ESCUCHARAlertado el Gobierno nacional por el impacto de la recesión, que según informes de la Secretaría de Trabajo en el primer semestre impactó en la apertura de casi 40 mil procedimientos preventivos de crisis, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) analiza dos medidas de alivio que buscarían darle oxígeno a las pequeñas y medianas empresas que no encuentran soporte alguno para enfrentar los meses próximos: por un lado, suspendería los embargos a Pymes mientras que por otro, extendería el plazo de vigencia de la moratoria fiscal vigente.
En enero pasado, Florencia Misrahi, a pocos días de asumir la titularidad del organismo, emitió una Resolución General que posterga una medida implementada por el exministro de Economía, Sergio Massa.
La decisión fue extender hasta el 31 de julio de 2024 las ejecuciones fiscales y los embargos a las pymes al igual que entidades sin fines de lucro, los pequeños contribuyentes y los del sector de la salud. Una fecha próxima a cumplirse que según han logrado confirmar con fuentes del gobierno desde la prensa especializada, se extendería hasta el 31 de diciembre de 2024.
¿Sin embargos?
Desde el sector pyme destacan que la postergación se trata de un pedido que le hicieron especialmente al jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Esto ya que es indispensable bajo el contexto económico actual donde no hay ningún indicador que proyecte otra cosa por fuera de la depresión para el sector.
Incluso, la medida se tomaría pese al repunte del 2,3% que tuvo el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) en mayo, que se explica exclusivamente por el desempeño del campo ya que el resto de las actividades están en rojo. La recaudación de los impuestos ligados al consumo demostró además que el piso no fue junio y que esa variable macro aún se podría empeorar. Las pymes viven en su gran mayoría de la dinámica de la demanda del mercado interno, que si no muestra signos de recuperación, agrava la situación de la cadena.
¿Y la moratoria?
La AFIP aún no confirmó la postergación debido a que podría desincentivar el Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social que se aprobó en la Ley 27.743, el denominado paquete fiscal. Vía por la cual se podrían saldar deudas con fecha hasta el 31 de marzo de 2024, inclusive con diferentes programas de pago, que forman parte del flujo de ingresos para el Gobierno.
En la tabla que compartió el Ministerio de Economía en diciembre, con el camino hacia el déficit cero en 2024, se pretendía una recaudación del 0,5% del Producto Bruto Interno (PBI) por parte de la moratoria, el blanqueo y los cambios en Bienes Personales.
Ahora, corre la especie de que desde el Gobierno estarían evaluando otra medida: la posibilidad de modificar la fecha de corte para la nueva moratoria.
Se trata de un pedido del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires presidido por Gabriela Russo, quien por medio de una carta dirigida a la subsecretaría de Ingresos Públicos dirigida por Claudia Balestrini y que también llegó hasta la AFIP, argumentaron que se extienda el periodo.
«Sería oportuna una adecuación normativa que extienda el lapso de las obligaciones comprendidas. La solicitud se funda en el entendimiento que la intención del legislador al establecer la fecha límite el 31 de marzo de 2024 era la vigencia de esta norma para la primera etapa del año en curso, sin embargo, el trámite legislativo se extendió hasta finales del mes de junio», explicaban en la carta.
