ESCUCHARPor Silverio E. Escudero
Un recorrido por las páginas de un viejo y ajado libretón sirvió para encontrar el tono y las variaciones de este, nuestro encuentro semanal. Con letra abigarrada se deja constancia de un antiguo debate que se produjo en la antigua Aula 2 de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de nuestra querida Universidad Nacional de Córdoba. Allí, sobre un texto del mítico Emilio Baquero Lazcano, discutimos -con pasión y escasa sabiduría- sobre las consecuencias del industrialismo y su influencia en el desarrollo de los pueblos.
Muy pocos teníamos, por ese tiempo, noción de las consecuencias del cambio climático y de la finitud del petróleo como fuente de energía. Es que hace casi 50 años nadie se preocupaba por esos temas y quienes se atrevían a esbozar una agenda distinta a la del establishment eran acusados de agentes del comunismo internacional y de atentar contra la supuesta preeminencia del modo occidental y cristiano de vida.
El gran debate de la época era sobre la conveniencia o no de la construcción de grandes diques y presas como el por siempre postergado Complejo Hidroeléctrico del Paraná Medio o el Complejo Chocón–Cerros Colorados -que controla las crecidas de los ríos Limay y Neuquén- y disponer en tiempos de sequía de abastecimiento regular de agua, y de paso, reforzar el sistema interconectado nacional.
Esos recuerdos, por momentos difusos, sirven de excusa suficiente para traer al debate la construcción de grandes represas y su aporte al crecimiento de la economía. Nuestras afirmaciones sonarán, para muchos, como una verdad de Perogrullo. Sin embargo asumimos el riesgo.
Los manuales especializados enseñan que la energía hidroeléctrica presenta un sinnúmero de ventajas sobre la mayoría de otras fuentes de energía eléctrica. Incluyendo un alto nivel de fiabilidad, tecnología probada y de alta eficiencia, más bajos costos de operación y mantenimiento, una gran flexibilidad y capacidad de almacenamiento y menor contaminación ambiental. Aún cuando, en muchos casos, signifique asumir “las consecuencias de los procesos de desocupación del área a ser cubierta por el lago del embalse que permitan un análisis integral de tal proceso”, como anotaron, oportunamente, Alejandro Rofman y Agustín Cafferata, en su interesante trabajo titulado Notas acerca del impacto social del proceso de relocalización en el área de la Represa de Salto Grande.
El caso testigo elegido esta vez es la relocalización de la ciudad de Federación -en lado argentino- como consecuencia de la construcción de la Represa Binacional de Salto Grande, a pesar de la oposición de muchos de sus pobladores.
El diseño de la nueva urbe pretendía preservar los “riesgos propios de su definido estilo de vida, caracterizado por viviendas individuales instaladas en amplios lotes, en los que era habitual la existencia de huertas y cría de animales. A ellos se incorporaban, en muchos casos, comercios y actividades artesanales, al amparo de la amplitud de los espacios propios de las casas-habitación.
La protesta sistematizaba el uso del suelo urbano mediante la diferenciación de zonas, entre las que se destacaban el área destinada a la relocalización de las actividades industriales, las zonas comerciales y de servicios y los espacios recreativos. Además se preveía la instalación de pequeñas huertas y granjas destinadas al consumo en la zona de la periferia del centro urbano.”
Los uruguayos, por su parte, resolvieron la desocupación del área inundable y evaluaron alternativas diversas para los residentes de las poblaciones de Belén y Constitución. En forma unilateral, el gobierno de la República Oriental del Uruguay decidió la relocalización de los damnificados en terrenos baldíos existentes en las mismas poblaciones.
