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Conforme se detalla en la parte de noticias de la solapa prensa de la página de la Cámara de Diputados de la Nación, el 8 de mayo de 2024, los familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la pandemia del covid-19 expusieron ante la Comisión de Derechos Humanos y Garantías sus vivencias.
La diputada Sabrina Ajmechet, quien preside dicha comisión, expresó al recibirlos: “Era una deuda recibirlos y poder acompañarlos”, para agregar: “Todas las víctimas tienen un lugar”.
El primero de los testimonios expuestos correspondió a un hecho ocurrido en Córdoba. Se trató del caso de Solange Musse, la joven tenía 35 años que durante la pandemia tuvo que viajar desde la provincia Neuquén a Córdoba para un tratamiento oncológico y tuvo que ser internada en un sanatorio privado por la gravedad del cuadro.
Cuando a su padre, a quien ella había pedido ver, el domingo 16 de agosto de 2020 junto a su cuñada recorrieron 1100 kilómetros desde Neuquén a Córdoba para visitarla, le fue negada la entrada por un control sanitario de la localidad Huinca Renancó y la policía los escoltó de regreso a su ciudad. Al enterarse, Solange escribió una carta: “Siento tanta impotencia de que sean arrebatados los derechos de mi padre para verme y a mí para verlo. ¿Quién decide eso si queremos vernos? Acuérdense, hasta mi último suspiro tengo mis derechos, nadie va a arrebatar eso en mi persona”. Murió el 20 de agosto de 2020 sin poder ver a su padre.
El actor Marcelo Mazzarello, en solidaridad con la familia, leyó la carta completa de Solange ante los legisladores, para luego expresar: “No tuvimos derechos durante la pandemia, éste puede ser un primer paso para recuperar la memoria, la verdad y la justicia que nos fue negada”.
Por su parte, Pablo Gustavo Musse, papá de Solange, expuso lo vivido con su hija durante la pandemia: “Lo que buscamos es memoria, verdad y justicia. Es un día histórico para que se tome en serio los derechos humanos”, señaló. Además, Beatriz Oviedo, madre de Solange dijo: “En Argentina hasta ahora no hay justicia” y pidió que “actúe la Corte”.
El segundo testimonio fue el del cacique Francisco Luna, quien relató lo ocurrido durante la pandemia con la comunidad wichi en la localidad de Ingeniero Juárez, provincia de Formosa. “En la cuarentena, vivimos marginación y maltrato en nuestra comunidad, vengo a reclamar justicia”, fueron sus palabras.
También estuvieron presentes los familiares de las víctimas Esteban Nicolás Fariña, Analía Marsella, Pedro Rubén Oviedo y Matías Adolfo Rubio.
Se trata de un tema que no se ha visibilizado como debiera. Desde esta misma columna y durante del tiempo de la pandemia, tocamos diversos hechos violatorios tanto de derechos humanos como de elementales garantías constitucionales.
Se trata de cuestiones que han recibido incluso atención de organismos internacionales. En tal sentido, Amnistía Internacional publicó ya en junio de 2021 el informe “Covid-19 y derechos humanos, la situación de la provincia de Formosa” en el que registró denuncias de violaciones a los derechos humanos ante casos de personas afectadas por restricciones al acceso a la provincia, detenciones compulsivas en centros de aislamiento, uso abusivo de la fuerza y represión contra manifestantes. El reporte releva más de 45 testimonios, sólo entre marzo de 2020 hasta marzo de 2021.
“Como ya hemos advertido, el respeto a los derechos humanos es una condición necesaria para que las medidas sean legítimas y socialmente aceptadas en tiempos de pandemia. A partir de la gran cantidad de denuncias recibidas, la organización relevó la situación de derechos humanos en Formosa y se puso a disposición de las autoridades para entablar un diálogo constructivo que garantice que el derecho internacional de los derechos humanos y el respeto por la dignidad de las personas constituya el marco de todas las medidas para afrontar al Covid-19″, señaló en su momento Mariela Belski, directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Algunos barajan la posibilidad de una actuación en particular de un organismo específico para investigar tales casos, al estilo de lo que fue la Conadep en su oportunidad. Otros reclaman mayor celeridad y profundidad de las causas judiciales.
El temor y la bronca en las víctimas es que pase el tiempo sin que no se investigue ni castigue a nadie o que, como ocurre en el caso Solange, y como suele tristemente ocurrir, se corte el hilo por el más delgado y se dirija la acción judicial sólo contra los últimos eslabones de la cadena de responsabilidad, y se deje a quienes decidieron, ordenaron y o no controlaron (los comités que gestionaron la emergencia y hasta los de ética en el ramo, por citar algunos órganos) las medidas que ocasionaron semejante tragedia.
(*) Abogado. Doctor en ciencias jurídicas
(**) Abogado. Doctor en derecho y ciencias sociales
