ESCUCHARPor Ageiadensi (*)
En estas últimas semanas se debatió mucho en las redes sociales y entre los activistas y defensores de las organizaciones de la sociedad civil, acerca del proyecto de reforma política que supone la implementación del voto electrónico o boleta única electrónica en la provincia de Córdoba. No hubo publicidad por parte del Gobierno provincial. Muchas razones existen para sostener que este sistema atenta contra derechos protegidos en nuestra Constitución y, aunque mucho se discute de la constitucionalidad de un proyecto de ley, cuando esta sospecha se cierne sobre el sistema de elección a adoptar, comenzamos a debatir también sobre la transparencia de la democracia, sobre su calidad e, incluso, sobre su existencia.
Todos los especialistas de diferentes academias y del sector técnico se han manifestado en contra del sistema propuesto. Algunos, como Javier Smaldone, han demostrando claramente su vulnerabilidad, incluso alterando el “normal funcionamiento” de la urna electrónica. Otros, como el abogado Carlos Dionisio Aguirre, vicepresidente de la Asociación de Derecho Informático de Argentina y profesor de la UNC, también plantearon su rechazo argumentando la imposibilidad de que cualquier ciudadano pueda auditar el sistema electrónico y la votación, en clara contradicción con el principio de universalidad del voto, predispuesto expresamente por la Constitución de Córdoba en su artículo 30.
Por otro lado, el proyecto supone como necesidad para el normal desarrollo de la votación la inexistencia de aparatos electrónicos dentro de los 300 metros de la urna, algo que hoy contraría los usos y costumbres de nuestra sociedad y el sentido común básico. Lo que asimismo se interpreta como un reconocimiento de la debilidad del sistema. Y para aumentar la gravedad de estos argumentos: existe la posibilidad demostrada de violar el secreto del voto a través de sistemas de computación que pueden conocer y alterar la elección de una persona determinada. Es decir, nos encontramos ante una reforma insegura, no estudiada, presumiblemente inconstitucional y de paranoica implementación.
Pero mas allá del debate de lo legal y técnico, existen dos realidades fácticas de conocimiento vulgar, difíciles de ignorar y que coloca a aquellos políticos que apoyan la reforma en una dialéctica de definirse, quizás, como ignorantes o como corruptos. Las circunstancias pre-existentes que hoy nadie desconoce, que además los legisladores no pueden desconocer porque tienen obligación en ese sentido, tornan aún mas preocupante estas acciones sin la difusión necesaria para debatir en sociedad. Por ello, considero que deben ser expuestas estas realidades, para acercar un poco de luz a aquellos que aún no terminan de ver o entender, como nosotros, el sentido de esta tan abstractamente llamada “reforma política”.
La primera situación es la irrefutable derrota de la implementación del voto electrónico en la comunidad internacional. En todo el mundo, solo siete países mantienen este sistema, entre ellos India, Brasil y Venezuela, mientras que países como Alemania, Holanda o el Reino Unido, entre 2008 y 2009, prohibieron su uso. Además, en España la pruebas fueron un fracaso. Este alejamiento de las buenas prácticas electorales internacionales no les ayuda en nada a nuestros políticos en la búsqueda de mejorar su crédito frente a sus electores, siendo aún más difícil defender su posición. Si la mayoría de los países avanzados que han probado el sistema lo han rechazado contundentemente, y si contamos de antemano con la posibilidad de conocer sus motivos para evitar sus errores (que suponen gasto público gigantesco), ¿por qué seguir en la obstinación?
En esta dialéctica entre ignorar u ocultar el verdadero motivo, al Gobierno le conviene ignorar, pero no deberíamos asustarnos de esta conocida característica de nuestros legisladores, ya que aún ignoran que existe una segunda razón para ello: que actualmente la Provincia de Córdoba cuenta con el sistema de boleta única.Nada más ni nada menos que el sistema en boga en el mundo, el mejor sistema de votación con que cuentan hasta hoy las democracias.
Entonces, conjugar ambos argumentos nos obliga a preguntamos como ciudadanos responsables que participan de manera activa en la vida política: el sistema de voto electrónico ¿significa un avance en nuestra institucionalidad? Si es así, ¿por qué sólo seduce de manera parcial a sólo uno de los veinte países con mayor desarrollo humano del mundo? ¿Somos representados por políticos que tienen la obligación de saber y no saben? La interpretación de algunos legisladores así lo confirmaría.
Existirían quizás otras posibles explicaciones a este intento de reforma prepotente: podría ser la intención oculta por sus promotores de “prever” las futuras elecciones, o de algún negocio encerrado en ellas, cosa que -por supuesto- queremos descartar, por la gravedad que tan sólo pensarlas nos trae aparejado.
Si los que ya conocen el juego me recomiendan no jugar, y si ya tengo otro juguete ideal, ¿por qué cambiar? En los próximos días el proyecto impulsado por Juan Schiaretti podría aprobarse, y en ese caso contará con los mismos vicios que sus promotores en la Nación. ¿Será entonces una ley ignorante, o una ley para alcanzar un objetivo desconocido por la sociedad?
Debemos rechazar el voto electrónico con fuerza y, en todo caso, buscar políticos capacitados o ponernos a capacitar legisladores, para realmente construir la democracia del siglo 21 en la que ya no alcanza con el discurso. La adopción de tecnología en la administración pública puede implementarse efectivamente para conseguir resultados positivos. Pero no será así cuando a quien le toca legislar no sabe, no conoce quién puede asesorarlo y su obstinación y desconocimiento lo lleven a aceptar lo “novedoso” por esa sola condición.
Esperamos sea ignorancia solamente, ya que puede corregirse.
#NoAlVotoElectronico
(*) Asociación Grupo de Estudios e Investigaciones Académicas en Derecho, Economía y Negocios en la Sociedad de la Información
