ESCUCHARPor Andrés Rossetti, Julieta Cena y Horacio Etchichury (*)
En unos días, el Senado decidirá si aprueba -o no- a los dos abogados propuestos por el Presidente para cubrir vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este tribunal -que tiene la última palabra en materias vinculadas con la vida, los derechos, las pertenencias y los deberes de quienes habitamos el suelo argentino- necesita de jueces con representación, idoneidad y compromiso con los derechos constitucionales. Sin embargo, las candidaturas de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla no cumplen con estos requisitos, por lo que deben ser rechazadas.
Porque creemos en la necesidad de mejorar la Corte Suprema, hoy afectada por divisiones internas, sospechas de politización y bajos niveles de aceptación pública, sostenemos que las postulaciones de Lijo y García-Mansilla no contribuyen a revertir estos problemas; por el contrario, los agravarán.
En primer lugar, la propuesta del Presidente de nominar a dos hombres para ocupar las vacantes en la Corte Suprema contradice el espíritu del decreto 222/2003, que busca promover la diversidad de género en el tribunal. Este decreto –respaldado por las normativas de derechos humanos con jerarquía constitucional– establece la importancia de una representación equitativa. Esta sola razón bastaría para rechazar ambos pliegos; pero, además de ignorar la diversidad de género, estas candidaturas carecen de pluralismo regional. Ambos postulantes provienen de la ciudad de Buenos Aires, lo que refuerza la concentración de poder en la capital y limita la representación de otras regiones del país. Más allá de estas cuestiones, cada candidatura genera preocupaciones específicas que merecen ser examinadas con detenimiento.
Lijo, juez federal desde hace 20 años, carece de producción relevante en Derecho, con solo dos o tres textos breves de escaso valor científico en su currículum. Más grave aún: según el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), Lijo es “el juez más ineficaz de Comodoro Py” y “el que más demora en causas de corrupción”. ¿Es éste el perfil adecuado para la Corte Suprema?
Mientras tanto, García-Mansilla –recientemente doctorado– se divide entre el ámbito privado y académico, pero en ninguno se destaca como idóneo para la Corte Suprema. Desde 2014, dirige la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), representando los intereses de las mayores empresas del sector, y desde 2019 es decano de la Universidad Austral. En ambos planos sus posturas revelan visiones preocupantes: en 2016, criticó a la Corte Suprema por exigir audiencias públicas antes de los aumentos tarifarios promovidos por Macri, calificando la sentencia de “populista” y negando a la ciudadanía el derecho a participar en la definición del precio de la energía.
De la misma forma, sostiene una visión extremadamente restrictiva sobre los derechos sexuales y reproductivos. En 2021, calificó la ley 27610, que legaliza el aborto, como violatoria de la Constitución, mientras que en 2012 criticó a la Corte Suprema por permitir que las interrupciones de embarazos por violación sean una posibilidad legal para las mujeres. Sin dudas, su llegada a la Corte tendrá un impacto profundamente regresivo, recortando derechos. ¿Es éste el perfil que necesita la justicia argentina frente al mundo?
Por otra parte, García-Mansilla parece coincidir con una de las ideas más disruptivas del actual Presidente de la Nación. En un texto escrito junto a Ricardo Ramírez Calvo y publicado en 2023, sostuvo que es “perfectamente compatible” con la Constitución establecer “como moneda de curso legal una moneda emitida en el exterior”. En otras palabras, García-Mansilla considera válida la dolarización, que es objetada por la gran mayoría de quienes nos especializamos en derecho constitucional.
Por todo esto, no cabe duda: aprobar las candidaturas impulsadas por el presidente Milei consolidaría una Corte exclusivamente masculina y centralista. En particular, aceptar a Lijo significaría incorporar a un juez con graves deficiencias denunciadas en su desempeño como tal. Un voto a favor de García-Mansilla abriría la puerta al recorte de derechos -especialmente en participación ciudadana y materia energética-, a la destrucción de la libertad reproductiva y a la eliminación de nuestra moneda nacional.
Queremos confiar en que el Senado -elegido por el pueblo- esté a la altura del momento histórico, aprenda de nuestro pasado y proteja el futuro de la Nación.
(*) Docentes de Derecho Constitucional, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Córdoba
