ESCUCHAR
Correrán con ventaja en relación con las actuales ART privadas. Gracias a las nuevas aseguradoras y a la reforma de la ley de riesgos, se prevé una sustancial baja de costos por trabajador asegurado.
Organizaciones gremiales y cámaras empresariales apuran proyectos para concretar un viejo anhelo, vigente desde hace nada menos que 17 años, cuando en septiembre de 1995 se promulgó la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT): administrar sus propios seguros de accidentes laborales. La posibilidad ya está vigente, desde el jueves pasado, cuando el Boletín Oficial difundió el decreto 1720/12 rubricado por la presidenta Cristina Fernández, que dispone la posibilidad de que, a partir del próximo 21 de octubre, las nuevas aseguradoras de riesgos del trabajo (ART) que surjan a partir del acuerdo de trabajadores y empleadores -las ART-Mutual- puedan brindar el servicio. La medida de abrir la participación de gremios y cámaras empresariales, habilitada por la propia ley 24557 de la era menemista, no se había efectivizado por las fuertes presiones de las ART -que hoy manejan un mercado nada desdeñable de 15.700 millones de pesos- sobre el poder político.
Sin embargo, los reclamos -de empresarios, fundamentalmente, pero también de los sindicatos más poderosos- pudieron más y las ART-Mutual son hoy una realidad inminente. Las asociaciones empresariales avanzan en estudios de costos, los gremios analizan la viabilidad de instrumentarlas junto a sus obras sociales y los movimientos llegan hasta la Confederación Argentina de Mutualidades, que pasado mañana debatirá una posición y un plan de acción frente a las nuevas entidades, cuya creación promete modificar fuertemente el panorama actual de un mercado dominado por sólo 24 grandes compañías, mayoritariamente del sector financiero y seguros, en parte propiedad de multinacionales extranjeras.
Movimientos que son paralelos al tembladeral que se está viviendo en la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), asociación que agrupa las actuales dueñas del mercado. Sucede que los accidentes laborales siguen siendo un fenomenal negocio por el cual los titulares de empresas pagan un promedio de 150 pesos por mes y por trabajador, cifra que durante este año crece a 30 por ciento anual y que agrava el peso de los costos de contratación o de blanqueo de personal, en una economía en la cual 38 por ciento de los trabajadores sufre la informalidad y la falta de registro de su relación laboral. Precisamente éste será el primer beneficio que traería el ingreso de nuevos “jugadores” sin fines de lucro a un mercado hoy superconcentrado y dominado por alianzas de prepagas, seguros y bancos: la previsible baja de costos de los seguros, que llegan hoy a 9 por ciento de la plantilla en algunas ramas de actividad, como la pesca.
Baja de costos que promete estar fuertemente impulsada por la reforma de la propia LRT, iniciativa que fue enviada por el Ejecutivo nacional el viernes y que en tiempo récord logró dictamen favorable ayer por parte del Senado de la Nación, que se comprometió a tratarlo en sesión plenaria el próximo 3 de octubre y así girarlo a la Cámara de Diputados para su conversión en ley. El proyecto, que actualiza sustancialmente las indemnizaciones por incapacidad y muerte, entre otros puntos, y que cierra la “doble vía” (reclamos administrativo y judicial), obtuvo el respaldo de las bancadas del Frente para la Victoria y de la Unión Cívica Radical tras el paso del ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, y del superintendente de Riesgos del Trabajo, Juan González Gaviola, quienes expusieron en el marco de la reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, dirigida por la kirchnerista Ana María Corradi.
Adicionalmente, el decreto 1720, que crea las ART-Mutuales dispone, ante un accidente laboral, el uso prioritario de la estructura sanitaria pública y, supletoriamente, el sistema de prestadores de las obras sociales sindicales, dejando afuera a las compañías de medicina prepaga y a las asociaciones de clínicas y sanatorios privados, las cuales de esta manera no podrán asociarse competitivamente a las cámaras empresariales para crear una mutual de riesgos.
Precisamente, la arquitectura del decreto 1720 parece estar destinada a buscar el acuerdo de empleadores y trabajadores en la creación de las nuevas mutuales-aseguradoras, facilitando su inclusión en las paritarias y al mismo tiempo garantizando un mínimo de diez años de vigencia al acuerdo fundacional que crea las nuevas organizaciones de protección.
Las mutuales, atentas
Para el mutualismo, a su vez, se trata de “una oportunidad excelente” mediante la cual empleadores y trabajadores podrán acceder a los beneficios que han tenido las organizaciones cooperativas de socorros mutuos desde hace 150 años en Argentina. “Es una forma de gestión distinta -subraya, al respecto, Alejandro Russo, presidente de la Federación de Mutualidades de Córdoba-, en la cual los beneficiarios del sistema, entre otros los trabajadores, podrán acceder a la gestión y control del propio sistema asegurador” de riesgo del trabajo. Para el dirigente, “es fundamental” el desarrollo y profesionalización de esta figura jurídica de la economía social, “ya que se tiene acceso a la conducción en forma directa, a la participación asamblearia para ejercer sus derechos sociales y expresar sus voluntades en forma activa, a los órganos de control interno -como la Junta Fiscalizadora- y, por supuesto, a los órganos de control externo, como los locales de cada provincia y al propio Instituto Nacional de Asociativismo y economía Social (Inaes)”.
Russo anticipó: “El jueves próximo nos reuniremos en Buenos aires, en la sede de la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM), para profundizar, entre otros temas, todo lo relacionado con el decreto 1720/12”, ya que, para el sector, “es una idea superadora para el país, la cual, mediante una administración eficiente, sin lugar a dudas, podrá otorgar un mayor beneficio a los asociados, legitimado por el control directo en la gestión”.
