ESCUCHARPor Javier H. Giletta (*)
Todos padecemos los efectos de un proceso inflacionario que lejos está de ser controlado. Los aumentos de precios (de bienes y servicios) son cada día más abusivos y generalizados, lo que provoca el deterioro de nuestra calidad de vida y nos sumerge en una crisis de inusitada profundidad.
Enmarcado como un capítulo más de este proceso, tan prolongado como nefasto, la Asamblea de Colegios de Abogados de la Provincia de Córdoba ha dispuesto que a partir del día 12 pasado, el valor del aporte colegial se eleve a $1.590, lo que implica un incremento del orden de 23% ($300 por aporte), dado que hasta el 11 de agosto el valor ascendía a $1.290.
A su vez, deberá recordarse que el aumento anterior se había registrado en enero, cuando el aporte pasó, sin más, de $990 a $1.290, redondeando un alza del orden de 30% en esa oportunidad.
De este modo, en los últimos ocho meses el incremento acumulado fue de alrededor de 60%, teniendo en cuenta que en diciembre de 2020 el valor del aporte era de $990 y a partir del 12 pasado su cuantía es de $1.590.
Hay aumentos fuera de contexto, reñidos con el sentido común y la razón, que por su desproporción se tornan exagerados y hasta groseros porque difícilmente encuentren alguna justificación. Éste es un ejemplo de ello.
Es que esta nueva suba, que golpea directamente el bolsillo de todos los abogados y abogadas obligados/as al pago, supera holgadamente las expectativas inflacionarias previstas para este año, que oscilan entre 45% y 50%, según estimaciones efectuadas por los más reconocidos economistas y las principales consultoras privadas.
Se trata a todas luces de una decisión inoportuna, que llega en un momento sumamente difícil para los colegiados que estamos soportando -como tantos otros sectores profesionales y sociales- las consecuencias de la profunda crisis económica y social que atraviesa nuestro país, agravada desde marzo del año pasado por la pandemia y las distintas medidas restrictivas adoptadas por los gobiernos.
Por lo demás, no dudamos en calificar el presente aumento como excesivo y abusivo, puesto que no va en línea tampoco con el incremento que experimentó el jus durante el mismo período.
En efecto, la unidad arancelaria por la que se rigen los honorarios profesionales de abogados y procuradores en nuestra provincia aumentó 37,4% en lo que va del presente año, esto es, 22,6 puntos porcentuales por debajo del aumento acumulado en el valor del aporte colegial.
Ciertamente, la suba del jus no siempre repercute directa e inmediatamente en los ingresos, menos aún en estos tiempos de vacas flacas. Eso lo sabemos todos quienes ejercemos activamente y desde hace años esta digna profesión. Por eso, nos preguntamos: ¿Cuántos abogados y abogadas de Córdoba han logrado en estos últimos ocho meses incrementar sus ingresos en el orden de 37,4% (acorde al aumento del jus); y ¿cuántos alcanzaron a elevarlos al límite de 60% (equivalente al aumento ya registrado en el aporte colegial)?.
Colegio
Por otra parte, se sabe que muchos letrados mantienen deudas por aportes colegiales (y también por aportes previsionales) debido a que en estos años críticos no han podido completar el pago de los aportes mínimos exigidos por las normativas vigentes en la materia. Con los sucesivos aumentos decididos y ordenados por la Asamblea de Colegios de Abogados de esta provincia, la situación de aquellos colegiados tenderá a agravarse aún más, ya que sus deudas se actualizan automáticamente conforme el nuevo valor del aporte colegial (o previsional, en su caso) y no de acuerdo con los ingresos que efectivamente perciban, es decir, a sus reales posibilidades de pago.
A todo lo anterior deberá agregarse el incremento en el valor del Monotributo decidido y anunciado en fecha reciente por la AFIP, que ascendió a 35,3%, con relación al valor que finalmente rigió hasta junio. Repárese que la mayoría de los abogados y abogadas reviste la condición de monotributista ante el ente recaudador federal, por cuanto se trata de pequeños contribuyentes que, sin embargo, hoy deben afrontar mayores costos fijos (alquiler, expensas, servicios, etcétera) y una presión tributaria creciente, para poder continuar ejerciendo su profesión.
Esta dura realidad ha determinado que no sean pocos los que estén pensando (en algunos casos, ya decidiendo) dejar el ejercicio profesional en forma liberal o independiente y encarar la búsqueda de distintas alternativas laborales.
Así las cosas, el Colegio de Abogados de esta ciudad, en particular, una institución que desde hace años permanece alejada de sus objetivos fundacionales y parece haber olvidado la defensa de los intereses e incumbencias profesionales de sus colegiados, para centrarse en la generación de cursos virtuales, hizo precisamente lo contrario a lo que se esperaba en estas circunstancias.
Frente al cúmulo de nuevos problemas y dificultades que desde el año pasado deben sortear a diario los abogados y abogadas que ejercen y viven de su actividad profesional, entendemos que el colegio debió estar más activo y abierto que nunca, apoyando y defendiendo a sus miembros, con la mayor empatía y solidaridad posible, obrando a su vez con suma prudencia y moderación a la hora de establecer el valor de sus servicios, entre ellos, el valor del aporte colegial y sus respectivos incrementos.
Pero lamentablemente comprobamos que esto no sucedió y se desaprovechó una excelente oportunidad (una más) para intentar acercarse y reconciliarse con sus representados.
(*) Abogado y comunicador social
