ESCUCHARPor Florencia Rusconi de Agopian (*)
El corredor de Lachin, (el drama invisible del Cáucaso), es el nombre que se le dio a una pequeña parte del territorio de 14 kilómetros de ancho en su punto más estrecho, que antes de la guerra de Nagorno-Karabaj era el punto de mayor proximidad entre Armenia y el enclave de Armenia de Nagorno-Karabaj y Azerbaiyán.
El corredor, una carretera clave, forma la ruta más corta entre Armenia y el Alto Karabaj y fue abierto en 1992 durante la guerra del Alto Karabaj, quedando bajo el control del Ejército de Defensa de Artsaj. Hasta noviembre de 2020 esta vía se incorporó plenamente a la República de Artsaj.
Antecedentes históricos
Desde la desintegración de la Unión Soviética, Armenia y Azerbaiyán han librado múltiples guerras por el estatus de la región de Nagorno-Karabaj, un enclave étnico principalmente armenio dentro de Azerbaiyán que Armenia reconoce como una república separada llamada Artsaj y con la que Armenia ha deseado durante mucho tiempo la unificación. Es llamada “república’’ (República de Artsaj, nombrada así por los armenios, o Alto Karabaj), aunque no cuenta con reconocimiento internacional.
Una victoria armenia a principios de la década de 1990 le dio el control de Nagorno-Karabaj y un gran corredor de territorio azerbaiyano que lo une con Armenia propiamente dicha, pero en la guerra de 2020 resultó en una victoria azerí decisiva, que restableció el control de Azerbaiyán sobre los territorios en disputa. Sin embargo, el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán es solo una parte de una contienda geopolítica más amplia.
Mientras que Armenia y Azerbaiyán tienen relaciones cálidas con Rusia, los armenios tienen un acuerdo de seguridad con Rusia como parte de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), una alianza de seis estados postsoviéticos en Asia Central.
Azerbaiyán, por otro lado, cuya población es principalmente étnica y lingüísticamente turca y religiosamente musulmana, disfruta de un firme apoyo de Turquía.
Turquía y Armenia han estado enfrentadas durante mucho tiempo, y la sombra del genocidio otomano de armenios en 1915 continúa cayendo sobre las relaciones entre los países vecinos.
Así las cosas, el corredor de Lachin funciona bajo control de las tropas de paz de Rusia y conecta Armenia con Nagorno sin necesidad de recorrer demasiado territorio de Azerbaiyán.
Desde el 12 de diciembre de 2022, un grupo de azerbaiyanos vestidos de civiles, se presentan como “activistas ambientales”, a los que posteriormente se unió personal azerbaiyano, y expresan preocupaciones ambientales inventadas como excusa para bloquear el corredor de Lachin.
La carretera, que, según la Declaración Trilateral del 9 de noviembre de 2020, está bajo control del contingente ruso de Mantenimiento de la Paz, se utiliza únicamente para el paso de personas y bienes destinados a la población civil de Nagorno-Karabaj. El bloqueo del corredor constituye un aislamiento e incomunicación a toda esas región de, con 120.000 habitantes. Este bloqueo de la única ruta de suministro de entrada y salida de Nagorno-Karabaj es una violación directa de los compromisos existentes, en particular, de la Declaración Trilateral, así como de sus obligaciones internacionales las cuales emanan de los principios fundamentales de los derechos humanos internacionales y del Derecho Internacional Humanitario.
Los manifestantes ecologistas – autodenominados azerbaiyanos – protestan contra las actividades mineras en dos yacimientos situados en territorio armenio. Desde entonces, no se ha respetado la libertad de tránsito prevista en un acuerdo de alto el fuego de noviembre de 2020 y garantizada formalmente por dos mil soldados rusos. Y que tiene el objetivo de garantizar una segura circulación, siendo un punto clave del acuerdo de alto al fuego en la zona, al que se llegó en 2020, con una declaración tripartita entre Azerbaiyán, Armenia y Rusia.
Sin embargo, al bloquear el corredor se viola directamente aquel acuerdo, que en su punto 6 afirma que Azerbaiyán garantizará la circulación.
El corredor funciona como una vía clave, y única, de comunicación y abastecimiento de necesidades y mercancías. El bloqueo deja a Stepanakert, la ciudad más grande y capital de la República de Artsaj, verdaderamente sitiada y aislada del mundo externo. Según la administración separatista del Artsaj (etnónimo armenio de la región), las protestas siguen bajo la tutela de Bakú. En Azerbaiyán, uno de los países con menos libertad de expresión del mundo, es poco común que movimientos fuera del marco institucional puedan aparecer en el espacio público y criticar sin consecuencias.
La Unión Europea (UE) y Estados Unidos instaron a Bakú a que abra paso en la carretera y se adhiera al acuerdo de cese de fuego de noviembre de 2020, que acabó con el último gran conflicto entre los enemigos acérrimos del Cáucaso.
Stepanakert alega que varias personas en difíciles condiciones no están pudiendo recibir atención médica necesaria en Armenia debido al bloqueo. Más de mil personas, entre ellos cientos de niños, están atrapadas en Armenia sin poder volver a sus casas. Hay escasez de medicinas, comida y cortes de los suministros de gas, que dejaron a las ciudades karabajíes sin calefacción durante varios días. El 16 de diciembre el gas volvió a fluir por los gasoductos, pero el libre paso por el corredor sigue obstruido hasta el día de hoy.
