Por Dr. José Luis Serpa (*)
Los recientes y resonantes episodios de corrupción que han involucrado empresas de diferente tamaño, tanto en nuestro país como en el exterior, no sólo revalorizan la necesidad de la construcción reputacional de ellas y de sus líderes sino que también abre un importante campo de acción a los profesionales de las ciencias económicas como genuinos actores en los procesos de auditoría y de rendición de cuentas.
En tiempos cuando todos los referentes de la comunidad quedan integralmente expuestos a sus actos, la gestión del buen gobierno de las empresas resulta fundamental en el proceso de articulación institucional en los países.
En este sentido, el rol del profesional en ciencias económicas es clave pues atraviesa transversalmente toda la estructura corporativa de las empresas en momentos en que la reputación se ha convertido en una herramienta crítica en la gestión.
Tanto en el balance contable como en el denominado Informe de Sustentabilidad o Balance Social, el profesional en ciencias económicas puede y debe tener una participación activa en la confección y auditoría.
Por otro lado, los avances en tecnologías específicas brindan cada vez más apoyo a la transparencia, y estos pasos deberán ajustarse a la velocidad con la que crece la necesidad de las empresas de cumplir las normas.
Tal es el caso de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y las normas de cumplimiento de los organismos de control. Aquí se explicita que se deberá contar con programas de integridad y de cumplimiento que, en caso de tener que demostrar algún hecho o circunstancia denunciada, funcionen como atenuantes.
Los profesionales deben potenciar su capacitación para desarrollar las competencias propias que exige esta especialidad y los cambios en la tendencia, complementando las iniciativas con un marco de actuación profesional actualizado y moderno, a partir de modelos de manuales, confección de matriz de riesgos, programas de revisión y auditorías, etcétera.
El enfoque tradicional de la auditoría ha cambiado y lo seguirá haciendo en función de un mundo cada vez más tecnificado, en el cual los profesionales deben familiarizarse con nuevas tecnologías y manejo de gran cantidad de datos, por lo que resulta fundamental la actuación de los consejos profesionales en relación con la educación continua y el dictado de normas. Todo ello en consonancia con las recomendaciones de la OCDE tendientes a fortalecer la lucha contra el cohecho y el fraude en las empresas.
Áreas fundamentales
Hay al menos dos áreas de trabajo fundamentales que permiten alentar la revalorización de la función del profesional de ciencias económicas, en la dirección corporativa y en las políticas de cumplimiento (compliance).
Por un lado, en los directorios son un factor clave en el asesoramiento y el resguardo de la toma de decisiones en aspectos como la estrategia y los planes de negocio, el presupuesto y el cash flow, la gestión del capital humano, los proyectos de inversión, la relación con auditorías interna y externa, el análisis de balances y la relación con el Estado y los organismos reguladores, entre otros aspectos.
A su vez, en compliance, como oficial de cumplimiento o consultor externo a los efectos de monitorear y auditar la relación con los organismos de control, la elaboración y actualización de la matriz de riesgo de la organización, la elaboración de manuales de procedimiento y cumplimiento, el desarrollo e implementación de programas de integridad, la redacción de códigos de ética y la elaboración y actualización de los planes de capacitación y formación de talentos.
Por último, no podemos dejar de mencionar todo lo relativo a la prevención de lavado de dinero, en lo cual la actuación del contador público como dictaminante de los estados contables y su actuación como síndico societario, hace que adquiera una responsabilidad profesional y legal regulada tanto por las normas profesionales como así también por la Unidad de Información Financiera (UIF). También el profesional, cualquiera sea su especialidad, pero con experiencia demostrable en la materia, está habilitado para integrar el Registro de Revisor Externo Independiente de la UIF, en el que su función será emitir un informe relativo al cumplimiento, por los sujetos obligados, de los requisitos establecidos en la ley N° 25246 sobre lavado de activos.