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Comienza febrero y con él la actividad judicial de 2024. Atrás quedó una feria que no fue como las de costumbre, marcada por la filtración de datos personales, usuario y claves de una funcionaria judicial del fuero Civil.
Según lo informado por el Poder Judicial de Córdoba, sólo habrían quedado expuestos los datos personales de la funcionaria y no las credenciales de acceso al Sistema de Administración de Causas (SAC). Se dio intervención a la fiscalía del cibercrimen a los fines de investigar lo sucedido. De acuerdo con lo que se pudo saber, la primera hipótesis de la pesquisa ubica el hecho en un presunto conflicto personal.
Lo cierto es que, a partir de lo sucedido, se bloquearon todas las claves de acceso al sistema, lo que obligó a los usuarios a actualizarlas. En la mayoría de los casos se pudo hacer de manera directa, mientras que aquellos que tenían mails con dominio Yahoo! o padecían algún otro inconveniente, debieron hacer el trámite vía Colegio de Abogados. Algo que para muchos de los colegas resulta inexplicable, ya que es el Poder Judicial el que las administra.
Un viejo abogado con el que comentábamos lo ocurrido nos decía: “En tiempos de desburocratización, sumar intermediarios para un trámite así resulta extemporáneo, además de demorar y complejizar algo tan sencillo como es cambiar una clave”. Vale decir que el mismo abogado no recibía el mail para cambiar la clave, por lo que se comunicó por WhatsApp con el servicio de expediente electrónico del Poder Judicial, donde le dijeron que había un problema con su mail, pero que no estaban autorizados a solucionarlo sin haber recibido, del Colegio de Abogados, el formulario que debía presentar el profesional.
Más allá de esto, eran común preocupación los problemas de seguridad que presenta el sistema. En medio del café que compartíamos todos recordamos lo sucedido con el hackeo de 2022, y alguno rememoró, un tanto más atrás en el tiempo, la interferencia que sufrió el sistema al momento de iniciarse un curso sobre seguridad informática. Si bien todos coincidimos en aprobar la informatización del sistema, también existe bastante inquietud respecto de su nivel de seguridad.
No es un tema menor. Estamos hablando de la plataforma digital por la que se tramitan los juicios de toda la provincia de Córdoba. Un sistema digital compuesto de un conjunto de dispositivos que se combinan para generar, transmitir, manejar, procesar y almacenar señales digitales en las que constan todos los actos procesales de los diversos fueros, incluidas las sentencias que hacen a los derechos de las personas en todos sus tipos y fueros.
No por nada se ha llegado a afirmar que los datos son “el petróleo del siglo XXI”. Consecuentemente, como todo valioso, va a ser el destinatario de actividad ilícita, lo que nos lleva a la cuestión de su protección.
Las intrusiones en el sistema no van a terminar sino todo lo contrario. Con el desarrollo de las tecnologías, en particular de la inteligencia artificial o emprendimientos similares, van a escalar en cantidad y refinamiento. Como en su momento, cuando sucedió el hackeo de 2022 y retrocedimos a la era del papel por un extenso período, aquí también para el justiciable común y el operador judicial promedio, la solución de bloquear todas las claves luce a primera vista, como entonces, rústica y primitiva. Ojalá se trate de una percepción equivocada.
Pues frente a sus innegables ventajas, también la digitalización presenta no pocos riesgos. Entre los principales del rubro, se halla en dotar al sistema de una seguridad acorde a su nivel de importancia.
En ese sentido, la digitalización de los procesos también se trata de contar con una plataforma que brinde mejores servicios en el rubro, y pueda ofrecer respuestas a la medida de las nuevas demandas ciudadanas. Como hemos dicho, no sólo se trata de una cuestión de capacidad técnica o posibilidades del sistema en abstracto sino de la posibilidad de un manejo seguro respecto de quienes son tanto usuarios como destinatarios de dicha infraestructura y su gestión.
Esperemos que así sea. Pues no es poco, como hemos visto, lo que se halla en juego: nada más ni nada menos que la capacidad de impartir justicia, en la práctica.
(*) Abogado. Doctor en ciencias jurídicas
(**) Abogado. Doctor en derecho y ciencias sociales
Estamos demasiado expuestos….