ESCUCHARPor Graciela Morgade *
En los debates de la legalización del aborto durante 2018 se escuchó, una y otra vez y desde todos los sectores, el argumento de la necesidad de profundizar en la “educación sexual”. Sin embargo, la coincidencia entre quienes votaron a favor de la ley y quienes votaron en contra (y ganaron porque la ley no se aprobó), es sólo aparente ya que son muy diferentes las visiones de qué “educación sexual” están proponiendo. Esta discusión ya está saldada desde la sanción de la ley 26150, de 2006, y su implementación que fue dando, progresivamente, un sentido inequívoco a educación sexual integral. Se trata de un proyecto pedagógico que abarca todas las dimensiones de la subjetividad sexuada, histórico cultural, afectiva, psicológica, biológica y ética, enmarcado en los derechos humanos y orientado por la perspectiva de género. Obligatorio para todos los niveles en escuelas públicas y privadas.
Es pensable entonces que una parte importante de los sectores que votaron en contra de la legalización del aborto, van ahora a por modificar la ley vigente, para reducir su alcance y volver a concepciones moralizantes de la educación sexual (e intentar imponer una moral sobre otras, negando el sentido ético universalizante de los derechos humanos) o, en el mejor de los casos, retornar a la mirada biomédica estereotipada, en que “la clase de educación sexual” es la clase sobre el sistema reproductor, sobre métodos anticonceptivos o sobre infecciones de transmisión genital.
Desde hace 15 años en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA nuestro equipo de investigación viene estudiando experiencias educativas y proponiendo nuevos desarrollos que fueron complementando también el despliegue de la ley. En los 15 años en que nuestra línea de investigación se fue desplegando, pasamos de los debates a la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral nacional y en la Ciudad de Buenos Aires, al impulso y desarrollo de políticas y proyectos con enfoque de género y derechos en la mayoría de las provincias de nuestro país, la sanción de numerosas leyes conexas que ampliaron derechos en este campo, al reconocimiento de las luchas feministas y de la disidencia sexual contra las violencias y por una vida más libre y más placentera. Y también, con posterioridad a los debates del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, a la reaparición impune y violenta de miradas sobre las sexualidades, los cuerpos y los derechos que pensábamos limitadas a muy pequeños grupos ultraconservadores.
En este contexto surge la primera Diplomatura en Educación Sexual Integral. Nuestras anticipaciones se vieron confirmadas y superadas, ya que en el primer día hubo 480 personas inscriptas y hubo que habilitar lista de espera. Es evidente que hay un fuerte interés y una necesidad imperiosa de capacitación docente en temas de ESI; y también es evidente que hay una ausencia del Estado nacional y de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la más rica del país, en la formación de los profesores en los contenidos y enfoques de la Ley.
Las universidades no suplantan a las políticas de las áreas específicas. Sin embargo, como protagonistas de los debates y en uso pleno de su autonomía, pueden denunciar el ajuste y pueden crear nuevas formas institucionales para contribuir a una sociedad más igualitaria y con más justicia social. En la Facultad de Filosofía (UBA) hemos tomado ese camino.
(*) Decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en la que
se dicta la diplomatura en Educación Sexual Integral
