Por Sebastián Viqueira / Abogado. Administrador de edificios
La decisión de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba y de la empresa recolectora de residuos Crese en pos de regular un “reordenamiento” del retiro de basura en la zona céntrica de la ciudad, implica una nueva transferencia de obligaciones desde la esfera pública hacia los consorcios de propiedad horizontal.
Con una mirada apresurada de la resolución no se llegan a observar las serias complicaciones que la medida le ocasionará a un sector de la ciudad habitado por miles de vecinos, quienes contribuyen de manera considerable, a través de impuestos y tasas, al erario municipal.
Las mentadas falencias de la nueva normativa se ven reflejadas en el aumento que generará en los gastos comunes de los consorcios debido a la obligación de instalar contenedores de residuos, a la necesidad de contratar personal o de otorgar horas extras a los encargados.
Ya son muchos los edificios que, en miras de hacer posible el pago de expensas comunes, sólo cuentan con encargado media jornada. Me pregunto, entonces: ¿quién retirará los residuos en esos edificios?
Control
Asimismo, no se aclara si los contenedores serán propiedad de los frentistas o de la firma Crese y no se reflexiona respecto a cómo harán los consorcios para controlar qué se arroja en aquéllos, ya que cualquier persona, por caso, podrá utilizarlos.
Lamentablemente, la decisión del municipio no configura un hecho aislado sino que se enmarca en una constante y sistemática política de traslado de responsabilidades, costos y obligaciones desde la esfera pública hacia los consorcios de propiedad horizontal.
Falta de provisión
Desde hace ya varios años, por ejemplo, ante la falta de provisión de servicios de seguridad, los edificios han tenido que contratar servicios de seguridad privada, lo cual ha incrementado fuertemente sus costos. Paradójicamente, por esta contratación los consorcios le abonan al Estado 21% en concepto de IVA; es decir, el Fisco termina beneficiándose pese a no cumplir adecuadamente sus obligaciones.
La lista de ejemplos es larga e incluye delegación del poder de policía a particulares (en el caso de los ascensores, por ejemplo); y de aspectos referidos a la normativa de bomberos y gas.
Asimismo, cabe apuntar que el referido traslado se efectúa sin dar ningún tipo de voz y voto a los ciudadanos que viven en edificios, o sus representantes, amparándose en falaces argumentos tales como que en ese tipo de inmuebles los costos se dividen entre varias personas y se licuan los gastos. Tal concepto es erróneo y está acelerando las situaciones de cesación de pago e ilegalidad a los consorcios; todo ello, en perjuicio de sus residentes y administradores.