Aunque Bakú no niega su involucración en la situación, apoyando las protestas por la televisión, afirma que son los pacificadores rusos, establecidos en Nagorno-Karabaj desde 2020, los culpables de impedir el paso de las personas. El Kremlin calificó estas acusaciones de “inaceptables y contraproducentes, provengan de dónde provengan”, sin especificar, aún así, la fuente.
Desde el comienzo de la llamada “operación especial” en Ucrania, Azerbaiyán se permite desafiar cada vez más abiertamente a su vecino septentrional, ignorando su opinión. El maléfico Heydar Alíyev, dictador de Azerbaiyán, entiende que a Vladimir Putin le quedan pocos aliados y no puede arriesgarse a que Bakú se decante por Occidente acercando a la OTAN más cerca que nunca.
Durante los últimos años, tanto Armenia como Azerbaiyán se acusan de violar el acuerdo de cese de fuego. A menudo hay escaramuzas fronterizas, pero en septiembre de 2022, cuando la artillería azerí atacó por primera vez territorio armenio, la escalada acabó en varios combates y 300 muertos. Bakú lanzó entonces una clara indirecta: hasta que Armenia respete su integridad territorial no habrá ni paz ni acuerdo. Entonces especificó sus demandas en cinco puntos: ambos países reconocían mutuamente la integridad territorial, se comprometían a no desafiarla en el futuro y no usar métodos ilegítimos para hacerlo y establecían relaciones diplomáticas y comerciales.
El 16 de diciembre, altos cargos azeríes demandaron el establecimiento de control fronterizo en el corredor de Lachín para evitar el contrabando desde territorio armenio de armas y minas a las milicias separatistas.
Nikol Pashinián, actual primer ministro de Armenia, mientras tanto, se encuentra entre dos fuegos. Su danza política con los homólogos europeos durante sus viajes a Bruselas y conferencias con Alíyev bajo los auspicios de la Unión Europea le permitió ganar tiempo, pero su posición no parece sostenible.
Así las cosas, el 9 de febrero se cumplieron 60 días de bloqueo en Lachin.
Más de 23.600 toneladas de bienes vitales habrían llegado a Artsaj si no fuera por el bloqueo, durante el cual solo una pequeña parte fue entregada por el Comité Internacional de la Cruz Roja y las tropas rusas de mantenimiento de la paz.
“Desde el comienzo del bloqueo, muchos países y organizaciones internacionales del mundo condenaron las acciones de Azerbaiyán y pidieron el levantamiento del bloqueo. El tema también fue discutido en el Consejo de Seguridad de la ONU; el Tribunal Europeo de Derechos Humanos obligó a Azerbaiyán a tomar todas las medidas necesarias y suficientes para eliminar el bloqueo, el tema también fue discutido en el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU (La Haya) dentro del proceso del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. El Parlamento Europeo adoptó una resolución sobre las consecuencias humanitarias del bloqueo de Artsaj”, completaba el matutino.
Continuando con su campaña de terror contra el pueblo de Artsaj, el 6 de febrero, Azerbaiyán volvió a cerrar el suministro de gas a Artsaj, privando completamente a los residentes de gas natural.
Además, sigue bloqueando la reparación de la única línea eléctrica de alto voltaje (la Goris-Stepanakert de 110 kV) que da servicio a Artsaj, lo que también priva a los residentes de un suministro eléctrico estable. Por ello hay apagones de una hora seis veces por día. Recordemos que la región está padeciendo un crudo invierno.
El embajador armenio en Buenos Aires, Hovhannés Virabyan, denunció que la región vive una auténtica crisis humanitaria, invisibilizada por la guerra en Ucrania, la que se agrava minuto a minuto con la población como rehén de violaciones masivas.
A la vista de todo el mundo, Nagorno-Karabaj está ante una catástrofe humanitaria. En condiciones de frío invierno, hay cortes casi diarios de gas y energía eléctrica, familias separadas en distintos lados del bloqueo, niños privados de su derecho a la educación, personas que necesitan asistencia médica y que no la reciben.
A mitad de camino entre Europa y Asia, el Cáucaso vuelve a ser un polvorín.
Pero, a diferencia de Ucrania, donde la condena mundial de la agresión rusa ha sido rápida y severa, el mundo permaneció mayormente en silencio cuando hace dos años los armenios pedían desesperadamente apoyo y ayuda.
Análogamente, en estos momentos y ante esta crisis humanitaria que sufre Artsaj, con el cierre del corredor, sucede lo mismo. Hay solamente la mínima reacción de algunas organizaciones internacionales.
Para millones de armenios de la diáspora que viven en todo el mundo esta historia les resulta demasiado familiar.
Así las cosas, y según el discurso de los líderes azerbaiyanos y turcos, nos queda claro que todas éstas señales pueden ser consideradas como una advertencia de genocidio y también como genocidas en sí mismas. Según la Convención de la ONU sobre Genocidio, son actos que todos los estados del mundo están obligados a prevenir y sancionar.
(*) Abogada. Docente jubilada de la cátedra de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, UNC
