Según estimaciones oficiales, las propuestas aportarán 1.400MW de energía a la oferta existente en el Sistema Interconectado Nacional.
El Gobierno nacional, a través de Enarsa, preadjudicará el miércoles los proyectos presentados por empresas para la generación de electricidad a partir de fuentes renovables, los que permitirán sumar una vez concluidas más de 1.400 MW a la oferta existente en el Sistema Interconectado Nacional (SIN).
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezará el acto de preadjudicación que se llevará a cabo en el Salón Mujeres del Bicentenario, en Casa de Gobierno, a las 18.30 horas, informaron fuentes del Ministerio de Planificación y de Enarsa.
Del acto también participará el ministro Julio de Vido, y los secretarios de Energía, Daniel Camerón; y de Obras Públicas, José López, además de empresarios y técnicos del sector energético.
Proyectos
Las 22 ofertas presentadas el pasado 14 de diciembre para la ejecución de 49 proyectos, que producirían en conjunto unos 1.461 megawatts, el equivalente a 6,67 por ciento de la capacidad instalada del país, superaron ampliamente el objetivo inicial de 1.015 MW que había sido fijado por el Gobierno.
La mayor parte de la oferta se concentró en proyectos de energía eólica (1.203 MW), a los que siguieron los de biocombustibles (155,4 MW); biomasa (54,1MW); pequeñas centrales hidroeléctricas (12,7 MW); energía solar (22,5MW); y desarrollos de biogás (14 MW).
Programa Genren
Estos proyectos se encuadran dentro del Programa GENREN, que prevé el desarrollo de energías «amigables» con el ambiente, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la diversificación de la matriz energética, la promoción de las economías regionales y el desarrollo de la industria nacional.
Fundamentalmente estos emprendimientos de baja potencia impactarán positivamente en poblaciones alejadas de las grandes redes de transporte de energía y en aquellas con muy baja demanda de electricidad, por su reducida población.
Los proyectos serán ejecutados exclusivamente por empresas del sector privado, asumiendo el Estado nacional sólo el compromiso de comprar toda la energía que generen por un período de 15 años, lo que garantiza la recuperación de la inversión y una rentabilidad razonable. (Télam)
