ESCUCHARPor Hernández Maqueda Gregorio (*)
Si hay una premisa que debemos recordar en el contexto actual, es que no es posible combatir la pobreza si no generamos riqueza. Retomar una senda de desarrollo y prosperidad requiere volver a encontrar el camino que hizo grande a esta provincia. El principal obstáculo, el día de hoy, es el Estado mismo, junto a aquel complejo y asfixiante sistema impositivo que lo sostiene.
En el año 1999, José Manuel de la Sota llegó a la Gobernación de Córdoba con la promesa de una reducción de impuestos. Tan solo días atrás, luego de un continuum de 25 años de peronismo en el poder, el gobernador Martín Llaryora incrementó el Impuesto sobre los Ingresos Brutos -de los más distorsivos, cabe aclarar- en hasta 240%.
Nuestro país se encuentra atravesado por una toma de conciencia respecto a este punto. El “pacto de mayo”, firmado semanas atrás, es una prueba fehaciente de una nueva visión, con la que hemos logrado reconocer la necesidad del desarrollo económico genuino. Sin embargo, actualmente, la altísima presión fiscal obstaculiza este proyecto de mejora. Es evidente: es imposible sostener las estructuras estatales a las que estamos mal acostumbrados. No podemos desfinanciar al pueblo para financiar al Estado. Resulta imperioso, entonces, adoptar medidas urgentes que protejan a los ciudadanos y empresas argentinas de una crisis terminal, porque el tiempo corre y los medios de producción y el empleo se destruyen.
En ese sentido, la primera decisión que debemos tomar es la de diagramar un nuevo sistema impositivo, retomando aquel espíritu que impulsó el Consenso Fiscal del ex presidente Mauricio Macri con los gobernadores en 2017. Aquel hito, que permitió comenzar a reducir las alícuotas del impuesto sobre los Ingresos Brutos, aprobado por el justicialismo cordobés, luego fue derogado por el ex presidente Alberto Fernández.
Es necesario comenzar a retomar estas iniciativas, comprendiendo que no hay camino al desarrollo si no es por medio de reformas tributarias, que desinflen la monstruosa presión que se está aplicando sobre los privados. Ejemplo de ello lo constituye el proyecto que presentamos meses atrás, en el que proponemos reducir drásticamente (50%) todas las alícuotas de Ingresos Brutos; eliminar el escandaloso impuesto de Sellos y evitar aquellas dobles imposiciones respecto a tributos de orden nacional. La reducción de impuestos permitirá liberar las fuerzas de inversión de las familias y empresas cordobesas, incrementando exponencialmente la riqueza y exigiendo, necesariamente, una mejor y más eficaz organización de la estructura estatal.
Para dar un ejemplo, en 2023, el impuesto de Sellos significó un ingreso para la Provincia de $63.501.000.000, cuando el resultado financiero que declaró fue de $95.600.000.000. Ingresos Brutos recaudó en total en ese mismo año $570.600.000.000, mientras que sólo en obras viales se gastaron $95.192.000.000.
Es evidente, entonces, que no es imposible reducir y eliminar impuestos, pero ¿cómo avanzar en este camino y frenar las intenciones populistas del gobierno de turno? Fortaleciendo las herramientas del Poder Legislativo para poner límites al Gobernador. Las instituciones sólidas del Estado de Derecho pueden aportar a esta nueva visión económica. La Legislatura es un contrapeso institucional clave para evitar que el Poder Ejecutivo incremente de manera discrecional impuestos y agrande al Estado sin contralor alguno, respetando el principio de legalidad tributaria. En ese marco, otro de los proyectos que presentamos propone limitar el plazo de acuerdo que la Legislatura debe darle al Gobernador ante ciertas modificaciones impositivas.
En una línea similar a la anterior, existe otra decisión importante para lograr el desarrollo, que es promover e incentivar las inversiones que tanta falta les hacen a nuestro país y provincia. Sobre este punto, hay una herramienta que ya ha sido sancionada junto con la ley “Bases” que impulsó el presidente Javier Milei: el famoso Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Este apartado de la extensa “ley ómnibus” se constituye crucial para fomentar la llegada de grandes capitales. Un punto no menor, sin embargo, es que las provincias y municipios deben manifestar su adhesión, razón por la cual hemos presentado dicho proyecto, que permitirá a Córdoba convertirse en destino de inversiones nacionales e internacionales.
Sin inversión como la que el RIGI intenta promocionar, no es posible desarrollo económico alguno. El desarrollo económico no se limita a la obtención de lucro por parte de las personas que intervienen exclusivamente en una actividad comercial. Es un concepto muchísimo más amplio que incluye salud, educación, justicia, servicios públicos de calidad e infraestructura básica.
Debemos revisar aquellas premisas que nos ha inculcado el populismo durante tantos años. Para combatir la pobreza que tanto dolor nos genera a los argentinos es necesario atraer y crear riqueza. Al capital no hay que combatirlo sino atraerlo. Sólo así lograremos modificar el rumbo de decadencia en el que nos encontramos hace tiempo.
Para que Argentina sea grande de nuevo- y para que Córdoba sea un faro de progreso en ella- debemos animarnos a tomar decisiones distintas; recetas opuestas a las que nos trajeron a la realidad actual. Cabe preguntarnos solamente si estamos dispuestos a hacerlo, con la audacia que requieren momentos históricos como los que estamos viviendo.
(*) Integra el interbloque de Juntos por el Cambio en la Legislatura de la Provincia de Córdoba
