ESCUCHARPor el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce)
A raíz de la filtración de mensajes y audios entre jueces, espías, funcionarios y representantes del poder económico quedaron en evidencia los lazos promiscuos que atraviesan la Justicia federal argentina, que son, a la vez, el síntoma de un sistema en rápida descomposición y con una grave crisis de legitimidad.
En virtud de estos pactos, por ejemplo se beneficia a contratistas ligados al cohecho de funcionarios públicos, contrabandistas amparados por el rédito de las mafias aduaneras que manejan el comercio exterior, organizaciones narcocriminales con poder ofensivo suficiente para frenar investigaciones y comprar resoluciones judiciales y grupos económicos que hacen de la evasión fiscal un modelo de negocios en sí mismo; mientras la sociedad es perjudicada al verse privada de contar con un servicio de justicia accesible y capaz de resolver razonablemente los conflictos que debe dirimir.
Estos pactos no son nuevos, recordemos “la servilleta de Corach”, el sobreseimiento dictado sobre Paolo Rocca, CEO de Techint, en la causa “Cuadernos” por Julián Ercolini, entre múltiples casos que revelan la corrupción que atraviesa la Justicia federal. Sin embargo, lo que ocurre con esta filtración es que no es un relato de alguien que oyó y da su testimonio de lo sucedido sino que podemos escuchar y ver las declaraciones e intercambios de mensajes de los propios protagonistas.
El Cipce es una ONG que desde hace más de 15 años se encuentra focalizada en generar estudios y conocimientos sobre fenómenos vinculados con la criminalidad económica. En este caso, queremos llamar la atención de los tres poderes del Estado: este pacto mafioso entre componentes de la política, magistrados y funcionarios del Poder Judicial, entre personas vinculadas con organismos de inteligencia y el poder económico, no puede seguir avanzando si queremos construir una democracia sólida y transparente.
Entendemos, entonces, que poder determinar lo que pasó en este caso es imperativo. Las autoridades judiciales y disciplinarias deben intervenir e investigar lo sucedido con Julián Ercolini (Juzgado Federal 10), Pablo Cayssials (Contencioso-administrativo 9) y Pablo Yadarola (Penal Económico 2); Carlos Mahiques (Sala II de Casación Penal); el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Marcelo D’Alessandro, el procurador de la CABA, Juan Batista Mahiques; y los ex agentes de la SIDE Tomás Reinke y Leonardo Bergot.
Lo sucedido, a la vez, es una oportunidad para pensar cómo funciona el sistema y avanzar seriamente en una reforma de la Justicia. Este pacto espurio y mafioso es un problema que vivimos desde hace décadas y que supone un freno para la implementación de las reformas del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN) en la medida que el sistema actual permite mantener estos lazos.
Tanto para este caso como para cualquier otro, necesitamos una serie de reformas en las prácticas de los/as operadores/as judiciales y de los organismos de control y supervisión, así como algunas modificaciones en la legislación, entre ellas:
– Implementar de manera urgente el nuevo CPPN en todo el país, para que la Justicia federal abandone un sistema fundamentalmente escrito y secreto, y el Ministerio Público Fiscal pueda reorganizar la persecución penal.
– Desarrollar políticas de prevención y persecución de la corrupción y la criminalidad económica que dejen de hacer distinciones ilegales basadas en el partido político involucrado en cada caso.
– Revisión integral del sistema de inteligencia nacional y sus vinculaciones.
– Establecer mayores y mejores mecanismos de rendición de cuentas para controlar y garantizar el buen desempeño de jueces y fiscales.
Nuevamente, si queremos construir una democracia sólida y transparente, no se puede sostener una justicia espuria y opaca.
