ESCUCHARPor Luis Carranza Torres* y Carlos Krauth**
Si hay algo que caracteriza nuestra sociedad, nuestro tiempo y nuestras cuestiones públicas es la desconfianza y susceptibilidad. Esto, que es común entre particulares por asuntos sociales, se agudiza cuando se trata de las instituciones o en la esfera de lo público. Nada o casi nada de lo que se diga o haga es tomado con confianza. Por el contrario, genera reacciones adversas y hasta en casos destructivas, que sólo sirven para aumentar ese descreimiento.
Se produce así un círculo vicioso del que no sólo es difícil salir sino en el cual la institucionalidad siempre pierde.
Es cierto que muchas veces son los mismos funcionarios los que alimentan esa sensación colectiva. Sin embargo, entendemos que esas conductas no son las mayoritarias. Por ello creemos que, así como deben ser castigados aquellos quienes -ejerciendo el mandato del pueblo- atentan contra las instituciones, también deben ser rechazadas todas aquellas opiniones que, infundada o malintencionadamente, debiliten la credibilidad en el sistema institucional democrático.
Decimos esto ya que es común que los particulares nos “prendamos” en ideas “conspirativas” sin fundamento, o que lo haga la misma prensa por motivaciones interesadas, y repitamos esos juicios.
No obstante este deber, es mucho más fuerte cuando se trata de funcionarios (o ex funcionarios) públicos que emiten opiniones que en nada ayudan a la confianza ciudadana.
En este sentido, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional emitió días pasados, un comunicado en el que rechazó las expresiones de un ex funcionario del Gobierno nacional, que en tono descalificante y en forma amenazante aseguró que en un futuro “varios magistrados federales de diferentes instancias serían puestos en la obligación de explicar sus resoluciones jurisdiccionales”.
No es la primera vez que dicha persona, que ha pasado por varios gobiernos de políticas bastante distintas, y que la “juega” de político en ocasiones y de analista político en otras, tiene este tipo de expresiones detonantes. Ha trabajado con personas a las que luego ha criticado fuertemente, como si no le comprendieran “las generales de la ley” y luego volvió a trabajar como si nunca hubiera abierto la boca.
No es el único caso de incontinencia verbal en la clase dirigente argentina. Personas que, salvo honrosas excepciones y sin distinción de banderías, hablan sin medir las consecuencias en algunas ocasiones y perfectamente a sabiendas del daño o estrépito que van a causar, en otras.
Tal como expresa el comunicado de la Asociación de Magistrados, tales expresiones resultan impropias dentro de un Estado de derecho y deben ser rechazadas por “pretender permear en el funcionamiento de la justicia consideraciones propias de las relaciones de fuerza de la política partidaria -en evidentes instancias pre electorales-”.
En el mismo comunicado se critica las declaraciones del actual Jefe de Gabinete de Ministros, quien sostuvo expresiones públicas que confunden los límites de las funciones propias de un Poder del Estado, y afectan la independencia del Poder Judicial. Y se exige respeto a la institucionalidad y mesura en el decir cuando se refiere al funcionamiento de ese Departamento del Gobierno Federal.
En el ambiente judicial, estas declaraciones sobre “rendir cuentas” han dividido las aguas entre quienes simplemente las rechazan como exabrupto y aquellos que ven más allá y las consideran directamente una intimidación pública. Conducta que, como sabemos, puede llegar a encuadrarse como un delito.
Máxime cuando “no es una manifestación genérica sino que da nombres y apellidos de a quienes increpa” según la opinión de un alto funcionario judicial de larga trayectoria en Comodoro Py.
Alguna vez este señor fue Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación. Intentamos recordar, sin conseguirlo, algún logro obtenido en dicha función. Ahora ha declarado su intención de candidatearse a la Presidencia. Esperemos tenga la altura moral suficiente para reconocer el yerro y disculparse. Pues sean las palabras proferidas, una conducta típica o no, tales expresiones en modo alguno se condicen con el Estado de derecho y la división de poderes que establece nuestra Constitución. Esa misma que este señor juró observar desde la función pública a la que ahora pretende retornar.
(*) Abogado. Doctor en Ciencias Jurídicas
(**) Abogado. Magíster en Derecho y Argumentación Jurídica
