ESCUCHARHace unos días, la cadena Farmacity abrió un local en la localidad cordobesa de Jesús María, una de las pocas provincias donde no hay una normativa que limite el accionar de este tipo de empresas, ni se regula la instalación de nuevas farmacias. Ante la amenaza que significaba este desembarco, se presentó un proyecto de ordenanza para intentar frenar su expansión.
Según el portal especializado Mirada Profesional, que atiende al sector farmacéutico, la cadena está tratando de aprovechar la desregulación libertaria, que busca abrir lo más que se pueda la economía, para lograr su máximo anhelo: ingresar a la provincia de Buenos Aires.
Las versiones periodísticas que comenzaron a circular en este tiempo es que pese a los constantes rechazos judiciales –incluyendo el fallo de la Corte Suprema de Justicia ratificando la vigencia de la ley 10.606 que limita el acceso de los grandes capitales–, la llegada de este gobierno renovó la operación de la empresa para intentar meterse en territorio bonaerense.
Según el portal iProfesional, en estos momentos “la compañía se encuentra en una situación de espera expectante, alentada por las políticas de desregulación que impulsa el nuevo gobierno de Javier Milei”. Sin embargo, “las trabas judiciales, los marcos regulatorios provinciales y el poder de las organizaciones gremiales y farmacéuticas dificultan la entrada de Farmacity en Buenos Aires”.
La situación en Buenos Aires es particularmente complicada para Farmacity debido a las estrictas leyes provinciales que restringen la propiedad de farmacias a profesionales individuales y excluyen a las sociedades anónimas de la propiedad de estos establecimientos. La Corte Suprema de Justicia dictaminó en 2021 que esta regulación era constitucional y razonable para proteger la salud pública y el rol profesional de los farmacéuticos.
La nueva intentona que podría encabezar la firma fundada en 1998 por el empresario Mario Quintana choca con los antecedentes inmediatos, que rechazaron de plano esta posibilidad. En junio de 2021, los jueces Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y Martín Irurzunla (la jueza Mirta Gladis Sotelo de Andreu votó en disidencia), dictaminaron por la importancia de la profesión farmacéutica y señalaron que se debe “exigir el ejercicio de la dirección técnica por parte de un farmacéutico” y no así a “una sociedad propietaria de una farmacia”.
Según los magistrados, la exclusión de las sociedades anónimas como sujetos que pueden ser propietarios de establecimientos farmacéuticos en el territorio de la provincia de Buenos Aires “constituye una reglamentación razonable, pues no vulnera la libertad de comercio ni el derecho a la igualdad”.
Fue una lucha contra Farmacity encabezada por la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) que denunciaban que más de “12 mil farmacias de barrio iban a ser barridas del mercado por el auge de las cadenas”.
Al respecto, Mauricio Barceló, de la Cámara de Farmacias de San Juan, aseguró que el libre mercado que propone el Gobierno Nacional, en el rubro de las farmacias beneficia decididamente a las grandes cadenas, como Farmacity. Para el experimentado en el rubro, es una gran protección para las farmacias sanjuaninas, las que por ley no puedan ingresar las sociedades anónimas. Específicamente, Barceló hizo hincapié en la situación que se dio durante la gestión de Macri como presidente, cuando quiso ingresar a la provincia Farmacity. “No se puede competir con Farmacity”, afirmó Barceló. Luego explicó que esto sucede porque “esta gran cadena tiene 400 sucursales en todo el país, por lo que tiene gran capacidad de compra. Al poder estoquearse con más fluidez, pueden armar y ofrecer más ofertas, más 2×1”.
Farmacity se expandió rápidamente por la Ciudad de Buenos Aires y otras provincias argentinas. La cadena revolucionó el concepto de farmacia en el país al integrar la venta de productos no farmacéuticos en sus locales y al establecer tiendas amplias, modernas y con un fuerte enfoque en la atención al cliente. Inspirados en modelos similares de otros países, los fundadores de Farmacity se beneficiaron de un ambiente de desregulación económica durante los años 90, lo que les permitió expandirse rápidamente en el mercado argentino. Con la llegada de Javier Milei a la presidencia en 2023, el clima económico y regulatorio en Argentina parece orientarse hacia una mayor liberalización.
El gobierno ha manifestado su intención de flexibilizar las regulaciones económicas y comerciales para atraer inversiones y fomentar la competencia. Aunque esta postura ha generado optimismo en el entorno de Farmacity, la provincia de Buenos Aires, bajo la administración del gobernador Axel Kicillof, ha mantenido una postura de resistencia a este tipo de cambios, lo que genera un choque de visiones políticas entre el nivel nacional y el provincial. “Farmacity espera que las políticas de desregulación de Milei puedan, en última instancia, allanar el camino para que las sociedades anónimas como la suya puedan operar en Buenos Aires”, explicó el mismo medio.
Sin embargo, las autoridades bonaerenses han dejado claro que” no tienen intenciones de modificar la normativa que limita la propiedad de farmacias, ya que consideran que esta regulación protege a las farmacias locales y asegura el control de calidad en el sector farmacéutico”.
