Dos presidentes que no hacen un gobierno

 Por José Emilio Ortega y Santiago Espósito (*)

Situación irresuelta. Las movilizaciones -con revueltas- multitudinarias, el juramento del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, (miércoles 23) y el pronunciamiento en favor de su interinato, por parte de diversos países, no alcanzó hasta ahora para derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro, quien inició un nuevo mandato el 10 de enero y se atrinchera en su esquema interno y externo.
Dos presuntos mandatarios reclaman el control del Estado en ese país, mientras la coyuntura (que exige el urgente manejo de la situación) señala un inequívoco desgobierno.
Parlamentos y Fuerzas Armadas (FF. AA.). Es difícil comparar la incierta situación venezolana con las experiencias latinoamericanas de quiebre en años recientes, aunque en las surgidas tras la “transición democrática” -décadas de 1980 y 1990- subyace, como denominador común, la actuación del parlamento.
En Brasil, dos “impeachments” entronizaron a los vicepresidentes Itamar Franco (1992) y Michel Temer (2016), quienes culminaron los mandatos iniciados por Fernando Collor de Mello y Dilma Rousseff, respectivamente.
Un sumarísimo juicio político a cargo del Senado paraguayo acabó con el gobierno de Fernando Lugo y designó al hasta entonces vicepresidente Federico Franco (2012).
Después de las legislativas de 2001 en Argentina, la mayoría opositora selló la suerte de Fernando de la Rúa en la Argentina, consagrando finalmente a Eduardo Duhalde para culminar el período 1999-2003.

En Ecuador (1997), el Congreso depuso por una supuesta incapacidad al breve Abdalá Bucaram y se designó al titular parlamentario, Fabián Alarcón, en soslayo de la vicepresidenta Rosalía Arteaga (“en la noche de los tres presidentes”), dando lugar a nuevas intervenciones del Congreso y del Tribunal Constitucional que convalidaron el cese del gobierno de Bucaram, la efímera sucesión de Arteaga y la designación -como “Presidente Constitucional Interino”- de Alarcón.
También en Ecuador, pero en 2000, el Poder Legislativo destituyó a Jamil Mahuad y respaldó la asunción del vicepresidente Gustavo Noboa (completó el mandato).
El congreso peruano, después haber sido transitoriamente clausurado en el “autogolpe” de 1992, destituyó en 2000 a Alberto Fujimori. No le aceptó la renuncia y nombró al presidente del cuerpo legislativo Valentín Paniagua –“renunciados” los dos vicepresidentes electos junto al depuesto-, con rápida convocatoria a elecciones y entrega del poder.
Cambios siempre garantidos activa o pasivamente por las FF.AA., y reconocidos por los estados del mundo. Salvo por la destitución impulsada por el Legislativo hondureño (2008) del presidente Manuel Zelaya, imponiendo al titular parlamentario Roberto Micheletti, quien gobernó sin reconocimiento externo hasta 2010, cuando delegó el cargo. En los quiebres previos a la transición democrática, sin perjuicio de la participación de cuadros civiles, las FF.AA. no se mostraron dispuestas a compartir el poder y mucho menos a ensayar continuidad con base en los poderes vigentes. Establecieton regímenes que, aún contemplando una salida electoral más o menos cercana, implicaban una radical redefinición del orden imperante.

La “bordaberrización” uruguaya de 1973 -con clausura del Congreso -, o la primera experiencia gubernamental de Joaquín Balaguer (1960-1962) en Santo Domingo, podrían aparecer como excepciones de una generalidad de casos (Venezuela 1958, Colombia en la década de 1950, Brasil en 1964, Argentina en 1955, 1962, 1966 y 1976, Perú en 1968 y 1975, Chile en 1973, Paraguay en 1988 y Bolivia en las décadas de 1950 a 80).
Pero ambas situaciones muestran que las FF.AA. controlaron el poder real sin buscar fórmulas “estabilizadoras”. La ingeniería política de los gobiernos de facto siempre estuvo destinada a derribar la construcción cívica depuesta.
La tolerancia ciudadana hacia esa actitud cívico-militar, drásticamente menguada tras los fracasos políticos y sociales que en toda la región experimentaron aquellas dictaduras condiciona la actitud actual de las FF.AA., circunscribiéndolas al respaldo de las soluciones alcanzadas por civiles generalmente en funciones.
Eso permite el actual rol parlamentario: reserva para la continuidad institucional, la formación de alianzas oficialistas u opositoras y la búsqueda de consensos institucionales sobre ese marco, sea transitando la crisis (incluso alimentándola en algún caso) o germinando coaliciones que han culminado en frentes electorales regulares y eficazmente competitivos, como el caso de Cambiemos (2015).
Es probable que esta nueva realidad para el Poder Legislativo haya atizado las ideas cuestionadoras del orden demoliberal otrora enarboladas por teóricos y prácticos de la izquierda revolucionaria, y que actualmente sugieren en sus discursos, al cuestionar a una “anacrónica” división de poderes, figuras bolivarianas como Ernesto Zaffaroni o Cristina Kirchner en Argentina.

