ESCUCHARFrente a la oferta en danza, la provincia tiene menos posibilidades respecto de otras plazas como Rosario y Buenos Aires, donde los trámites son más ágiles y eficientes. “Falta una decisión política”, asegura CadePyme. Por Laura Pantoja – [email protected]
Córdoba pierde oportunidades de mejorar el acceso a la vivienda para la clase media por la extensa demora que ocasionan los trámites para escriturar un departamento o un lote.
“Del plantel limitado de créditos hipotecarios disponibles y en vías de lanzamiento a nivel país, tanto los de carteras públicas como privadas, Córdoba pierde en relación a Rosario y Capital Federal porque no existe la decisión política de destrabar los trámites o acelerar la gestión”, señaló a Comercio y Justicia Federico Novaira, presidente de CadePyme, en representación de todos los desarrollistas, profesionales y afines de la construcción de pequeñas y medianas empresas de la provincia.
Ante la promesa de los créditos hipotecarios a escala nacional, sube la demanda y ganan los primeros lugares aquellas plazas que los pueden obtener de manera más ágil y segura, según subrayó.
En este marco, el representante de los desarrollistas volvió a poner sobre el tapete un reclamo de larga data por parte de todos los sectores vinculados a la construcción y a los inmuebles, puesto que las demoras en la escrituración de inmuebles en la ciudad expulsan a los habitantes al Gran Córdoba, impactando en el empleo del sector y en la recaudación impositiva (ver Expulsión).
Novaira recordó que en Córdoba la escrituración demora de dos a seis años y, si bien indica que en la Municipalidad hay funcionarios que están comprometidos en solucionar este problema, se requiere de una decisión política por parte del Estado nacional.
“La Municipalidad nos pide cuatro trámites históricos para escriturar un departamento: el final de obra, las condiciones de seguridad (frente a incendios, balcones, ascensores) y la conexión de cloacas, condiciones de aprobación que no tienen correlación con la mensura, es decir, no se puede demorar la habilitación de un plano porque no tiene relación directa con la habilitación del proyecto en cuanto a si cumple o no con las normativas de seguridad o la habilitación de Bomberos”, dijo en representación del sector desarrollista.
A ello se suman las complicaciones para lograr celeridad en la Dirección de Catastro de la Provincia de Córdoba, que tras la megacausa, “no logran aceitar el sistema”, según recordó Novaira.
De modo similar, para gestionar la aprobación de un loteo hay que cumplir tres pasos en la Municipalidad de Córdoba: obtener la factibilidad, luego la resolución aprobatoria y, después, con los finales de obra, se aprueba el loteo por decreto.
También hay reparticiones que no están desde el inicio, como Tránsito, Ambiente y Transporte. Entonces, cuando el expediente llega a esas áreas, se plantean modificaciones y hay que empezar todo de nuevo.
Se tienen en cuenta otras demoras como Ambiente, que interviene en las zonas no urbanizadas y donde no hay cloacas.
Decisión política
El vocero entendió que es el Estado el que debe tomar cartas en el asunto, es decir, acordar con la Provincia y el municipio, para que contribuyan concretamente con la optimización de los permisos y finales de obra en vías de la escrituración en plazos razonables.
También es el que debe articular entre los desarrollistas inmobiliarios y los bancos para facilitar el acceso a los créditos. Por lo contrario, no es el que debe hacerse cargo de la ejecución de las viviendas (sociales), porque está visto que es deficitario. “La donación o subsidio impide la valoración por parte del habitante, lo cual lleva a la degradación del espacio y del contexto”, opinó Novaira.
“De esta manera se lograría romper con la barrera cultural, de estatus o imagen, que divide a quienes tienen acceso a viviendas mediante planes de ahorro o financiación (cooperativas, por ejemplo) o a viviendas de otra calidad con menores condiciones de financiación”, indicó.
Convocatoria
Con relación a ese punto, y consultado sobre la convocatoria para viviendas sociales y para la clase media a ejecutar por parte del Gobierno nacional, se indicó que generalmente este tipo de propuestas no es rentable para los desarrollistas, para quienes el único camino viable es armar una extrema reingeniería financiera para alcanzar propuestas similares a los planes de ahorro a largo plazo, en las que lo que prevalece no es la vivienda en sí misma, sino el acceso a la cuota.
Sobre el pedido por medio del régimen de Participación Público Privada (PPP) para que a desarrolladores inmobiliarios a realizar proyectos urbanísticos con beneficiarios de distintos segmentos sociales, Novaira dijo que, una vez activado, lo van a analizar.
De igual modo respondieron a Comercio y Justicia otros desarrollistas, como Grupo Ecipsa, que recordó que el programa aún no tiene estado parlamentario y por lo tanto no se conocen detalles de su reglamentación. “En cuanto a su utilización, veremos la instrumentación de 40% que será apta para crédito hipotecario, siempre y cuando las viviendas se ajusten a los loteos que comercializamos en Valle Cercano y que al momento de la instrumentación dispongamos de lotes aptos para escritura, algo clave para el desarrollo de éstos”, ampliaron fuentes de la empresa.
Por otra parte, otros desarrollistas consultados indicaron que no están al tanto de la medida pero que -llegado el momento- analizarán qué posibilidades reales existen para “concretar negocios”.
Expulsión
– Uno de los efectos de la demora en los trámites en la ciudad capital es la expulsión de ciudadanos hacia el Gran Córdoba. Según los censos nacionales, entre 1991 y 2010 la población de la provincia de Córdoba creció 19,6 por ciento.
– En promedio, en las localidades del Gran Córdoba aumentó 210 por ciento, con picos como Mendiolaza, con 570 por ciento. En La Calera aumentó 89 por ciento en dos años; en Villa Allende, 61%; en Río Ceballos, 55%; en Carlos Paz, 53% y, en Alta Gracia, 29%, entre otras. Por su parte, en la ciudad de Córdoba creció apenas 13 por ciento.
