ESCUCHARPor Alejandra Perinetti (*)
Habitualmente, cuando se habla de situaciones de vulnerabilidad, pobreza y violencia, inmediatamente acude la educación como la solución más acertada y elemental a estas problemáticas.
El proceso educativo se configura así, al menos discursivamente, como uno de los derechos más básicos de los niños y niñas. Podemos decir que existe un consenso generalizado social e institucionalmente acerca de los beneficios que genera la inclusión educativa.
Sin embargo, en nuestro país -según datos oficiales del Censo 2010- existen 1.149.009 niños, niñas y adolescentes que no asisten a clases.
Es claro que el nivel educativo alcanzado tiene influencia directa y significativa en la situación económica, personal y profesional de cada persona. El ejercicio del derecho a la educación es, además, la base para el acceso a otros derechos.
La educación de calidad es, indudablemente, uno de los pocos motores potentes, poderosos y efectivos para terminar con los círculos de violencia y exclusión que afectan a millones de niños en nuestro país. Por eso mismo urge la pregunta acerca de esta vulneración, ¿dónde están los niños y niñas que no pueden ejercer su derecho básico a una educación de calidad?, ¿por qué no asisten a clases? y -aún más importante- ¿dónde están los responsables de velar porque acudan a ellas?
Según datos del Fondo para la Infancia de Naciones Unidas de 2012, una gran parte de los niños que no asisten a clases lo hacen por tener que trabajar a temprana edad; otro gran porcentaje lo hace por motivo de embarazo en la adolescencia o incluso por falta de vacantes.
La educación es responsabilidad de las familias y del Estado, como principales garantes del cumplimiento de este derecho. Son los organismos del Estado, la familia y la sociedad los que deben asegurarles a los niños/as y adolescentes el pleno desarrollo de sus potencialidades, así como el goce de una vida plena y digna; habilidades todas que se desarrollan a partir del ejercicio del derecho a la educación.
Socios fundamentales
Sin embargo, aprender no depende únicamente de la asistencia a clases. Es fundamental, pero no suficiente. El entorno y las condiciones en que se ejerce el derecho a la educación hacen la diferencia. La calidad educativa cuenta. Así como las familias y los gobiernos, la comunidad es un socio fundamental en el proceso de aprendizaje, por eso es necesario que la sociedad en su conjunto se comprometa con la problemática.
La educación es la única herramienta para lograr un pleno desarrollo del potencial humano y es la única capaz de acortar la brecha entre quienes acceden a un entorno que favorezca e impulse su pleno desarrollo personal y quiénes no.
Como organización dedicada a la protección integral de los niños y niñas, desde Aldeas Infantiles SOS procuramos la restitución de los derechos vulnerados y abogamos por ellos. Desde este lugar, promover la participación ciudadana es fundamental no sólo para que quienes podemos ser parte de la solución construyamos el camino hacia ella, sino también para contribuir con las generaciones venideras.
*Directora Nacional de Aldeas Infantiles SOS Argentina.
