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Diego Sobrino, presidente de la Federación de Colegios de Abogados de Córdoba
“Corral de Bustos está primero en la agenda para hacer que las cosas vuelvan a la normalidad. Tras el shock del episodio ya corrió mucha agua bajo el puente y es hora de que todo retome su cauce normal”. Así prioriza su agenda Diego Sobrino, quien recientemente asumió su segunda gestión al frente de la Federación de Colegios de Abogados de Córdoba (Fecacor) y que fuera reelecto para comandarla durante dos años más, hasta el 2012.
A tres años y cuatro meses de la quema de los Tribunales de esa localidad -episodio que ocurrió en diciembre de 2006- la prometida restitución de la sede aún no termina de concretarse y se transforma en materia de insistentes y repetidos reclamos de los letrados de la zona.
En diálogo con Comercio y Justicia, el dirigente profesional trazó un panorama sobre la situación de la abogacía del interior y su mirada sobre el rol profesional en el marco del denominado “siglo del Poder Judicial”.
– ¿En qué estado se encuentran las gestiones para la restitución de la sede judicial de Corral de Bustos?
– Se están ultimando los contratos de locación de inmuebles para que se restablezca. Esto ocurriría, según trascendió, en el segundo semestre del año. Pero el alquiler de inmuebles es un camino transitorio porque se requiere un edificio definitivo para localizar los tribunales.
– ¿Qué otros temas están en la agenda de los abogados del interior?
– La situación de los juzgados federales como el de San Francisco, cuya puesta en funcionamiento está dependiendo de la designación de jueces. Es increíble que siga paralizado (N. de R. Hace más de dos años que se alquiló la sede y se acondicionó el edificio).
También pedimos que se normalicen las designaciones de los jueces de Paz. Los concursos llevan su tiempo y el interior necesita de ellos.
– ¿Cómo está impactando el incremento de las denuncias de violencia familiar en la provincia?
– En el interior el tratamiento de la violencia familiar recae en los juzgados de competencia múltiple, lo cual complica su funcionamiento. La delicadeza del tema y la inmediatez que requieren estos tipos de casos, desenfoca a los jueces de otros temas. Para el caso de Villa María se encontró una salida (para descomprimir): la creación de una secretaría especial como solución.
– ¿Esta podría ser una solución a aplicar en el resto de las circunscripciones?
– Sí; el hecho de que no entre este tipo de causas por el mismo canal permitiría que el caso llegue al juez ya analizado como para que tome la decisión que corresponda.
Por otra parte, nos urge la designación de jueces de Paz por este tema también. Son ellos los que reciben estos casos en las localidades más pequeñas.
– En su anterior gestión reclamaba por la informatización del interior. ¿Sigue en pie el reclamo?
– La informatización es algo que nos preocupa, al igual que la necesidad de secretarías de ejecución fiscal en el interior. Además, respecto de las claves digitales para abogados (para acceder al Sistema Único de Administraión de Causas -SAC-), vamos a pedir al Tribunal Superior que también se implementen cuanto antes para el interior.
– Días atrás la Fecacor presentó una propuesta referida a cambios necesarios en el funcionamiento interno del Consejo de la Magistratura Nacional, ¿de qué se trata la inicativa?
– En el marco de la Conferencia Nacional de Abogados realizada el mes pasado en San Isidro (Buenos Aires) presentamos una ponencia referida a la necesidad de ajustar la determinación del perfil del juez, como así también requerimos modificaciones en las pautas de evaluación de los postulantes. Por ejemplo, la pericial psicológica de los aspirantes se debería pedir antes de las entrevistas personales y no cuando ya está el orden de mérito.
De otro costado, Sobrino se refirió al rol que hoy les cabe a los abogados en la sociedad. “El siglo XXI es el siglo del Poder Judicial y nosotros, como integrantes de dicho Poder, como instrumento de la sociedad, en su necesidad y requerimiento de justicia, debemos posibilitar, debemos coadyuvar a que el estado de derecho se convierta en estado de justicia”, recalcó.
En este sentido, el dirigente agregó que se requiere que el Poder Judicial esté a la altura de las circunstancias, al tiempo que apuntó al estado de derecho como aquel que establece el marco necesario para una estrategia de desarrollo nacional teniendo en cuenta dos variables “insoslayables”: la social y la ambiental.
“Hay que tener conciencia, no sólo perderse en el litigio cotidiano y levantar las miras a largo plazo. No existe cabalmente estado de derecho mientras exista exclusión social. No es posible hablar de libertad sin inclusión social. No habrá país viable sin una acción solidaria activa que otorgue igualdad real de oportunidades para todos lo sectores sociales (lo que implica garantizar para todos salud, vivienda, educación, justicia, etcétera). Paralelamente, la satisfacción de las necesidades de desarrollo humano debe hacerse de manera sustentable, preservando el ambiente para las generaciones futuras”, concluyó.