Estableció, además, un procedimiento especial que preveía dos opciones para resarcir a quienes perdieron sus heredades. “Percibir una indemnización acorde con la valuación oportunamente practicada, o recibir una vivienda nueva como pago íntegro de la unidad habitación que le era expropiada aplicable tanto al propietario o como al poseedor sin título con más de cinco años de residencia pacífica y continua en la vivienda. El 86% de los afectados en ambos centros poblados optaron por el trueque de viviendas. El arrendatario también conservaba la posibilidad de alquilar la nueva vivienda recibida en compensación por el propietario. Si ello no era posible se le concedía un crédito especial a largo plazo y bajo interés, con un periodo de gracia de cinco años para que adquiera una casa propia.”
El pliego de especificaciones preveía, además, definiciones precisas acerca de la tipología de las viviendas a construir contemplando las necesidades de cada grupo familiar.
En una primera encuesta se decidieron los requerimientos y la construcción de modelos de viviendas, con dos variantes relativas al mayor o menor espacio adicional para la posesión de una huerta familiar o, incluso de carácter familiar.
“La distribución de las viviendas se hizo a través de un método de elección directamente integrado al perfil de necesidades de los pobladores y condicionado al deseo de los mismos en cuanto a ubicación física, relación con el entorno y vinculación con el vecindario. Los listados respectivos se ajustaron a un orden de prelación determinado por el valor indemnizatorio de la vivienda desalojada según el cálculo oficial. Quien tuviese un mayor monto teórico de indemnización tenía prioridad de elección”, anotan Rofman y Cafferata.
Es menester recapitular para precisar algunos conceptos. La presa de Salto Grande aparece a unos 70 kilómetros de la ciudad de Federación. Está ubicada en el río Uruguay, compartido entre el país homónimo y Argentina.
En 1938, ambos Estados estudiaron de qué manera podrían aprovechar sus aguas y en 1946 se crea la Comisión Técnica de Salto Grande. En un principio la obra tenía que edificarse con rapidez tanto que estaba incluida en los Planes Quinquenales. Sin embargo, tensiones políticas crearon un abismo entre Buenos Aires y Montevideo. Ese distanciamiento y la pretensión del general Juan Perón de voltear al gobierno uruguayo causaron la no ratificación del tratado hasta 1958.
Los equipos técnicos tardaron cuatro años en acordar el proyecto. En 1974 se autorizó el inicio de la obra, y en 1979 se empezó la construcción del lago artificial que dejaría la mayor parte del territorio de Federación bajo el agua. Por esa razón, en 1973 la Comisión Técnica había acordado erigir una nueva ciudad para los federaenses.
El municipio de Federación quiso que el traslado desde el viejo emplazamiento al nuevo fuese participativo e involucrara a todos los residentes. Esa fue la razón por la cual organizó, en enero de 1974, un plebiscito por el cual -en libertad- los federaenses debían elegir su nuevo domicilio. Lo hicieron discerniendo pros y contras de las tres opciones sobre las cuales debían decidir. Eligieron, por mayoría, el paraje conocido como La Virgen-Federación, donde actualmente se ubica el municipio.
El trabajo para construir la nueva ciudad comenzó entonces, pero quedó interrumpido a partir del 24 de marzo de 1976.
Ese día, la Junta Militar decidió no garantizar la construcción de la nueva ciudad, lo cual causó una reacción inmediata de los federaenses, quienes desafiaron el gobierno militar en momentos de mayor poder. Una comisión de vecinos, representando los intereses de cada uno de los pobladores, viajó -en marzo de 1979- a Buenos Aires. La incertidumbre ganaba a todos. Pretendían hacer recapacitar a los dictadores. Finalmente, el 25 la ciudad entera los recibió en triunfo. Los militares, contra todos los pronósticos, cedieron: Nueva Federación sería, al fin, una realidad.
Pero no todo lo que reluce es oro. El proyecto de la ciudad quedó inmerso en la falta de transparencia y las denuncias se sumaron a diestra y siniestra. Argumentando la falta de trabajo del anterior gobierno, la Junta Militar hizo el proyecto a su medida: no respetó el modelo de ciudad que había sido debatido por sus habitantes.
