ESCUCHARPor Luis Carranza Torres* y Carlos Krauth **
En nuestro país las protestas sociales están (desde hace años) a la orden del día. Nuestras sociedades son conflictivas de por sí. Cíclicamente, la calle vuelve a instalarse como tribuna política de primer orden.
Eso no es ni bueno ni malo. Depende de cómo se proteste. Con civilización o con total ausencia de ella. Hay quienes creen que protestar en la vía pública da una prerrogativa a casi todo: cortar calles, azotar con bombas de estruendo o sirenas a cada segundo y, en algunos casos, producir desmanes, pintadas o roturas de cosas públicas o privadas, bajo la idea de que su derecho a reclamar es absoluto, excluyente de cualquier otro y que todo el resto de la sociedad debe subordinarse a lo que hagan. Pero también hemos asistido, de distinto signo, a grandes manifestaciones, incluso sin liderazgo visible, autoconvocadas, que se desarrollaron en total y absoluto orden y respeto. La democracia de calidad siempre supone una dosis no menor de educación y, sobre todo, don de gentes.
El derecho de protesta es esencial a una sociedad libre, pluralista y democrática. Resulta un derecho colectivo de incidencia general que busca lograr una mejora social, con jerarquía constitucional y no exento de una dimensión sobretodo moral. Pero no es absoluto e implica un correlativo deber: el de respetar a quien no participa de ella.
Una forma especial, y la más extrema, en cuanto a la protesta pacífica, es la denominada desobediencia civil. Una especie que, como enseña el profesor Garzón Valdez, requiere sea instrumentada a través de actos no violentos, los que se despliegan en procura del fin señalado, además de que deben ser abiertos y públicos. Tiene la particularidad de infringir pacíficamente determinado ordenamiento jurídico que se entiende injusto, aceptándose el castigo de manera voluntaria como forma de contradecirlo masivamente y forzar a su cambio.
Un ejemplo de ese tipo de actos es lo que está sucediendo en Nicaragua, en donde, según lo informado por Leonor Álvarez en “La Prensa” de Managua, “Los miembros de la Academia de Ciencias de Nicaragua (ACN) y la Academia Nicaragüense de Ciencias Jurídicas y Políticas (ANCJP) recomendó este jueves la desobediencia civil como medida de presión al régimen de Daniel Ortega, que desde abril pasado comenzó a atacar y a criminalizar la protestas de ciudadanos y estudiantes, lo que ha dejado un saldo de al menos 80 muertos, según organismos de derechos humanos”.
La acción promovida, consistiría en abstenerse de pagar los impuestos, especialmente “las retenciones de Impuesto sobre la Renta por salarios, existentes bajo la forma legal de impuestos o tasas, a excepción de las cotizaciones de seguridad social”.
Justamente, en un comunicado de ambas entidades sus miembros reclaman “…del gobierno el cese inmediato de la represión, el respeto a la vida humana, el desarme de las fuerzas paramilitares, el cumplimiento de las recomendaciones hechas por el informe preliminar de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y de Amnistía Internacional”.
En el mismo sentido, el exministro de educación del país, Humberto Belli, sostuvo que “La desobediencia civil es un concepto más amplio. Es una especie de rebeldía contra el Estado en forma no violenta. Es algo que ensayó Gandhi en La India” completando la idea sosteniendo. “El requisito para quienes decidan seguir los pasos del libertador de esa gran nación asiática, es incluso, retar a la Ley, usando los mecanismos legales para que no te persigan, aceptando incluso romper la legalidad, y aceptar la consecuencia de la ilegalidad, reconociendo la posibilidad de ser llevado a prisión, si es necesario”.
Situaciones extremas llevan a medidas extremas y la gravedad de lo que ocurre en el país centroamericano es el ejemplo, hoy por hoy, en la materia. Es de desear que las partes encuentren una salida a la crisis, entre una autoridad estatal que se deslegitima a ojos de sus ciudadanos y quienes alzan cada vez más la voz, para no dejar en medio a los que siempre terminan siendo las víctimas de tales situaciones.
* Abogado, doctor en Ciencias Jurídicas.
** Abogado, magíster en Derecho y Argumentación Jurídica
