ESCUCHAREmpresarios de distintos ámbitos de las bebidas consideradas en el apartado de la iniciativa impositiva anunciada por el Gobierno, aseguran que ésta afectará las inversiones y el consumo, además de profundizar el momento crítico de la industria
Empresarios del sector vitivinícola coinciden con respecto al impacto negativo que tendría la aplicación de la reforma tributaria anunciada hace unos días por el Gobierno nacional y esgrimen sus argumentos refiriéndose al momento crítico que está viviendo la industria, y al riesgo de retraer inversiones y bajar el consumo.
Vale recordar que, hace poco más de una semana, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, presentó el paquete de reformas tributarias que girará al Congreso en los próximos días para que sea tratado. Entre uno de los tantos puntos formulados en se destaca el apartado especial para todos aquellos productos que la cartera considera no saludables. Allí se plantea la modificación de las alícuotas de los whiskies, coñacs y otras bebidas blancas que pasarán de 20% a una propuesta gradual que los llevará a 29%; las cervezas, de ocho a 17%; los espumantes de cero a 17 por ciento, de manera gradual, y los vinos y sidras, de cero a 10 por ciento, también gradualmente. Las gaseosas también se verán afectadas, pasando de tributar de entre cuatro y ocho a 17 por ciento, según la cantidad de azúcar que posean.
En virtud de esta medida, en los últimos días -debido a la fuerte presión de los empresarios- el Gobierno daría marcha atrás en la aplicación de la alícuota de 10% para el vino, mientras que el resto de los productos mencionados (licores, gaseosas, champagne, sidra y jugos con azúcar) continuarán afectados.
Un golpe para la industria
A raíz de este panorama, empresarios del sector vitivinícola coincidieron en que la medida podría resultar un golpe negativo para la industria.
“El ministro Dujovne consideró el como una bebida no saludable el vino y los espumantes, sin ningún análisis; tampoco tuvo en cuenta la ley 26870, que declara el vino bebida nacional, ni que la Asociación Cardiológica Argentina lo confirma como saludable”, destacó a Comercio y Justicia Juan Navarro, de la bodega cordobesa Las Cañitas.
“Si en la campaña prometieron que iban a apoyar las economías regionales, no entiendo la medida. Es muy difícil vender vino con este impuesto; es más, va a ser imposible. Ni hablar de lo que esta industria genera en turismo”, agregó Navarro.
“Los países productores del vino -tales como Italia, Francia, España- reciben de la comunidad europea beneficios y grandes apoyos de fondos y de créditos no reintegrables. Por el contrario, nosotros ya estamos castigados por el gran costo de los fletes (enviar los vinos de Córdoba a Buenos Aires tiene el mismo costo que lo que abonan los chilenos para colocar sus productos en Estados Unidos), y por los años con las plagas de langostas, entre otros”, remarcó el empresario de la bodega cordobesa.
Por su parte, la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (FeCoVitA) y la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (Acovi) señalaron un concepto similar en un comunicado: “El vino es un alimento y como tal no puede ser equiparado con otros productos no saludables como las gaseosas, bebidas endulzadas con glucosa y los cigarrillos. A su vez, es un gran golpe para nuestra economía regional, que merece otro tipo de tratamiento por el empleo y el arraigo que genera”, señalaron desde la entidad.
“El sector vitivinícola se encuentra atravesando una fuerte baja en el consumo y un impuesto agravaría aún más la situación de los precios. Cuando la actividad deja de ser rentable aumenta el abandono de viñedos; actualmente hay entre 25.000 y 30.000 hectáreas ya abandonadas o semi-abandonadas y esta situación lo profundizaría la crisis del sector”.
Por otra parte, el Ministerio de Hacienda respondió a estos argumentos, asegurando que “para el sector de bebidas, las nuevas alícuotas se compensarán con la rebaja impositiva que obtengan de las reformas que proponen”. Pero esta respuesta no parece satisfacer los requerimientos de los empresarios del sector.
“Si bien el Gobierno dará marcha atrás al impuesto del vino, estamos en un momento crítico donde la industria vitivinícola necesita una operación a corazón abierto, hay que reestructurar la matriz nuevamente”, adelantó a Comercio y Justicia Ezequiel Naumiec, CEO de la bodega Alto Limay, ubicada en San Rafael, Mendoza.
“La disminución en el impuesto a Ingresos Brutos es un acierto para el comercio nacional, pero no es suficiente. Las pequeñas y medianas bodegas necesitan mucho más que eso; necesitan que los impuestos, controles vitivinícolas y exigencias municipales no asfixien el día a día de esta industria”, agregó el empresario.
