Por Sergio Castelli* y María Constanza Leiva**
En esta semana, Argentina será sede del G20, foro que surgió en 1999 como un espacio de deliberación de autoridades económicas y financieras y que recién en 2008, como consecuencia de la crisis mundial que se desató, logró constituirse como cumbre de jefes de Estado, como foro de discusión de la economía mundial.
Ahora bien, es la primera vez que este evento se realiza en Sudamérica y Argentina será el país que lidere el foro, actuando como anfitrión, fijando la agenda y liderando las negociaciones.
Por otra parte, la Fundación Libertad y Progreso, de la mano de Geneva Network, realizó un estudio que analizó los niveles de protección de la propiedad intelectual que se manejan en el mundo y el nuestro no goza de una posición privilegiada sino, muy por el contrario, ocupa el 46º entre los 50 países que forman el índice de propiedad intelectual elaborado como consecuencia del estudio.
Y aunque pueda parecer un aspecto de baja relevancia, ello no es así, ya que la protección de la propiedad intelectual y los derechos que de ella derivan goza de un enorme potencial, por el atractivo que genera de inversiones y generación de empleo para las industrias basadas en la industria del conocimiento. Según las fuentes del estudio que mencionábamos anteriormente, los servicios basados en el conocimiento son de las exportaciones con mayor crecimiento en Argentina, creciendo de sólo 150 dólares en el año 1996 a 6 millones y medio de dólares en 2015, encontrándose solo por debajo de las exportaciones de soja.
Entre las naciones del G20, Argentina es el peor posicionado en este aspecto y, a pesar de que el Gobierno ha manifestado su ambición de convertir al país en centro regional de innovación para fomentar el crecimiento económico, para logarlo debería reformar y mejorar el marco de los derechos de propiedad intelectual, según los de colaboradores especializados de Fundación y Genera Network.
Tener un marco sólido de Derechos de Propiedad Intelectual, especialmente el sistema de patentes, según los realizadores del estudio, conlleva beneficios tales como impulsar el crecimiento económico, mejorar la integración de los países en las cadenas globales de valor, promover la difusión de nuevas tecnologías, la inversión extranjera directa y empresas emergentes.
Algunos de los problemas concretos que tenemos en el país en la materia se relacionan con los retrasos en la gestión de patentes, que la tornan prácticamente inútil para sus propósitos, la protección de los derechos de autor, que -si bien gozan de una buena legislación- la aplicación y el control de las normas deja mucho que desear. Las pérdidas estimadas de ventas debido a la piratería superó en 2007 la cifra de 300 millones de dólares, lo que sumado a la falta de especialización en el poder judicial genera una aplicación bastante pobre del derecho regulado en la materia.
Está claro que ser el anfitrión de una reunión tan importante como el G20 es un gran paso, pero mucho más positivo sería que de él surgieran iniciativas legislativas innovadoras en propiedad intelectual y que se impartiera capacitación y especialización a aquellos que están encargados de su aplicación, tanto a nivel administrativo como judicial. Todo ello, sin dudas, nos llevará un paso adelante.