ESCUCHARDistintos informes confirman que en los últimos seis meses se han perdido en la Argentina entre 140 mil y 270 mil empleos registrados. Ese fenómeno, así como la caída del poder adquisitivo de los salarios de quienes aún conservan sus empleos, provocó en todo el país un aumento del comercio ilegal y la informalidad comercial.
Es lo que verificó el último informe del Observatorio de Comercio y Servicios de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), con datos de la ciudad de Buenos Aires pero que pueden expresar una tendencia general y válida para los grandes aglomerados urbanos del país.
Según la CAC, durante el pasado mes de junio se detectaron en Buenos Aires 1056 puestos de venta ilegal callejera, lo que representa un incremento del 1,8% en comparación con junio de 2023 y un aumento de 1,3% respecto a mayo de 2024.
¿Qué se vende en estos puestos callejeros? El rubro de indumentaria y calzado es el más comercializado, abarcando 78% del total de puestos. Le sigue el rubro de alimentos y bebidas, con 11,2%. Este dato no sorprende, ya que ambos rubros siempre han sido los más populares entre los vendedores callejeros debido a su alta demanda y margen de beneficio.
Piratería
El informe también revela un descenso de 2,6% en los casos de piratería respecto a mayo de 2024, con un total de 1254 casos detectados. La Zona Once de CABA lidera las falsificaciones en los rubros de Indumentaria y calzado, así como óptica, fotografía, relojería y joyería. A pesar de esta disminución, la piratería sigue siendo un problema significativo, afectando no sólo a las marcas y comerciantes legales, sino también a la percepción de seguridad y orden en la ciudad.
El relevamiento se llevó a cabo entre el 1 y el 28 de junio de 2024 mediante un recorrido de observación de los puestos de comercio ilegal instalados en ambas aceras de las avenidas, calles, estaciones, terminales y plazas más relevantes de la capital argentina. Este método permite obtener un panorama detallado y actualizado de la situación, aunque también presenta desafíos en términos de precisión y alcance, dado que algunos puestos pueden no estar operativos durante el tiempo del relevamiento o pueden cambiar de ubicación con frecuencia.
La venta ilegal callejera no sólo afecta a los comerciantes legales, que deben competir con precios más bajos de productos a menudo falsificados o de dudosa procedencia, sino que también repercute en la economía local y en la recaudación fiscal. Los comerciantes legales deben afrontar mayores costos operativos, incluidos alquileres, impuestos y cumplimiento de normativas, mientras que los vendedores ilegales operan sin estos gastos, lo que les permite ofrecer precios más competitivos.
A lo largo de los años, los gobiernos municipales o distritales han implementado diversas medidas para combatir la venta ilegal callejera, desde operativos policiales hasta campañas de concientización pública. Sin embargo, la persistencia y aumento de estos puestos indican que las estrategias actuales pueden no ser suficientes o necesitan ser reevaluadas y reforzadas. La coordinación entre diferentes niveles de gobierno y la colaboración con organizaciones de comerciantes son esenciales para abordar este problema de manera efectiva.
Los comerciantes legales y los vecinos de las zonas más afectadas expresan su preocupación y frustración ante la proliferación de la venta ilegal callejera. Argumentan que no solo afecta a sus negocios y la estética de la zona, sino que también puede estar vinculada a otros problemas, como la inseguridad y la falta de higiene. Muchos comerciantes han solicitado mayor presencia policial y medidas más estrictas para desalentar esta práctica.
Por otro lado, algunos consumidores ven con buenos ojos la existencia de estos puestos, ya que les permiten acceder a productos a precios más bajos. Sin embargo, también son conscientes de los riesgos asociados, como la baja calidad de los productos, la falta de garantías y la posibilidad de estar apoyando actividades ilícitas. La dualidad de la opinión pública refleja la complejidad del problema y la necesidad de soluciones que consideren tanto los aspectos económicos como sociales.
«Para abordar de manera efectiva el problema de la venta ilegal callejera, es crucial implementar un enfoque integral», asegura un informe del portal especializado AmericaRetail, que debe incluir:
- – Mayor fiscalización y control: Aumentar la presencia de inspectores y operativos policiales en las zonas más afectadas.
- – Apoyo a los comerciantes legales: Ofrecer incentivos y apoyo financiero a los comerciantes legales para que puedan competir en igualdad de condiciones.
- – Educación y concientización: Desarrollar campañas educativas para informar a los consumidores sobre los riesgos y consecuencias de comprar en puestos ilegales.
- – Reubicación y formalización: Crear programas que permitan a los vendedores ilegales reubicarse en mercados formales, donde puedan operar legalmente y cumplir con las normativas vigentes.
- – Colaboración interinstitucional: Fomentar la colaboración entre diferentes niveles de gobierno y organizaciones de comerciantes para desarrollar estrategias conjuntas y sostenibles.
Según el portal, «la venta ilegal callejera es un problema complejo que afecta a múltiples sectores de la sociedad. Si bien los últimos informes muestran un ligero incremento en la cantidad de puestos, también revelan una disminución en los casos de piratería, lo que sugiere que algunos esfuerzos están dando resultados. No obstante, es evidente que se necesitan estrategias más robustas y coordinadas para abordar de manera efectiva este fenómeno y sus múltiples implicaciones. La colaboración entre el gobierno, los comerciantes y los consumidores será clave para encontrar soluciones sostenibles que beneficien a toda la comunidad».
