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Se lanzó el debate por la nueva Ley de Desarrollo Rural, que promueve la formaciónde clusters de productores como condición para el crecimiento equitativo de una economía de escala en el sector. Contraste con la realidad misionera.
Aunque más por necesidad que por vocación, un gobierno provincial de referencia ha adoptado importantes definiciones políticas entre las que se vislumbra el asociativismo entre productores como eje del desarrollo en las zonas de producción agropecuaria.
El gobierno bonaerense puso en marcha en los últimos meses una propuesta de Ley de Desarrollo Rural que busca favorecer la organización de los productores pequeños o familiares por medio de la formación de consorcios de productores.
Según la nueva norma, éstos serán asociaciones civiles integradas por los productores, representantes de los municipios y el propio Estado provincial. Estas agrupaciones tendrán como objeto fortalecer la agricultura de baja escala, favorecer la planificación de la producción y realizar un relevamiento de las familias rurales y la identificación del real sujeto agrario. Sus tareas destacadas serán la industrialización de la producción y la comercialización.
De este modo, con el establecimiento de la ley, será política de Estado la promoción del asociativismo que refuerce la posición de los productores familiares.
“La vía de la asociación es la salida inteligente, sólida y soberana hacia la constitución de la nueva ruralidad. Creemos que con la llegada de la Ley de Desarrollo Rural se potenciarán las instalaciones rurales locales y se favorecerá la generación de empleo y el agregado de valor en origen” expresó al respecto el ministro bonaerense de Asuntos Agrarios, Gustavo Arrieta.
En torno de la cuestión, el gobernador Daniel Scioli dispuso la conformación de un grupo de trabajo que tiene previsto llevar adelante, durante todo 2012, una serie de foros y encuentros de discusión del contenido de esta herramienta legal para lograr, al poner en tensión sus conceptos, una internalización local que le imprima sustentabilidad territorial a la nueva propuesta legislativa.
El fin es llegar con consenso social a la etapa de tratamiento parlamentario. Además de los foros vecinales, un actor que tiene reservado un destacado espacio en el proceso es la educación técnica agropecuaria, puesto que se dispone para los jóvenes egresados su incorporación a la mesa directiva de los consorcios productivos.
“Hoy, el pequeño sujeto agrario no está visibilizado ni para el Estado ni para el mercado. Agrupados y amparados en los consorcios que propone la ley, cobrarán el protagonismo que se merecen” aseguró Patricio Dowley, uno de los participantes del encuentro celebrado en la última semana de abril, en el cual el Gobierno presentó la iniciativa a los movimientos sociales que tienen injerencia en las iniciativas independientes de tierra y vivienda en la provincia.
Misiones, la contracara
La noticia contrasta con el desenlace que está logrando el amplio debate desatado en torno de la situación de los productores de yerba de la provincia de Misiones. Por un lado, los productores avanzan en la posibilidad de crear nuevas instancias de asociatividad que logren mejorar la escala de su producción y los márgenes de negociación con la industria, mientras el Gobierno provincial encabezado por el gobernador radical Maurice Closs sostiene -en consonancia con los intereses de la industria concentrada del sector- que “no hace falta crear más cooperativas”.
El conflicto desatado desde inicios de marzo por el alza del precio de la yerba mate intensificó los debates en torno de la situación que atraviesan los productores del cultivo, quienes en número de 17.400 dirigen unidades productivas que dependen en gran medida de su débil capacidad de negociación con los pulpos del sector, las grandes compañías molineras. La concentración de la actividad industrial en el rubro de la yerba mate los deja prácticamente fuera de las posibilidades de un desarrollo sustentable de esta producción regional, en la cual reciben sólo seis por ciento del precio del producto final. Los molinos y la red de comercialización se llevan 67 por ciento del precio pagado por el consumidor, realidad que tiene directa relación con la concentración del sector: sólo diez plantas concentran 80 por ciento de la molienda.
La fuerte polémica pública en torno de la cuestión, que llegó a exigir la intervención de la presidenta Cristina Fernández en más de una oportunidad, motivó que se debatiera la posible formación de un cluster cooperativista que represente a gran parte de los productores, proceso que madura lentamente como corresponde a todas las iniciativas asociativas que exigen una ingeniería económica previa, antes de la decisión de conformar una cooperativa.
No obstante, en su mensaje a la Legislatura provincial el gobernador Closs expresó su fuerte resistencia a la iniciativa: “No hace falta crear más cooperativas -señaló-. Lo importante es que haya mejores actores en el agro misionero”.
