Del proyecto de Presupuesto nacional a la ley respectiva

Por Salvador Treber

Se trata del primer instrumento de esta naturaleza elaborado por los funcionarios del nuevo Gobierno y son pocos los aspectos en que difiere de los precedentes, pues surge con nitidez que procurarán salir de la recesión por medio del mantenimiento de su nivel y orientación 

Dentro del plazo legal previsto, la Cámara de Diputados recibió el pasado día 15 el nuevo Proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2017. Éste se concibió bajo la hipótesis de que en ese lapso la media inflacionaria será de “sólo” 17% y la economía crecerá en +3,5%; mientras el déficit, que en el año en curso se admite llegará a -7,7%, se reduciría a -4,2%. Cabe advertir que se proponen recortar los subsidios en $50.000 millones e incrementar la toma de créditos por US$16.000 millones que han estimado indispensables para concretar un plan de obras públicas, con lo cual la deuda total expresada en dicha moneda duplicará holgadamente esa cifra.
Esta circunstancia no sucedía desde comienzos del ejercicio 2006 y parecería constituir un virtual imperativo de la actual conducción y coincide con la reanudación de las visitas de los técnicos del Fondo Monetario Internacional. Es de destacar que en 2006 se canceló en un solo pago el saldo adeudado a ese organismo internacional, lo que permitió luego delinear una política de reducción sistemática de la deuda, que había llegado a su mínima expresión logrando se redujo en 90% sobre un total original de nada menos que US$178 mil millones.
Todos los aspectos concurrentes en 2016 explican porque el Producto Bruto Interno (PBI) ha bajado, por primera vez, en alrededor de -1,8% desde 2003 en adelante.
Al analizar este aspecto, el ministro del área reconoció que se tomará más deuda en moneda extranjera, pero a largo plazo (como si ésta no gravitara) por alrededor de US$43.000 millones, lo que no puede menos que generar honda preocupación pues así se comenzó el dramático proceso que, entre 1976 y 1999, causó una gravísima eclosión que culminó en profundo crack de consecuencias funestas y nos descalificó internacionalmente. Una decisión de tal magnitud debería discutirse ampliamente pues los efectos no alcanzan a los funcionarios que pretenden tomar tal decisión sino al conjunto de la población.
El ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, fue el encargado de hacer su presentación en el ámbito del Congreso, oportunidad en que se detuvo a señalar muy enfáticamente que incluía un incremento de 32%, al par que en el área de servicios sociales éstos se elevan en 37%. Además, autonominándose como consecuente con la llamada “Ley de Reparación Histórica”, dejó traslucir que se propicia un sistema de actualización y movilidad automática para todos los haberes reconocidos a los jubilados nacionales. En sentido contrario, se consigna una reducción de los subsidios a la provisión de energía eléctrica por $50 mil millones, trasladando ese importe a los usuarios.

Los diversos aspectos particulares
En atención a lo que antes había anunciado, reconoció que el objetivo era bajar el déficit presupuestario a -3,3%, pero que ello no era posible sin apelar a un muy riguroso ajuste que acentuaría la tendencia recesiva, por lo que se optó por mantenerlo en -4,2%; que es -0,6% inferior al del año en curso y anticipó que ello se trasladará al año subsiguiente (2018) esa meta prefijada. El ministro señaló como un supuesto mérito: “Estamos sustituyendo inflación por deuda”. En tal aspecto, más preocupante aún fue la aseveración del jefe del bloque oficialista, quien sostuvo que “en vez de inflar ingresos, este Gobierno prefirió bajar la inflación, bajar algunos impuestos y financiarse con deuda en el mercado externo a 6,5% de interés anual”.
Otro aspecto de gran relevancia es el tipo de cambio que se arbitrará para el año 2017 pues el promedio ha sido fijado como equivalente a una paridad $17,90 pero a este valor se puede llegar de diversas formas y tiempos; lo cual puede generar efectos también diversos en la coyuntura. Se podría, por ejemplo, llegar a un resultado semejante pasando de la paridad actual y en lapsos trimestrales sucesivos que vaya ascendiendo desde $16 hasta $20. Como se ha establecido un índice de desvalorización monetaria de 17%, la difícil sincronización de tales variables puede provocar desajustes imprevisibles.
Tampoco se explicita la vía elegida para asegurar una disminución tan pronunciada en el índice de precios; ello requiere, además de adecuadas condiciones económico-financieras, de un clima de confianza. Resulta inexplicable que se exteriorice con tal desaprensión una convicción tan equívoca y aventurada que, en boca de quien conduce esa bancada en la Cámara de Diputados, se torna una verdadera irresponsabilidad. Ello es así pues la historia -bastante reciente todavía- que parecen desconocer u olvidar, oficia de rotundo mentís que quita confiabilidad a quien la protagoniza de esa manera.
Durante la gestión del gobierno anterior se optaba habitualmente por una mayoritaria utilización de recursos líquidos existentes dentro del mismo sector público, esforzándose por lograr una sistemática reducción y cancelación de los préstamos tomados en el exterior, lo cual ahora se desechó para recomenzar la peligrosa toma de préstamos en moneda extranjera, No debe olvidarse que el pago de los servicios-capital e intereses durante el año 2017 están presupuestados en la crecida suma de $247 mil millones que implica 32% más que en el presente año; mientras que el incremento del índice de precios se ha calculado en casi la mitad (17%).
Ahora se ha preferido dejar sólo insinuado por medio de algunos índices el eventual esquema, aunque no muy claramente, pues en estos últimos meses, que tienen como precedente más inmediato la última década del año anterior, no se ha operado de la misma forma. Es que la apertura de la economía siempre terminó en una crisis como la de los años 90 y en este momento decisiones muy parecidas han provocado la duplicación de la desocupación abierta, como en Brasil. Al que procure estudiar el proyecto presupuestario propuesto, que ahora se asemeja al de una serie de países en plena crisis, ello no puede darle ningún grado de tranquilidad.

