, sólo llegaban a $12.339 mensuales.
En cuanto al informe oficial antes mencionado, éste incluye una importante advertencia referida a la convicción de sus investigadores de que “este número se encuentra subestimado por el faltante de información relativa a algunos organismos públicos provinciales, principalmente de Santa Cruz, y, muy especialmente los municipales”. Por medio de otro estudio elaborado por técnicos del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Desarrollo (Cippec) se recuerda que ya en el año 2014 estimaron que ascendía a 3,9 millones y, por lo tanto, constituían 18% de la ocupación total en el ámbito nacional. Además, hicieron notar que durante el lapso 2001/14 se había registrado un aumento de 70%. Ese proceso no es semejante al de toda América Latina pues en ella, para el mismo momento, esa relación era de sólo 12%.
En dicho informe se advierte que 80% de los funcionarios y empleados revista en las estructuras provinciales y municipales, pero que se detecta que “hay una falta total de estadísticas confiables que puedan unificar los números de empleos público”. Sobre el particular, señalan, la enorme diferencia entre el celo que tiene al respecto el Ministerio de Modernización nacional, donde consideran que “es un trabajo artesanal que hay que hacer” indefectiblemente. Por medio de esa demostración de voluntad se deja constancia, por contraste, de la total falta de prolijidad, rayana en irresponsabilidad, que ha caracterizado siempre a las dos administraciones de ambas jurisdicciones inferiores.
La evolución del costo salarial
A falta de datos, sí se supone que el incremento salarial otorgado en las provincias y municipios es porcentualmente semejante en 2016 al que rigió en la jurisdicción nacional, por lo cual el respectivo costo laboral total por persona habría sido de $31.912 mensuales, es decir, alrededor de $415 mil anuales y el correspondiente a todo el personal de las tres jurisdicciones para el ejercicio 2016 habría ascendido a alrededor de $1,51 billones. Se ha tenido en cuenta al efecto la disminución habida de 1.645 salariados, que fue el número neto de prescindidos sólo en la jurisdicción nacional. En cuanto a los incrementos porcentuales se han estimado que aparecen como de proporciones muy semejantes para las otras dos.
Dicho centro agrega en su informe que en las jurisdicciones locales (provincias y municipios) se plantean los mayores y más difíciles problemas. Ratifican tal observación señalando que “el crecimiento del empleo público en las provincias es de 51% y, en los municipios, de 32%, lo cual tiene su correlato en sus respectivas cuentas públicas en las que los salarios explican, en promedio, la mitad del gasto público” de todas dichas jurisdicciones. Por su parte, en el orden nacional esa proporción es de 13%, con lo cual queda en evidencia que enfrentan situaciones muy diversas. En lo que ha habido coincidencia fue en la persistente tendencia al aumento ininterrumpido, salvo en la jurisdicción nacional, donde en 2016 se verificó un muy pequeña caída (-0,2).
Las distintas funciones que se deben desempeñar, según el esquema presupuestario y de acuerdo con constancias del año 2015, han requerido que 1,15 millones de funcionarios y empleados se desempeñen en las diferentes áreas de la Administración central en las tres jurisdicciones; al par que el servicio educativo hizo lo propio dotado de 1,14 millones, mientras en Seguridad y Defensa se desempeñaron 690 mil y el área de Salud requirió 450 mil. Es muy sugerente el grado de desorden que prima en la jurisdicción municipal, por lo que debería ser corregido cuanto antes pues sobre un total de 2.236, apenas 1.106 (49,5%) de ellas aportan por lo menos el número de empleados que tiene cada una. Hay provincias donde este retaceo de información se acentúa notoriamente, como son las que funcionan en Tucumán, La Rioja, Catamarca y San Luis.
Un aspecto muy negativo es la habitual cobertura de los cargos en especial en los niveles superiores sin apelar a concursos selectivos y optar por fundamentos de afinidad política. El informe oficial antes referido señala que a través de las tres jurisdicciones se ofrecen y prestan muchos más servicios y otras prestaciones de que una década atrás se carecían. No sólo ha crecido la burocracia administrativa sino también los guardias de seguridad personal, cuerpo médico y educativo de todos los niveles. En este aspecto sería esencial hacer un exhaustivo estudio que permita establecer cuál sería la cantidad adecuada e incluso la ideal de éstos para cumplimentar todas y cada una de las respectivas funciones de la mejor manera.
La distribución actual del personal por jurisdicción
En el ámbito nacional, incluyendo todas sus entidades descentralizadas, empresas estaduales y mixtas, el mayor número se desempeña en el sector adjudicado a las Fuerzas Armadas, que asciende a 212.380, seguida por los afectados a cumplimentar las actividades propias de la Administración Central, que totalizan 210 mil agentes. Tras los precitados aparecen el conjunto de universidades públicas, con 163.297, las diversas empresas estatales o mixtas en que operan otros 110 mil y el Poder Judicial, que para cumplimentar su función requiere otros 45 mil; cifras que no registran incrementos desde hace más de dos años.
Respecto de las 24 jurisdicciones locales, obviamente la provincia de Buenos Aires, que concentra 38,2% de la población total, ha requerido el máximo concurso de personal, que lo constituyen 823.763 agentes, seguida a la distancia en este aspecto por las provincias de Santa Fe, con 191.468, y de Córdoba, que registra 172.782. Recién en el cuarto término aparece la Capital Federal, que ha requerido 172.762 agentes, aunque por circunscribirse a un área exclusivamente urbana se convierte en la que utiliza -entre las 24 jurisdicciones- el mayor número de personal público estrictamente municipal. Completa el quinteto de vanguardia en ese aspecto la Provincia de Mendoza, con 139.655 funcionarios y empleados propios. Tras ellos se encolumnan en el sexto lugar Tucumán, con 117.250, y Entre Ríos, en el séptimo, con 114.719.
A continuación, se alinean otras siete provincias en un segmento donde su respectivo personal registra un número del personal que está por debajo de 100 mil pero por encima de 70 mil. Son ellas Chaco, en el octavo, con 99.358; noveno Salta, con 91.899; 10º Jujuy, con 87.544; lo cual llama bastante la atención pues su superficie es equivalente a apenas un tercio de su vecina que la precede. Las cuatro restantes de este tramo que ocupan desde el 11º al 14º lugar, son Neuquén, con 80.053; Misiones, 77.438; Santiago del Estero, 72.905 y Corrientes, 70.847.
En el último grupo de provincias que cierran este detalle sobre cantidad de personal corresponde a diez provincias que aparece en el lugar 15º Río Negro, con 64.792, seguido por San Juan en el 16º con 63.775; Catamarca, en el 17º con 60.499; 18º Formosa (55.252); 19º Chubut (50.050); 20º La Rioja (49.853); 21º San Luis (30.209); 22º La Pampa (29.028); 23º Tierra del Fuego (21.679) y en el último, el 24º, Santa Cruz (14.760). Cabe advertir que en esta última decena, que constituye las provincias con menor número de personal, lo comparten algunas que exhiben una muy marcada supremacía numérica del empleo privado (San Luis, La Pampa y San Juan), en las otras siete la relación se presenta con una relación inversa que se ha ido agudizando.
Resulta altamente probable que en las jurisdicciones donde prevalece el trabajo en el sector público, las menores expectativas que ofrecen a la actividad privada posterguen “sine die” la expansión en ese área. Pero lo que no puede aceptarse es que no se preocupen de munirlo del más elevado nivel de conocimiento y eficiencia; con que podrían coadyuvar eficazmente a mejorar notoriamente el crecimiento y desarrollo del lugar donde figuran como funcionarios o empleados del Estado provincial o municipal.
