Una amenaza de bomba fue recibida hoy en la sede de la AMIA, ubicada en el barrio porteño de Balvanera, y efectivos de la policía constataron que se trató de una falsa advertencia.
“Durante la revisión, las tareas habituales continuaron realizándose mientras que el operativo culminó sin novedades. La actividad en el edificio continúa desarrollándose con total normalidad”, informó la AMIA mediante un comunicado de prensa publicado en las redes sociales.
Al respecto, señaló que “ante una advertencia recibida por correo electrónico, y tal como lo establece el protocolo de seguridad, las autoridades de AMIA y DAIA decidieron dar intervención al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina en tanto que oficiales de la Policía Federal Argentina.
La mutual israelita contó que “como parte de los procedimientos preventivos, dicha división policial dispuso una revisión dentro de la sede de Pasteur 633 y el corte de la mencionada calle, para que el operativo pudiera llevarse a cabo con mayor tranquildad”.
Según informó la policía porteña, personal policial de la comisaría vecinal 3 C de la Policía de la Ciudad fue desplazado hasta la sede ubicada en Pasteur 633 para verificar la veracidad de la amenaza pero constataron que se trató de una falsa alarma, por lo que los empleados del lugar reanudaron sus actividades normalmente.
Las autoridades de la AMIA confirmaron al personal policial la amenaza telefónica que fue recibida en una de las oficinas administrativas de la mutual judía.
Intervino en el caso personal de la Policía Federal Argentina en tanto que oficiales de la Policía de la Ciudad permanecen en el sector externo del edificio, que fue reconstruido tras el atentado ocurrido el 18 de julio de 1994.
Voceros de la Policía Federal consignaron que en horas de la madrugada, la entidad recibió dos mails a las casillas de AMIA y DAIA con mensajes tales como “Muerte a los Judíos Sionistas” y “Vamos a poner una bomba en AMIA Y DAIA”.
Tras realizar una consulta con el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 11 a cargo del Ariel Lijo se dispuso “aprobar lo actuado, iniciar actuaciones por intimidación pública; realizar un relevamiento de metadatos correspondientes a los correos electrónicos recibidos; y activar el protocolo por amenaza de bomba”, se según se indicó.
Además, se adelantó que “se solicitará cooperación con personal del Departamento Técnico del Cibercrimen de Policía Federal con el fin de ejecutar un relevamiento” en el lugar en el que se recibieron las amenazas.