“Esta industria tiene un potencial muy importante a nivel internacional para que se dé la espalda al mundo; no tenemos tratados de comercio internacional que nos ponga en igualdad de condiciones con nuestros vecinos trasandinos, por ejemplo”, remarcó Naumiec.
Por su parte, sobre lo referido a los aportes patronales, el directivo aseguró que “hay una gran contradicción ya que hoy el trabajador vitícola goza de un beneficio que se anularía con esta nueva modificación”.
Finalmente, Naumiec manifestó que, “más allá de estas idas y vueltas, se ve una luz de esperanza ya que el Gobierno entiende la importancia de las industrias regionales como motor del crecimiento. Lo que falta saber es cómo se llevará a la práctica”.
Una postura similar tomó la bodega Moët Hennessy Argentina, que anunció que “en caso de llevarse adelante la implementación del proyecto de ley tal como fue anunciado, se vería afectada en su totalidad la cadena de valor vitivinícola, con un consiguiente impacto negativo en la producción y la generación de empleo”.
Según destacó la empresa, “los considerandos esgrimidos en el anuncio realizado por el ministerio, que abiertamente mencionan los vinos tranquilos y espumantes como productos perjudiciales para la salud de la población, son, asimismo, equivocados. La Organización Mundial de la Salud ha recomendado el consumo diario moderado del vino y muchas otras instituciones han publicado estudios que avalan sus beneficios”.
“Tampoco es acertada la distinción técnica entre vinos y espumantes, tal cual se encuentra enunciada en el proyecto, siempre que ambos son resultado de las mismas materias primas y sólo difieren ligeramente en cuanto a su proceso de producción. El mero planteo de una diferencia en cuanto a los gravámenes a los que serían sujetos es en sí mismo arbitrario e injustificado”.
“Entendemos que esta medida se contrapone con la Ley 26870 sancionada en 2013 por el Congreso Nacional que declara Bebida Nacional al Vino, por su importancia como sector productivo y para difundir la producción, elaboración y consumo del vino argentino y sus tradiciones dentro de nuestro país y en el mundo”, concluyó la firma en una comunicación con este medio.
Cerveceros
El sector vitivinícola no es el único que esgrimió sus argumentos en contra de las medidas del Gobierno nacional. Los cerveceros también debaten la reforma y solicitan que no exista un trato discriminatorio.
“El impacto variará según cómo se lleve adelante la negociación con las industrias. Resulta de suma importancia destacar que no exista un trato discriminatorio con la industria cervecera en comparación con otras industrias, también de bebidas alcohólicas, en cualquier escenario de reforma tributaria. Las condiciones y acuerdos deberían ser los mismos para todos”, expresó a Comercio y Justicia Alejandro Berlingeri, director Ejecutivo de la Cámara Cerveceros Argentinos.
“En ese sentido, la reforma tendría un impacto significativo sobre la industria en toda la cadena de valor, impactando potencialmente el empleo y la inversión comprometida por más de 32 mil millones de pesos argentinos en los próximos cinco años. Además, en consecuencia, el precio final de la cerveza al consumidor aumentaría siete por ciento y el volumen de cervezas vendidas caería también siete por ciento, afectando potencialmente a más de 9.000 puestos de trabajo en la industria”, remarcó el directivo.
“Es importante remarcar que, actualmente, 52,3% de lo que abona un consumidor de cerveza es impuesto. Tras la reforma, 58% de lo que pagaría un consumidor sería impuesto, siendo la carga tributaria más alta de la región”, agregó.
“Hoy más que nunca resulta fundamental entender el rol de la industria cervecera en Argentina, que genera 8.500 puestos de trabajo directos y más de 127.500 indirectos. Con presencia en todo el país por medio de más de mil productores de cebada, 11 cervecerías, mil microcervecerías, centros de distribución y malterías, la industria cervecera logra llegar a más de 400.000 puntos de venta, que permiten que nuestros consumidores disfruten de lo que más nos apasiona: una buena cerveza”.
Por su parte, Berlingeri aclaró: “Estamos a favor de hacer reformas importantes como el blanqueo laboral o la eliminación de impuestos distorsivos como ingresos brutos, pero realmente hoy la industria no tiene espacio para enfrentar una suba de impuestos de esta magnitud sin afectar la cadena de valor de esta economía federal, que hoy genera 127.000 puestos de trabajo indirectos en Argentina. No puede haber discriminación entre industrias, el Estado debe garantizar un mercado sano, con una competencia sana y equitativa”.
