ESCUCHARLuego de que la embajada argentina en Caracas refugió a seis opositores al régimen de Nicolás Maduro, el gobierno venezolano le cortó la luz a la residencia que, sin embajador designado, está a cargo del encargado de Negocios interino Gabriel Volpi.
La acción políticamente violenta la concretó un grupo de tareas, que arrancó los fusibles del inmueble.
Frente al sabotaje, el Gobierno difundió un comunicado oficial.
El texto indica: “La Republica Argentina, arraigada en su histórica vocación de fomento y salvaguarda de los derechos humanos fundamentales, y ejerciendo su compromiso efectivo en tal sentido, expresa su inquietud ante el deterioro de la situación institucional y los actos de hostigamiento y persecución dirigidos contra figuras políticas de Venezuela”.
En tanto, precisó que con el respaldo de la inviolabilidad consagrada en el artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de la cual Argentina y Venezuela son signatarias, el país acogió a líderes políticos de la oposición y le advirtió al régimen que comanda Nicolás Maduro “sobre cualquier acción deliberada que ponga en peligro la seguridad del personal diplomático argentino y de los ciudadanos venezolanos bajo protección”.
Bajo esa premisa, citó la obligación del Estado receptor de salvaguardar las instalaciones de la misión diplomática contra intrusiones o daños y preservar su tranquilidad y dignidad.
Finalmente, instó a Maduro a “asegurar la seguridad y bienestar del pueblo venezolano, así como a convocar a elecciones transparentes, libres, democráticas y competitivas, sin proscripciones de ningún tipo”.
Los refugiados serían Pedro Urruchurtu, Magallí Meda, Humberto Villalobos, Claudia Macero, Omar González y un sexto dirigente cuyo nombre aún no trascendió.
Todos los protegidos por el gobierno argentino pertenecen a la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), liderada por María Corina Machado.
Ingresaron a la embajada argentina hace cinco días y desde ese momento fueron resguardados.
