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Cuidar los derechos de los trabajadores

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Por Gustavo Morón (*)

El sistema de riesgos del trabajo está al borde del colapso. Deja fuera de su cobertura a demasiados trabajadores; tarda en dar respuestas concretas a quienes sufren un siniestro y sólo favorece a quienes han montado una “industria del juicio” alrededor de los accidentes laborales, quedándose con el tiempo y el dinero de los trabajadores.
El Gobierno nacional tomó una decisión urgente y necesaria: recuperar el sistema para los trabajadores, hacerlo previsible y dotarlo de certezas.
La reciente modificación a la Ley de Riesgos del Trabajo va en ese sentido: apunta a mejorar la atención de los trabajadores que se accidentan o se enferman, a otorgar cobertura a un millón de empleados públicos que aún no la tienen y a reducir la litigiosidad.
La reforma deja establecido que las comisiones médicas jurisdiccionales son la instancia administrativa previa, obligatoria y excluyente en reclamo de una indemnización por enfermedad o incapacidad laboral.
A partir de esta modificación, las comisiones médicas tienen un plazo máximo de 60 días hábiles para expedirse.
El propósito es que el trabajador reciba la indemnización que le corresponde de una forma más expeditiva y en un tiempo oportuno. Antes, esto no ocurría. Un trabajador que se accidentaba debía esperar un mínimo de tres años para que la Justicia le restituyera su derecho a un resarcimiento económico.
En adelante y para evitar situaciones de inequidad, los peritos médicos que intervengan deberán integrar el cuerpo médico forense local y sus honorarios no podrán ser variables ni estar vinculados al monto del juicio.
Otra modificación importante es que se amplía a dos años el plazo por Incapacidad Laboral Transitoria. Se refuerza, además, el derecho del trabajador a recibir una prestación justa. Por eso, se aumentó las indemnizaciones hasta un 50%, según el sector de actividad y de acuerdo al grado de incapacidad del trabajador accidentado.
Por medio de la creación del Autoseguro Público Provincial, se incorporará al sistema a alrededor de un millón de empleados públicos provinciales, municipales y comunales que no tienen cobertura ante un accidente laboral o una enfermedad profesional.
Más allá de las recientes modificaciones, en el último año se tomaron varias medidas para que los trabajadores obtengan una respuesta rápida en las comisiones médicas, sin tener que recurrir a la Justicia.
Redujimos de 100 a 50 días los tiempos para conseguir un turno (la meta es llegar a 35 este año) e impulsamos la descentralización de las comisiones médicas hacia localidades claves del Gran Buenos Aires.
Empezaremos en marzo con la apertura de las comisiones médicas de Lanús y Ramos Mejía y luego vendrán las de Quilmes, Ezeiza, Morón, San Martín, San Isidro, Pilar y Luján. Paralelamente, se trabajó en la adecuación de los espacios físicos en 13 delegaciones y en la relocalización de otras siete.
La descentralización era importante porque en el primer, segundo y tercer cordón del conurbano bonaerense se generan 80% de los trámites por accidentes laborales y enfermedades profesionales. Todos esos reclamos estaban concentrados en una comisión médica de la ciudad de Buenos Aires.
El resultado era contraproducente para el trabajador: se debilitaba la atención de las personas que habían sufrido un accidente laboral, impedía citar para las audiencias en plazos razonables que no superen los 30 días y dificultaba la posibilidad de dar una respuesta más rápida y eficiente.
Todas estas medidas, además de fortalecer los derechos del trabajador, tienden a reducir el fenómeno de la litigiosidad laboral que pone en peligro la continuidad del sistema y amenaza con dejar al trabajador sin prevención, sin prestaciones y sin previsibilidad para el futuro.
Los juicios por accidentes laborales o enfermedades profesionales crecieron 96,1% entre 2010 y 2015. Actualmente hay más de 340.000 juicios abiertos con reclamos acumulados por US$4.500 millones, a una tasa de crecimiento promedio anual de juicios de 15,2%.
Esto sucede en un contexto donde la justicia laboral alcanza a resolver un promedio de 35.000 juicios por año y, paradójicamente, cuando cada año que pasa hay menos accidentes.
Ese crecimiento casi exponencial en la cantidad de litigios (a partir de un accidente de trabajo) contribuyó a generar la “famosa” industria del juicio que, claramente, no beneficia a los trabajadores. Por el contrario, busca desfinanciar el sistema de protección de los trabajadores, en beneficio de unos pocos y en detrimento del esfuerzo de una gran mayoría.
Otra consecuencia de ese desorden es el aumento de la alícuota que se paga para asegurar el riesgo a un accidente o enfermedad profesional del trabajador. Ese costo hoy se explica más por la litigiosidad del sistema que por la siniestralidad de una empresa. Esto genera una anomalía que aleja el foco de la inversión en prevención de la seguridad y la salud de los trabajadores, en pos de una industria que nada tiene que ver con la salud y la seguridad de los trabajadores.
Teníamos que dar una solución a esta distorsión y lo hicimos. Las modificaciones impulsadas vienen a garantizar el derecho de los trabajadores a un sistema de cobertura y reparación digno; a restituirle al trabajador su derecho a recibir una indemnización justa y en un tiempo razonable cuando sufre un accidente o padece una enfermedad profesional; a renovar su derecho a reincorporarse a una nueva vida laboral en caso de sufrir una incapacidad que le impida volver a la tarea que desarrollaba y a trabajar en un ambiente sano y de calidad.
Pero, por sobre todo, allana el camino para que Argentina recupere el empleo genuino, digno y de calidad, con un futuro de certidumbre y previsibilidad.

(*) Titular de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT)

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