El Gobierno avanzará con la privatización de casi 6 mil kilómetros de autopistas y rutas en todo el país y anunció que habilitará la participación de capitales privados en la compañía Corredores Viales.
Según precisó, el 45% de la traza que operaba Corredores Viales estaba en un estado crítico, los contratos de obra estaban paralizados y el atraso tarifario era de un 45% con relación a la tarifa técnica.
Se trata de la empresa pública que tiene a cargo sectores de las rutas 3, 5, 7, 8 y 9, entre otras. También controla las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas.
El Gobierno dijo que los interesados, a cambio de obras, se quedarán con el cobro de peajes.
El vocero presidencial Manuel Adorni sostuvo que a partir de este modelo se va a promover el desarrollo de obras de infraestructura a través de la participación del sector privado, que se va a encargar de ejecutarlas y de hacer las gestiones necesarias a su propia cuenta y riesgo, a cambio del derecho de exigir el cobro de un peaje a los usuarios.
“Se terminó la patria contratista donde subían los peajes y las rutas se caían a pedazos”, afirmó en funcionario.
La Agencia de Transformación de Empresas Públicas -dependiente del Ministerio de Economía- será la encargada de tomar las medidas necesarias y concretar una serie de acciones, como promover la extinción por mutuo acuerdo de los contratos de concesión vigentes de 10 tramos asignados a Corredores Viales y ejecutar los procedimientos de selección para la celebración de los contratos de concesión de obra pública sobre los corredores.
Según el Gobierno, el sector privado va a encontrar mejores mecanismos para la subcontratación de las obras, sin las restricciones que significa la ley de obra pública.
El vocero explicó también que, en 2023, la empresa registró un resultado económico negativo, con una deuda con proveedores de 142.000 millones de pesos y pérdidas acumuladas por $268 mil millones.
Sumó que con estos resultados los argentinos aportaron $301.000 millones.