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El gobierno de Javier Milei avanzó el pasado lunes con una de las medidas impulsadas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado que eran parte de su malogrado proyecto de Ley Hojarasca, según el cual se modificarían una infinidad de regulaciones que afectan el giro de las empresas y obstaculizan la actividad económica.
En la imaginación del superministro, todos estarían de acuerdo en que la eliminación de exigencias costosas y burocráticas para el transporte de cargas, sería bienvenida. Sin embargo, no fue así y 24 horas después de la publicación en el Boletín Oficial del decreto que establece nuevas reglas en la actividad de los transportistas y la distribución, la poderosa federación de empresarios del transporte de cargas salió con los tapones de punta a cuestionar gravemente la medida, ahora calificada como “una trompada a la seguridad vial” en el país.
En concreto, el Gobierno cambió las exigencias para tramitar el RUTA y la LiNTI, que son los registros y licencias que se exigen a los conductores de vehículos de transporte de carga en el país. A la vez que dejó de exigir los cursos obligatorios previos para que toda persona que se siente al mando de un camión de hasta 45 toneladas entienda la responsabilidad y la gravedad de esa tarea, la administración eliminó de un plumazo a decenas de miles de vehículos de la comprensión en la categoría y de este modo, quitó a una cantidad innumerable de empresas la exigencia de tener a parte de su personal encuadrado en el convenio colectivo de la Federación de Camioneros. Hablamos de empresas de correos y sobre todo de la distribución urbana, que entendemos sí resultaron ganadores en la jugada gubernamental.
No así los grandes transportistas, al parecer, ya que lejos de recibir bien este anuncio, la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) criticó con dureza la decisión.
“Esta medida, lejos de reducir los costos operativos como asegura el ministro Federico Sturzenegger, pone en grave riesgo la seguridad vial y fomenta prácticas que podrían incrementar la siniestralidad en las rutas del país”, advirtió Roberto Rivero, Director Ejecutivo de la entidad, en diálogo con la prensa.
En este sentido, remarcó que “es una irresponsabilidad pensar que eliminar la obligatoriedad de la capacitación y el examen psicofísico hará más competitivo al sector. Lo único que logra es generar más inseguridad en rutas que ya están destruidas”.
Para los transportistas, este decreto no baja costos y entienden que sólo aumenta los riesgos. “La seguridad vial debe ser la prioridad, no una moneda de cambio en un juego de falsa austeridad”, manifestó el directivo.
En sus redes sociales, el ministro Sturzenegger había defendido la medida con datos sobre sus supuestos beneficios.
“En 2023 los transportistas tuvieron que ir a alguna de las 202 ubicaciones para hacer 150.000 trámites con un costo de 500 millones de pesos. El certificado podía demorar 70 días en el que el vehículo quedaba inutilizado”, señaló en la red social X.
“Una trompada a la seguridad vial”
Rivero consideró que la normativa no está vinculada a reducir los costos de trabajo y que su implementación solo favorecerá la informalidad del sector.
“Esto abre la puerta para que transportistas irresponsables eludan los requisitos esenciales, como la capacitación de los choferes y la realización de los exámenes psicofísicos, elementos clave para asegurar que los conductores estén debidamente capacitados”, explicó.
Sin rodeos, el director ejecutivo afirmó que “esta medida es una trompada a la seguridad vial”. En este punto, argumentó que al permitir que la capacitación y el examen psicofísico sean voluntarios, se incrementará la siniestralidad, que a su vez impactará en el precio de los seguros.
Un sistema que funciona
Con la firma de todo su directorio, incluyendo la de José Arata, titular de la Cámara Empresaria del Autotransporte de Cargas de Córdoba, Fadeeac emitió un comunicado rechazando categóricamente la desregulación del transporte privado. Los empresarios explicaron que la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI), cuenta con dos componentes esenciales: el examen psicofísico y la capacitación teórico práctica de los conductores.
La evaluación psicofísica se realiza en cualquier institución de salud habilitada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), y la capacitación teórico-práctica está a cargo de Formadores de las cámaras empresarias del transporte que integran diferentes Federaciones.
En el caso de Fadeeac -a través de la Fundación Profesional para el Transporte (FPT)- los cursos se dictan en 89 Unidades Evaluadoras distribuidas en todo el país y en su sede bonaerense de Escobar.
El sistema cuenta con más de 200 aulas-taller y más de 230 Formadores, que desde 1992 han dictado más de cuatro millones de capacitaciones de diferentes tipos, con simuladores de camión de última tecnología y desarrollo propio cuyo conocimiento se exporta a países de Latinoamérica.
“Este sistema ha sido clave para garantizar que los conductores estén preparados para enfrentar los desafíos de una actividad en constante cambio”, destacó Rivero.
Además, aunque los empresarios no lo escribieron en el comunicado, en las capacitaciones se tocan temas que hacen a la realidad del estado de las rutas en el país, a las diferentes regulaciones y normativas de los gobiernos provinciales y hasta se habla de la criminalidad que se presenta en los caminos del interior profundo de la Argentina.
Los miembros de Fadeeac insistieron con la idea: “Es una irresponsabilidad pensar que eliminar la obligatoriedad de la capacitación y el examen psicofísico hará más competitivo al sector. Lo único que logra es generar más inseguridad en rutas que ya están destruidas. Este decreto no baja costos, sólo aumenta los riesgos. La seguridad vial debe ser la prioridad, no una moneda de cambio en un juego de falsa austeridad”.
La entidad tampoco ahorró críticas para el ministro Sturzenegger. “En lugar de preocuparse por eliminar la capacitación, cuyo costo representa sólo el 0,3% del salario anual de un chofer, el Ministro debería enfocarse en eliminar la duplicidad de certificaciones cuando un transportista decide colocar/cambiar un tanque de combustible u otros cambios”, enfatizaron.
También mencionaron los valores de certificaciones, que registran un piso de $250.000-$300.000, el costo de multas por acarreo -que fue estimado en $600.000- y los aumentos de peajes, que en el transcurso del año acumularon un 300%, sin contar con la completa paralización de las obras públicas que deja las rutas nacionales abandonadas al desgaste, agravando costos de las empresas.
“Fadeeac hace un llamado al Gobierno para que enfoque sus esfuerzos en resolver los problemas que realmente afectan los costos del transporte”, concluyeron.
