ESCUCHARPor Alejandro Zeverin
Si creemos en este nuevo relato, que la represión judicial de la corrupción en Brasil se asemeja a la de Argentina, estamos ante una síntesis de la obra El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. El personaje de la novela es alguien que cada día se sentía más enamorado de su propia belleza pero menos interesado en la corrupción de su alma.
En Brasil, con una corrupción con aquiescencia social y enquistada con complicidad institucional -como aquí- llama la atención el destello institucional, por su eficacia contra la corrupción, de la Policía Federal brasileña.
El resultado devastador de sus investigaciones para con todo el sistema dejó al descubierto el funcionamiento de la corrupción institucional que pasa por el manejo o dibujo de presupuestos públicos por el arco político, como aquí; una presidente destituida, un ex mandatario acorralado al igual que el actual, senadores oficialistas y opositores, etcétera, con un espectro político que no logra parar la catarata de hechos que se descubren y los salpican.
Llama la atención, desde el análisis criminológico de la delincuencia de cuello blanco, el ataque al sector privado corrupto, eje y soporte de todo sistema político pervertido que cambia el rostro según la ocasión y que siempre condicionó a los poderes del estado, allá y aquí.
La Policía Federal brasileña fue creada en 1964, depende del Ministerio de Justicia y está subordinada a la Suprema Corte, con competencia en investigaciones de delitos contra el gobierno federal o de sus órganos, empresas estatales o mixtas, tráfico internacional de drogas, contraterrorismo e inmigración ilegal. Realiza, además, control policial de fronteras, incluidos los puntos de puertos, pasos fluviales y marítimos.
Pero ella no es su propia líder en la lucha contra la corrupción, no actúa alocadamente sino que es la Corte Suprema de Brasil la que la comanda, la que decidió responsabilizarse ante una sociedad desigual, harta del desmadre, en una región marcada por la corrupción y los sobornos políticos, donde el respeto por las autoridades electas ya tocó fondo, igual que acá.
El máximo tribunal decidió recuperar independencia, entendiendo que los constantes escándalos de corrupción son una de las principales razones de que el descontento respecto de la democracia sea más grande en esta región que en cualquier otra, y todo soportado por un defectuoso sistema judicial comprometido. Un sistema que de pronto puso fin a una era, pidiendo rendición de cuentas a autoridades y magnates aparentemente intocables.
Brasil debería ser el espejo real de que lo puede hacer una justicia independiente por la República, allí respaldada por unos pocos fiscales y una Policía Federal diligente, con juicios contra la corrupción -casi sumarios por su celeridad- con condenas escalofriantes de hasta 19 años de prisión como la de Marcelo Odebrecht, hasta hace poco intocable.
Desde que comenzó, en marzo de 2014, la gigantesca investigación sobre corrupción en Petrobras que ha comprometido a decenas de oscuros lobbistas, funcionarios del Estado, dueños y altos ejecutivos de empresas, recién ahora la policía y los fiscales están llegando al establishment político de lleno. Pero los jueces de mayor rango de Brasil están a la altura de su misión, aunque en la Corte el atasco de causas es un problema porque está obligada a tratar casi todas las que recibe, que abarcan desde cuestiones de derecho constitucional hasta casos de violencia doméstica.
Por otra parte, la calidad de los fallos de inferiores no siempre son confiables. Un estudio básico de textos en 120.000 fallos dictados entre 2011 y 2013 reveló que los jueces de primera y segunda instancia, al igual que los argentinos, habitualmente cortan y pegan párrafos enteros de fallos anteriores. En contraparte, en Argentina la Corte a la fecha no se ha comprometido públicamente en la lucha contra la corrupción, ni ha reclamado/exigido independencia de los órganos de investigación; la Policía Federal Argentina (PFA) depende el Ministerio de Seguridad (al igual que Gendarmería y Prefectura Naval), los cuales en teoría están a disposición de la Justicia pero sabemos que primero informan a sus mandos institucionales políticos lo que hacen. En tanto, la PFA está prácticamente desarmada por su absorción con la nueva policía de la ciudad de Buenos Aires, que sólo parece eficaz para dirigir el tráfico, y en las provincias se calca lo nacional.
Nuestra justicia se encuentra seriamente comprometida con la gestión política en el poder y sólo actúa rápidamente en hechos de trascendencia social, por eso todavía la sociedad no les cree y es muy peligroso el anatema. (Ver https://comercioyjusticia.info/blog/opinion/la-enganifa-de-la-justicia-independiente/-). Por otra parte, en Córdoba, el rebote de lo que ocurría en Brasil venía obviándose, la trama porteña/cordobesa de los casos Petrolão y Lavajato, que se sostenía en la teoría de su inexistencia. Las denuncias de la oposición parecían una retahíla de sordos pero, advertido el poder político que resultaba imposible seguir transitando un autismo, sorprendió con una autodenuncia.
El fiscal de Estado, Jorge Córdoba, hizo la presentación sobre uno de los temas a aclarar, los gasoductos, adjudicándole competencia al fuero anticorrupción provincial para investigar cuando se sabe que existe una idéntica investigación ya en el fuero federal de la CABA, amén de haber sido desestimada una anterior denuncia sobre el mismo caso por el ex fiscal anticorrupción, Gustavo Hidalgo, confirmado por la ex jueza anticorrupción, Ana María Lucero Ofredi, ambos ascendidos en sus cargos en la actualidad.
El caso Odebrecht quema, porque la Corte en Brasil ya ha validado como cierta la delación de quien fue el responsable de abonar las coimas en Argentina, y en ese testimonio se indicó los nombres de los funcionarios del Ministerio de Planificación y el receptor cordobés de las coimas. Además, el testimonio compromete a una empresa que desarrollaría las obras de origen cordobés, implicada en el revoltijo del manejo de obra pública.
El cambista Leonardo Meirelles hizo lo suyo, sobre la revelación del titular de la AFI, el escribano Gustavo Arribas, que también quema.
En Brasil, para desenmarañar la trama, se condenó a 19 años de cárcel a Marcelo Odebrecht, ex presidente de la constructora, entendiendo el juez Sergio Moro que había que empezar por el corruptor para que éste delate luego. En Córdoba, será el fiscal anticorrupción, Hugo Amayusco, quien deberá investigar la autodenuncia del fiscal de Estado Jorge Córdoba ¿Hará lo propio que el juez Moro en Brasil o descalificará esa investigación? Toda un incógnita con final abierto.
(*) Abogado Penalista. Master en Criminología Universidad de Barcelona
