ESCUCHARLuego de la desregulación total que inició este gobierno en el sector de las compañías de medicina prepaga, las empresas del sector tuvieron que retrotraer algunos de sus aumentos, ante la queja generalizada de los afiliados y el malestar de funcionarios del gobierno nacional.
Así se inició una etapa de cierta quietud en la salud privada, que parece estar rompiéndose de a poco. Esta semana, la mayoría de las firmas comenzaron a enviar notificaciones como indica la ley, para confirmar nuevos incrementos.
Las actualizaciones de los aranceles, dicen la mayoría de las versiones periodísticas, se ubican por encima de la inflación de julio, que fue del 4%. Los planes de salud tendrán un incremento entre el 4,5 y el 5,8%, de acuerdo a la empresa durante el noveno mes del 2024. Las prepagas justificaron los aumentos por la “elevada” inflación.
De esta manera, las firmas de medicina privada aplicarán el tercer aumento en los valores de sus planes tras la disputa judicial que impedía subas por encima del índice de precios.
Desde julio, los aranceles se ajustan “libremente”. En los comunicados, algunas empresas coinciden que la modificación de precios es “necesaria para poder afrontar los costos de infraestructura de salud” afectados por “los aumentos en los precios de medicamentos, insumos y servicios públicos”.
Al menos cuatro grandes firmas le informaron a sus afiliados cuáles son los nuevos valores de los aranceles correspondientes a septiembre, que estarán por encima del IPC de julio, confirmado esta semana.
El alza en los aranceles es “necesaria para poder afrontar los costos” y para garantizar el servicio, dicen. En algunos casos, la actualización también aplica a los copagos, de acuerdo al plan de salud y la empresa.
Desde julio, las empresas de medicina prepaga y obras sociales fijan libremente los montos de las cuotas y de los coseguros. La medida fue dispuesta por el Gobierno, pero generó una disparada en el valor de las cuotas, que generó una fuerte crítica de los propios funcionarios del Ministerio de Economía.
Según explicó en ese entonces la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), estos cambios “impulsan la libre competencia entre los Agentes del Sistema del Seguro de Salud y que los beneficiarios elijan con mayor libertad”.
El objetivo de la medida es “promover la eficiencia, eficacia y calidad en las prestaciones de salud que se brindan a los beneficiarios y usuarios del Sistema Nacional del Seguro de Salud y Entidades de Medicina Prepaga”.
“Que la libre competencia requiere un mercado transparente en el que los consumidores puedan comparar directamente las ofertas disponibles, permitiéndoles tomar decisiones informadas al evaluar los planes ofrecidos y elegir la mejor opción”, remarcaron.
En cuanto a la seguridad social, de la mano de estos cambios, la SSS intervino tres obras sociales por irregularidades. Según explicaron desde el gobierno nacional, en diferentes auditorías se encontraron graves incumplimientos.
El organismo lleva adelante un reordenamiento del sistema de salud y desde principios de año concreta auditorías a obras sociales. A través del decreto 70/2024, fue intervenida la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores (OSPRERA) por 180 días con la facultad del Ministerio de Salud para prorrogar este plazo. La normativa, además, designó como interventora a Virginia Montero, quien deberá elevar a la Superintendencia un informe mensual de su gestión, tendiente a la normalización de la Obra Social, con el detalle de la situación institucional de la entidad y su evolución administrativa y prestacional.
