ESCUCHARLas clínicas y sanatorios de Córdoba informaron que no se encuentran ejecutando ninguna medida que afecte la atención de los pacientes jubilados y pensionados. El sector también manifestó preocupación por la situación de Apross.
En Córdoba, las clínicas y sanatorios descartan la restricción de prestaciones a beneficiarios del PAMI, aunque a escala nacional las confederaciones que agrupan al sector señalaron en las últimas semanas que peligra la atención de los afiliados del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.
La situación se debe al retraso en la actualización de los aranceles que la obra social paga a los prestadores.
“Nosotros por ahora no estamos realizando ningún tipo de restricción y, como siempre es nuestra política, vamos a seguir apostando al diálogo”, dijo a Comercio y Justicia Gustavo Traballini, presidente local de la Asociación de Clínicas y Sanatorios (Aclisa).
“El problema son los aranceles que paga el instituto a los prestadores. La semana pasada tuvimos una reunión en Buenos Aires donde se difundió que, del total del presupuesto, llegan a los prestadores por afiliado, por mes, alrededor de $200”, explicó Traballini. “Y, con estos números, no hay sistema de financiación que se sostenga”, aseguró el representante de la salud privada de Córdoba.
“Por otro lado, también planteamos entonces la necesidad de una comunicación más fluida con el instituto, además de reclamar un débito sobre lo facturado por las clínicas de alrededor de 5% que realizó PAMI en el mes de septiembre y sobre el cual no hay explicación todavía”, advirtió Traballini en conversación con este medio.
“Por otro lado, la situación es muy similar para Apross y las otras obras sociales. El presupuesto mensual por las prestaciones que se ofrecen también está desactualizado. Lo mismo pasa con otras obras sociales”, aseguró el titular de Aclisa.
Segunda oportunidad
Ésta es la segunda ocasión en el año en la cual se registra un conflicto entre PAMI y los prestadores privados de salud.
La primera oportunidad fue a principios del mes de junio, cuando se ejecutó por parte de la salud privada un lock out de 48 horas sin atención a los pacientes afiliados al instituto.
La medida fue de alcance nacional pero en aquella ocasión, en Córdoba, tampoco tuvo repercusión y los prestadores privados de salud apostaron al diálogo.
Según datos del sector, a mediados de año la obra social adeudaba en promedio -en los últimos diez meses- entre $3 y $ 4 millones por clínica.
En aquella situación, los factores que llevaron al retraso en el pago y la medida de fuerza de las clínicas fueron también los aranceles bajos y el cambio que efectuó PAMI este año en la forma de pago.
Ahora la situación parece repetirse en algunos de estos aspectos.
“Según los datos que discutimos en la reunión de la semana pasada, el presupuesto anual de PAMI es de $45 mil millones. Este monto se divide entre los más de 4 millones de beneficiarios de la obra social por 12 meses al año y da una cápita por jubilado de $1.000 mensuales, aproximadamente”, explicó Traballini.
“De ese total, sólo llegan a los prestadores $200, mientras unos $300 están destinados a prótesis y otros servicios. ¿Qué pasa con los $500 restantes? Ésa es la pregunta que se hace el sector”, dijo Traballini al momento de detallar cifras.
Aumentos
Por otra parte, las entidades de salud todavía se encuentran en pie de reclamo por los aumentos que se autorizaron a lo largo del año en las cuotas mensuales de los beneficiarios.
En lo que va de 2014, ya se autorizaron 4 incrementos en el pago mensual de los beneficiarios.
El primero, permitido en febrero, fue de 5,5% y fue reclamado para compensar el incremento de precios en los insumos que se registró a principios de año.
El segundo aumento, de 9%, se autorizó a fines de mayo y, según se informó entonces, la mejora fue destinada a los aranceles que los financiadores abonan a clínicas y sanatorios.
El tercero se registró a partir del mes de octubre y fue de 7,5%. Mientras, a partir de diciembre, la factura tendrán otro aumento de 4%.
“A nivel general estamos con un retraso en los precios de la medicina privada. Ahora tendremos, a partir de diciembre, un nuevo aumento de 4% pero en el año nos enfrentamos a un incremento en los salarios de más de 30% y todavía no están incluidos los costos de los insumos que están alcanzados por la inflación”, dijo Traballini.
Cifras
Según indica el último relevamiento sectorial de Córdoba realizado por la Bolsa de Comercio, las clínicas y sanatorios estudiadas facturaron $2.030 millones durante 2013. Aun así, mientras en 2012 la facturación real creció 7,7% interanual, el año pasado el incremento de este indicador sólo fue de 3% (también descontando la incidencia inflacionaria). En tanto, para la clínica promedio se registró un retroceso de 1,3%, según el estudio.
El freno en la facturación no se explica por la baja en la demanda sino por el incremento en los costos financiados, la incidencia de la inflación en el precio de los insumos y la presión tributaria.
“En los últimos diez años cerraron unas 105 clínicas en la provincia y entre 2012 y 2013 fueron 32. La mayoría de ellas en el interior de Córdoba. Esto se debe a la situación económica del sector y, con el contexto actual, esto tiende a profundizarse”, dijo Traballini.
“De esta manera, cada vez más se produce la tendencia de que los pacientes lleguen a atenderse a los grandes centros urbanos y tanto el sector privado como el público no dan con los espacios y las camas para absorber la demanda”, explicó el titular de Aclisa.