Los matices del planteo ministerial
El ministro Prat-Gay, en su alocución ante los legisladores que consideran el denominado “Plan Belgrano de Obras”, anticipó: “Allí vamos a invertir 95 mil millones de pesos, casi un punto del PBI”, a lo que agregó que debe sumarse el Plan de Agua Potable y los respectivos planes destinados a “construir 120 mil viviendas que tendrá un aumento de 60%”. En forma paralela, la mayoría de los gobernadores ha hecho llegar a dicho funcionario su pretensión de poder gestionar y concretar empréstitos externos sin que deba mediar en cada caso la intervención y previa ratificación por parte del Gobierno nacional. Dicho planteo no es nuevo, pero nunca fue aceptado en esa esfera pues, en caso de carencia de fondos en los fiscos locales la responsabilidad, en última instancia, se localiza siempre en el nivel superior.
Luego de calificar los referidos lineamientos presupuestarios como “creíbles y plausibles” solicitó su aprobación y, como era de suponer, los miembros de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, por intermedio de su presidente, sólo se comprometieron a darle el trámite más ágil posible. Debe recordase que la bancada oficialista dispone nada más que de un tercio de los votos y que para conseguir la mayoría indispensable deberá conciliar puntos de vista, hacer ciertas concesiones y aceptar cambios; siempre que con ellos no se afecten sus partes esenciales.
Una faceta de mucha significación es el acuerdo negociado entre la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) referido y una serie de provincias que en varios casos- incluye la búsqueda de soluciones definitivas a los respectivos déficit no cubiertos por parte de la Nación que éstas le reclamaron durante años, como es el caso de Córdoba, que ahora ha sido resuelto con un pago parcial junto a compensaciones entre créditos y débitos pendientes de ambas partes por otros conceptos. Dado que la Ley de Presupuesto debe incluir la totalidad de estas transacciones, resulta extraño que en ésta y su mensaje de presentación al Congreso no haya una mención específica a un tema de tanta relevancia.

La gestión de nuevos operadores
Una novedad muy significativa es que un grupo de gobernadores que han sido elegidos por el Partido Justicialista, es decir un sector importante de la oposición, procuran desarrollar una acción conjunta para lograr que la Nación les provea fondos adicionales; aprovechando que el Gobierno nacional necesita muchos votos que no tiene para aprobar el Presupuesto. Éstos sostienen que “las arcas provinciales están muy golpeadas” y, junto con sus respectivos legisladores nacionales, han encontrado lo que suponen es una buena oportunidad para lograr más fondos. Obviamente, eso hace suponer que el texto original tendrá modificaciones importantes y que el importe total será notoriamente superior. Su pretensión máxima es lograr que se cree un fondo especial para financiación de obras en el Interior.

La anunciada reforma de la
Ley de Impuesto a las Ganancias
En el período preelectoral los actuales gobernantes prometieron hacer una inmediata y generalizada reforma de dicha ley, que ya generaba una serie de críticas e incluso algunos altos dirigentes hasta pretendían fuera derogada totalmente. Obviamente, se trata de intereses personales que no tienen en cuenta los méritos que le reconocen en todo el mundo como instrumento esencialmente redistributivo, lo cual se puede concretar si está acompañado por una adecuada implementación. Pero alegando la necesidad de no sacrificar recursos indispensables el proyecto se limitó a actualizar algunos aspectos y el texto del artículo 90º que incluye las escalas de progresividad correspondientes al respectivo impuesto personal. Dicho envío al Congreso quedó diferido para fin de este mes junto con la propuesta de reforma y prórroga para el artículo 37º de la Ley de Administración Financiera que contempla la disposición de los llamados “superpoderes” que autorizan al Poder Ejecutivo a redistribuir discrecionalmente las partidas, anulando, creando o reforzando unas en desmedro de otras. Con referencia al impuesto antes mencionado, ahora anuncian que la tarea integral y se realizará en el término de los tres años próximos.
Por el momento se circunscribirán a bajar el nivel porcentual mínimo y elevar el máximo a 40% dejando libre de imposición a los salarios hasta $80 mil mensuales. El debate parlamentario promete ser muy denso y presenta una variedad de posturas dado que hay varios planteos diferentes; incluso hasta los gobernadores juegan en ellos sus influencias. Por su parte, el ministro Prat-Gay defiende la postura oficial para que, tanto las reformas del artículo 89º como las facultades extraordinarias se modifiquen gradualmente y no se apresuren demasiado dichos cambios. Tales metas las dejó patentizadas al sostener que están empeñados en “reencauzar las finanzas y alinearlas en torno a las metas de la Nación” (que en este caso identifica con las del Gobierno de turno).