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Juan Carlos Vega, presidente de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados
El desborde y la crisis de la justicia penal argentina son centro de debate en las distintas esferas no sólo del Poder Judicial sino que también en el ámbito político que actualmente se encuentra haciendo especial foco en el funcionamiento del sistema judicial. Lo cierto es que la mayoría de los actores judiciales coinciden en una imperiosa necesidad: lograr una reforma integral del Código Procesal Penal que establezca una redefinición del rol de los jueces y los fiscales y que, por sobre todas las cosas, no vulnere los derechos y las garantías de las personas sometidas a un proceso judicial, ya sean imputados o víctimas.
En este plano, frente a una necesidad que sólo parecía provenir del Poder Judicial, la presidenta Cristina Fernández dio claras señales públicas –en el acto de lanzamiento de Infojus, el portal de noticias del Ministerio de Justicia– para que se progrese en la modificación del código y -específicamente- en la definición del proceso de juicio por jurados, un tema sobre el que la mandataria había avanzado ya durante su período como senadora nacional.
Aunque todas las fichas parecen estar apostadas para que en el corto plazo la Justicia emprenda un proceso de transformación que modificará las reglas del juego y los roles de los actores judiciales, algunos actores descreen que esto pueda ocurrir en un corto plazo.
Entre ellos se encuentra el propio presidente de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, el cordobés Juan Carlos Vega, quien explicó a Comercio y Justicia que este proyecto de reforma del código se inserta en “un bloque de legalidad de tres leyes que están dormidas hace mucho tiempo en la Cámara Baja”.
Vega se refiere especialmente a la reforma del Código Penal en lo que tiene que ver con los delitos cometidos contra la administración pública, la reforma del Código Procesal Penal y la ley de soborno transnacional.
En el primer caso se trata de una iniciativa de autoría del propio Vega, presentada hace más de cuatro años y que cuenta con estado parlamentario.
En tanto, la reforma integral del Código Procesal Penal es un proyecto que presentó el diputado kirchnerista Oscar Albrieu el año pasado en el cual, conforme lo señala el diputado, “se pasa de un sistema inquisitorial a un sistema acusatorio”.
Completa este bloque legislativo la modificación en el sistema de investigación de los llamados delitos complejos, en el que se aplican plazos y sanciones para los jueces que incumplan con su mandato, “todo apuntado a evitar lo que hoy sucede en Argentina, donde un juicio por corrupción dura un promedio de 14 años y tiene 4% de índice de condenas”, explica Vega.
Por último, se busca tratar el proyecto de la ley de soborno transnacional girado por el Ejecutivo.
“Está todo aquí, esperando su tratamiento” indicó Vega, quien se mostró escéptico con respecto a que ahora sí se aborde la problemática.
“Yo creo que estos son anuncios, por mi experiencia de haber sido quien ha estado empujando estos proyectos, estoy convencido de que a la hora de votar nadie baja al recinto”, se lamentó el legislador.
Y agregó: “ La ley de lavado salió porque Argentina estaba presionada por el Gafi, veremos qué ocurre ahora”.
