ESCUCHARLa empresa metalúrgica de propiedad estatal Impsa, asentada en Mendoza, será la primera de las unidades productivas en poder del Estado nacional en ser privatizada. El Gobierno de Javier Milei ya habilitó el proceso hace meses y cuando todo hacía pensar que la privatización “se caía” porque no había noticias al respecto, un funcionario gubernamental reveló a la prensa que la negociación por la venta de empresa a la firma estadounidense Arc Energy fue avanzando rápidamente, al punto que se encuentra en su etapa final para concretar el traspaso.
Este lunes vence el plazo para que la firma estadounidense presente una mejora en su oferta, algo solicitado por el Ejecutivo, y sus representantes adelantaron que esperan que la adjudicación de la empresa metalúrgica se oficialice el 20 de diciembre.
Además, comenzaron a dar detalles sobre su plan de negocios, hasta ahora desconocido. “Buscamos exportar y reemplazar las grúas chinas que hoy están en Estados Unidos”, afirmaron.
Este enfoque representa un cambio significativo, considerando que anteriormente la compañía, fundada en 1907 por Enrique Pescarmona, se enfocaba en suministrar turbinas a Venezuela.
Originalmente, el cronograma de la privatización establecía que el Gobierno de Milei debía decidir este lunes si aceptaba o rechazaba la propuesta de Arc Energy para adquirir el 84,9% de las acciones de Impsa, actualmente en manos del Estado nacional y de la provincia de Mendoza.
Sin embargo, según explicaron fuentes relacionadas con el proceso, el Ejecutivo solicitó el pasado 6 de diciembre un período adicional para mejorar las condiciones de la oferta, lo que consideran un paso crucial para concretar la transacción.
“El tema es que habíamos presentado una oferta condicionada”, comentó una fuente vinculada a Arc Energy.
Entre las exigencias planteadas por la compañía como parte de su plan de capitalización de 27 millones de dólares, destacan la reestructuración de la deuda, la actualización de los montos de los contratos que Impsa mantiene con organismos estatales y la resolución de problemas relacionados con importaciones temporales que generaron compromisos impositivos pendientes.
Según cifras oficiales, la deuda de Impsa asciende a 500 millones de dólares, con bonistas internacionales, incluido el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sin embargo, fuentes cercanas a Arc Energy aseguran que esto no representa un obstáculo.
Incluso, confían en que los acreedores estarían dispuestos a aceptar una propuesta de reestructuración tras la posible adjudicación. “Saben que si no arreglan con nosotros tienen que volver a negociar con el Gobierno”, advirtieron. Por lo tanto, este primer desafío no parece ser un impedimento.
El segundo aspecto clave coloca al Estado en un rol central. Arc Energy exige que, antes de asumir el control de Impsa, el Gobierno actualice los valores de los contratos vigentes con la empresa, los cuales han sido afectados por la inflación.
Según el sitio oficial Comprar, Impsa cuenta con al menos 10 contratos adjudicados desde 2022, la mayoría de ellos con el Estado Mayor General del Ejército.
