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Hace pocos días se conocía una denuncia efectuada por el gremio de los judiciales sobre graves irregularidades producidas en un concurso para ocupar cargos de auxiliares en las asesorías penales
A través de una nota presentada a principios de noviembre el secretario general de A.G.E.P.J., y la veedora gremial en la Junta de Calificaciones, pusieron en conocimiento del presidente del TSJ los hechos que habían despertado estas sospechas solicitando se realizara una investigación exhaustiva.
Conforme lo denunciado, se habrían filtrado las respuestas del examen en un concurso para auxiliares de la defensa pública, en beneficio de tres o cuatro aspirantes a los cargos que tendrían algún vínculo con un funcionario del Poder Judicial, precisamente del fuero Penal, quien tendría participación en la elaboración de los test y en su evaluación. Vale mencionar también que uno de los “beneficiados”, según informaciones que circulan, habría confesado la irregularidad.
Lo particular del caso es que estas personas en cuestión habrían obtenido el puntaje máximo o habrían fallado solo en una respuesta, lo que ayuda a aumentar la sospecha, ya que ningún otro postulante habría alcanzado ese nivel de acierto. Justamente, respecto de esto, en declaraciones públicas, Federico Corteletti, titular del gremio judicial, dijo que solo las cuatro concursantes presuntamente responsables “sacaron puntajes sospechosamente muy altos, que no alcanzó nadie más. La inmensa mayoría aprobó con un porcentaje bajo de respuestas”.
Esto último, que en condiciones normales sería preocupante, nos referimos a que “solo” cuatro de los concursantes alcanzaron el máximo (o casi) de respuestas correctas -para colmo de manera presuntamente tramposa-, mientras que los demás lo hicieron con baja calificación, queda en un segundo plano, dado la gravedad que implica que haya sucedido en el seno del poder estatal encargado de juzgar las conductas de los ciudadanos y restaurar los derechos de los mismos cuando estos han sido afectados.
Es de una gravedad tal lo sucedido que no son pocos los que sostienen que se trata de un escándalo de proporciones inimaginables que recién inicia. Como dijo Lucía Bonafé (secretaria de Organización de AGEPJ) “Hay que tomar la verdadera dimensión de lo que ha sucedido, esto es dañino para la transparencia del sistema de concursos, sistema que el gremio reivindica desde siempre ya que los cargos antes eran otorgados como se dice vulgarmente ‘a dedo’”.
No solo se afecta la credibilidad de los concursos, también se debilita la imagen, ya debilitada del poder judicial en particular y de nuestras instituciones en general, dado que se pone en un manto de dudas a su funcionamiento y, como muchos colegas y “legos” nos han manifestado- en la forma en que han ocupado a lo largo de estos tiempos los miembros del poder judicial. Esto que pasó nos lleva a preguntarse: ¿no pudo haber ocurrido algo similar en concursos pasados?, tal como nos expresaba mordazmente días pasados un viejo conocido de los pasillos de Tribunales.
En este punto, debe decirse que, por el conocimiento que contamos del “ambiente judicial”, seguimos sosteniendo que más allá de las críticas puntuales que legítimamente se le puede hacer, por amplia mayoría nuestro poder judicial está compuesto por profesionales probos y dedicados, que no merecen ver manchada su posición por hechos como los presuntamente ocurridos.
Pero tampoco es justo que los cordobeses seamos víctimas de hechos como estos. Por el contrario, la sociedad necesita y merece una justicia trasparente. El pronto esclarecimiento de lo ocurrido es clave para no ver perderse la fe social en el Poder Judicial.
Recordemos aquí que el principio de transparencia en la gestión de lo público es connatural no sólo al postulado del buen gobierno y la buena administración. También lo es respecto de una Administración, en este caso de justicia, encuadrada dentro de un Estado de Derecho. Un paradigma estatal en donde sólo la idoneidad puede ser causa del acceso a funciones públicas, del tipo que fueran.
El Tribunal Superior ya ha tomado cartas en el asunto y ha afirmado que irá hasta las últimas consecuencias. Para empezar, se ha anulado el examen del caso e iniciado un sumario administrativo.
No es menor establecer la verdad sobre lo ocurrido, y que, de haber hechos irregulares, tengan las consecuencias legales del caso. Mucho de la autoridad real del poder judicial reposa en la consideración social. Y hechos como el analizado, la empañan de sobremanera.
(*) Abogado. Doctor en Ciencias Jurídicas. (**) Abogado. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales.
