ESCUCHARPor Alejandra Perinetti (*)
Hoy se cumple un nuevo aniversario del día en que la Asamblea General de Naciones Unidas dio a conocer un documento que cambió la mirada respecto a los millones de niños y niñas alrededor del mundo, la Convención sobre los Derechos del niño (CDN), que establece que toda persona, hasta los 18 años de edad, sea reconocida como sujeto de derecho.
Aquel documento se convirtió en un hecho histórico que permitió dimensionar al niño en presente y no sólo como el potencial ciudadano a futuro.
La CDN permitió romper con un patrón adulto-céntrico con sesgos autoritarios respecto de la niñez y dio lugar a una perspectiva que mira a los niños y niñas desde su singularidad, sus deseos, sus proyectos, sus opiniones y su manera de posicionarse frente al mundo que los rodea.
En este nuevo contexto, el rol de los adultos es el de acompañar y establecer límites de cuidado que protejan pero que no coarten; de brindar las herramientas para el desarrollo pleno, de manera tal que los niños sean protagonistas de su propia vida y no simples actores de un presente y un futuro decidido por otros.
Para que esto sea posible, la Convención le otorga a la familia un rol central, pero por encima de ella le exige a cada Estado firmante que garantice las condiciones para que cada familia, no importa su conformación, pueda brindar el cuidado y protección que los niños y niñas necesitan para desarrollarse como sujeto pleno de derechos.
Ya pasaron 30 años desde su sanción y -sin embargo- todavía existe una gran inequidad social respecto de la niñez, que afecta de manera directa la posibilidad de acceder al pleno ejercicio de sus derechos. Para el Estado argentino es una deuda histórica que se profundiza en la situación actual de la niñez.
En nuestro país la mitad de los niños vive en la pobreza y no cuentan con los recursos necesarios para garantizar su desarrollo integral. Insuficiencia alimentaria, bajo desarrollo cognitivo en la primera infancia, deserción escolar, temprano ingreso en el mercado laboral, embarazo adolescente y consumo problemático de sustancias son algunos de los rostros que asume la exclusión social.
La desigualdad es innegable y la relación directa entre crisis económica, pobreza e impacto en los derechos de los niños es evidente.
La violencia está presente en la vida de 60 por ciento de los niños del país. Millones, a diario, continúan siendo víctimas de malos tratos, negligencia, violencia física, violencia verbal o abuso sexual.
Para promover las destrezas de los niños en nuestra política pública es necesario trabajar con las familias. Por ello, más allá de los enunciados de un mundo mejor prometido por la Convención, se requiere el compromiso del Estado y los gobernantes no sólo para cumplirla sino para garantizar oportunidades equitativas.
Cada aniversario de la Convención nos permite evaluar los logros y los desafíos. Visibilizar las deudas con la infancia y proponer una alternativa superadora requiere de la acción coordinada por parte de los diferentes efectores públicos en el diseño e implementación de políticas sociales universales e inclusivas, de modo que todos los niños y niñas que nacen con los mismos derechos reconocidos internacionalmente tengan las mismas posibilidades de ejercerlos, independientemente de su contexto de nacimiento.
En estos 30 años recorrimos el camino de manera muy lenta y aún persisten serios obstáculos para que el espíritu de la CDN sea una realidad concreta en la vida de millones de niños y niñas para quienes el ejercicio de sus derechos continúa siendo un horizonte que se aleja a medida que crecen llegando a la mayoría de edad con claras marcas de la desigualdad que arrastran.
(*) Directora Nacional de Aldeas Infantiles SOS Argentina
