ESCUCHARPor Alberto Binder (*) Santiago Fernández (**)
No es un buen momento para sentar posturas cuando las muertes son recientes, pero lo que se encuentra en juego en nuestro país es de una importancia tan grande que no podemos dejar de hacerlo. No se trata únicamente de Rosario; se trata de la deriva improvisada y superficial de toda la política sobre narcotráfico en nuestro país desde hace mucho más de diez años.
Ahora se comete el mayor error de todos, aquel que otros países han pagado y están pagando caro. Se pretende militarizar (no sólo por la presencia ilegal e inconveniente de las Fuerzas Armadas) y declarar la guerra al narcotráfico, olvidando que ése es el escenario en el que las organizaciones criminales y sus sicarios sin límites se sienten más cómodos. No sólo es un grave error, sino que, además, en nuestro país se realiza de un modo superficial, electoralista, repleto de bravuconadas patéticas (como la publicación de fotos, que se está pagando caro) y carente de toda información creíble. A los pocos días de asumir, un funcionario ya comunica que se ha bajado el delito en porcentajes altísimos.
La medida elemental de tomar el mínimo control sobre ciertos pabellones de la cárcel se anuncia como si fuera el resultado de un esfuerzo gigantesco. Se pretende que la realidad va a cambiar porque a los narcotraficantes les digamos “terroristas”. Todas sandeces mayúsculas que ocultan una triste y peligrosa realidad. Desde hace años no nos tomamos en serio la prevención, la disuasión y la persecución penal de los dueños de los mercados de drogas, de sus redes de apoyo (empresariales, profesionales, políticas) y de quienes los encubren y permiten así que se financien campañas electorales, o se hacen los distraídos a la hora de controlar el flujo de dinero.
Cansa repetir siempre lo mismo: el descuido de la organización y modernización de la policía de investigaciones, la falta de una inteligencia criminal organizada e institucionalizada, la liviandad con que trabaja la Justicia federal (casi sin condenas en Santa Fe con relación al volumen de casos) y su morosidad aplastante, la falta de plazas para una verdadera política de desintoxicación, la ausencia de una verdadera prevención de esas mismas adicciones, la falta de conocimiento sobre el volumen del mercado de drogas, la descoordinación entre las autoridades municipales, provinciales y federales, la falta de profesionalismo de las policías y su desfinanciación, la escasa transparencia de la cooperación internacional, la debilidad del control de los puertos y las fronteras y así podríamos seguir con listados que todo el mundo conoce, pero que no se llevan adelante, porque supuestamente los funcionarios están preocupados por la “urgencia”.
Digámoslo con todas las letras: el mercado de drogas es un negocio inmenso, con múltiples “patas”, que no se quiere desarmar. Hace muchos años propiciábamos que la dirigencia política se hiciera cargo de la política de seguridad, como parte de sus deberes en una democracia moderna. Hoy debemos decir -con pesar- que lo ha hecho mal: ha primado el oportunismo, la demagogia fácil, la falta de ideas y preparación; en fin, otra de las deudas pendientes. No se trata de Rosario, que hoy sufre. Se trata de que en todo el país seguimos haciendo las cosas muy mal y eso no se encubre ya con unos cuantos policías federales -dicen que menos de los que consume la seguridad de un clásico de fútbol- y unos pocos camiones “militares” transportados penosamente al son de una marcha distorsionada.
¿Es posible cambiar esta terrible realidad? Sí, pero no de esta manera y tampoco tratando de sacar rédito político inmediato, o declarando emergencias que sólo habilitan decisiones grandilocuentes y compras sin control. Hace falta un conjunto de dirigentes políticos que tomen las decisiones de fondo, con premura, como una respuesta estructural a la urgencia, y que establezcan con fortaleza y coraje el rumbo que no abandonaremos a los pocos meses, aunque sepan que veremos resultados sólo dentro de unos cuantos años. Hablarle claro a la población es el mínimo respeto que exige el dolor de las víctimas.
(*) Presidente y (**) vicepresidente del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (Ilsed), respectivamente
