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Miguel Angel Caminos, presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM)
La Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) nació en Chile hace 33 años y está integrada por asociaciones de magistrados de 17 países latinoamericanos, entre ellos, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. En la Argentina, son miembros de la FLAM la Federación Argentina de la Magistratura y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.
Recientemente se realizó en Mar del Plata la asamblea ordinaria de la FLAM y allí fue elegido para presidir el organismo el camarista penal Miguel Ángel Caminos, quien antes se desempeñaba como su vicepresidente. A pocas semanas de asumir el nuevo cargo, Comercio y Justicia dialogó con el representante de los jueces a nivel regional, quien trazó un panorama de la situación judicial en Latinoamérica y en el país en particular.
– Ha sido elegido como presidente de la FLAM. ¿Qué implica asumir este cargo? ¿Cuáles son los desafíos que se le plantean?
– Es una alta responsabilidad. Me toca asumir el cargo en este momento en que tenemos una situación regional difícil, tanto para la Argentina como para otros países latinoamericanos ya que, con algunas diferencias, estamos atravesando problemas agudos. Nuestro compromiso es mucho porque no hay que olvidarse que la FLAM ha sido reconocida como un órgano consultivo de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Nuestro objetivo es la total defensa de la independencia judicial aquí y en otros países.
– ¿A qué se refiere cuándo dice que la región está atravesando momentos difíciles?
– La situación es disímil según el país al que hagamos referencia. Creo que Bolivia y Venezuela son los más afectados en lo que a independencia judicial se refiere. En Bolivia se ha prohibido a los jueces que se asocien y Venezuela es el caso más paradigmático. Para dar un ejemplo, no puedo hacer otra cosa que nombrar el caso de la jueza, María Lourdes Afiuni Mora, que desde hace cuatro meses está presa en una cárcel común y sometida a las agresiones de las demás detenidas por haber excarcelado a un banquero, algo que no le cayó bien al presidente Hugo Chávez, y entonces terminó detenida. Por supuesto que esto constituye un verdadero ataque, no sólo a la independencia de los jueces, sino también a la democracia. Pero lo que nos llama más la atención es que ningún gobierno se ha pronunciado en contra de estos hechos o los ha repudiado de algún modo.
Ahora bien, si tenemos que establecer un parangón común en Latinoamérica, tengo que decir que lo que notamos es que todos los gobiernos de la región buscan debilitar al Poder Judicial y se lo hace ante la sociedad descalificando a sus jueces. Esto no sólo le sucede al Poder Judicial, sino también a la prensa porque -de algún modo- son los dos organismos que ejercen el control de los otros poderes del Estado.
– ¿Se refiere particularmente a lo que ha sucedido en Argentina?
– Sí, claro, por ejemplo. Hace algunas semanas, la FLAM emitió un comunicado repudiando esta intención de someter a los magistrados a evaluaciones periódicas. Creemos que el único objetivo de ello es debilitar la garantía de estabilidad de jueces sometiéndolos a evaluaciones por parte de Consejos de la Magistratura u otros organismos en cuya integración predomina la representación política. La idea de evaluarnos es una forma de devaluarnos; además no hay que olvidar que los jueces damos exámenes todos los días.
– El Poder Judicial argentino siempre se queja por el escaso presupuesto que se le asigna. ¿Esto es realmente así? ¿cómo es en el resto de los países latinoamericanos?
– Sobre este punto hay que analizar dos cuestiones. El presupuesto asignado, pero también la autarquía presupuestaria. En Argentina el presupuesto es bajo, muy por debajo – por ejemplo- de Brasil. Si bien tenemos recursos propios, la autarquía es limitada porque nos tenemos que manejar con lo que se asigna desde el Ejecutivo. Para una buena administración de justicia, la falta de recursos, sin dudas, entorpece nuestras funciones. Por esa razón es que se viene reclamando esto que tiene que ver con la autarquía presupuestaria.
La nueva integración
La conducción de la FLAM quedó integrada por Caminos como presidente; vicepresidenta primera, Mirinda Vicenti Nazario (Puerto Rico); vicepresidenta segunda, Cristina Crespo (Uruguay); secretario general, el presidente de la Federación Argentina de la Magistratura, Abel Fleming (Argentina); vocal 1º, Rafael de Meneses (Brasil); vocal 2º, Wilfredo Sagastume (El Salvador); vocal 3º, Abel Giménez Obando (Costa Rica).