También con más contundencia Hugo Chávez Frías (quien disolvió el Congreso -bicameral- a manos de la Asamblea Nacional Constituyente en 1999 para luego establecer la actual Asamblea Nacional –unicameral- y una división del Estado en cinco poderes), el propio Nicolás Maduro (que puso en funciones por decreto en 2017 a una nueva Asamblea Nacional Constituyente, superponiendo funciones con el Poder Legislativo), Daniel Ortega o Evo Morales.
Escalada incontenida. En el caso venezolano aún no se ha producido el alineamiento de todos los factores para lograr la destitución (coalición parlamentaria, FF.AA., apoyo externo unánime).
Guaidó “asumió” sin poder exhibir atributos simbólicos -más allá el fervor de su nutrida parcialidad-; y no tomó medidas reales de gobierno (no lo son su voluntad de acercar el sector militar y otras acciones de efecto). Ni siquiera es exacto su domicilio.
Sus actos públicos parecen precipitados por países que, para exteriorizar apoyo, indudablemente han exigido alguna manifestación. Desde Miraflores, Maduro confía en los militares que manejan los ministerios y las empresas públicas más importantes. Hasta ahora, salvo excepciones prontamente conjuradas, se han mostrado fieles al régimen chavista. Lo mismo ha ocurrido en gran parte de los 23 estados subnacionales y dependencias o territorios federales.
Los países que en el mundo dirimen liderazgos encuentran en el caso venezolano un nuevo motivo para la fricción. Pero después de los respaldos “cantados”, la generalidad es cautelosa a la hora de expresarse concretamente. Los organismos internacionales muestran las dificultades para coordinar las dispares percepciones.
En tanto, Venezuela es un desastre: 81,4 homicidios cada 100.000 habitantes (2018) y 23.047 personas asesinadas (7.523 por “resistencia a la autoridad”); 30% de aumento en la mortalidad infantil y 65,79% de mortalidad materna (entre 2015 y 2016); desocupación estimada entre 35 y 37%; una caída del PBI de 37% (entre 2013 y 2017); 1.600.000% de inflación (2018); 2.300.000 emigrados (entre 2014 y 2018, podrían duplicarse hacia 2020); 68% de pobreza extrema. Y unas FF.AA que terminarán convalidando, con su intervención en favor o en contra, a la implosionada administración chavista o al aventurado quiebre impulsado por Guaidó. Un error podrá encender la llama de la guerra civil, incluso de un conflicto armado con involucramiento internacional.

Opciones posibles: Parece imposible que la solución se alcance con el único predominio de una de las corrientes sobre la otra. Como enseña la historia, sería sin duda el comienzo de un largo y aún mayor sufrimiento.
No podrán faltar diálogo, negociación, agendas bien construidas. Venezuela debe oxigenarse. Allí debe apuntar el esfuerzo internacional, sobre la base del respeto a la libre determinación y no a soliviantar la agudización del conflicto levantando precipitadamente el brazo a un posible vencedor.
La solidaridad internacional podrá asumir diversas vías: desde la generación de condiciones para generar un consenso entre países sobre la crisis venezolana hasta imprescindibles mediaciones en la flagelada Caracas, el otorgamiento de ayuda humanitaria y garantías de una transición lo más ordenada posible.
Incluyendo las vidas de los muchos y variados actores en disputa: desde los hombres de gobierno hasta los millones de afectados, víctimas que dentro o fuera del país merecen que el desatino, de una vez, se termine.

* Docentes UNC