Según el denominado “índice de la pobreza multidimensional”, que mide aspectos como vivienda, empleo o salud, entre otros, en lo que va de la pandemia casi la mitad de la población argentina cayó en situación de vulnerabilidad económica.
Concretamente, se trata del 49,6% de los habitantes, lo que equivale a unas 22,7 millones de personas.
La medición -paralela a la de la pobreza- es realizada por el Consejo de Coordinación de Políticas Sociales, que depende de Presidencia de la Nación.
Según explicó el organismo, “con el propósito de arribar a un índice de pobreza multidimensional basado en el enfoque de derechos, se seleccionaron indicadores que contemplen las siguientes dimensiones: vivienda, hábitat y servicios básicos, educación, empleo y protección social y salud”.
En base a la metodología oficial, un hogar puede ser considerado pobre de manera multidimensional si tiene carencias en dos de los aspectos anteriores.
Entre los criterios para establecer aquella medición alternativa figuran: precariedad de los materiales de la casa, hacinamiento, tenencia insegura de la vivienda, condiciones sanitarias deficientes y ubicación del hogar en zona vulnerable.
Por otra parte, respecto a la educación, el indicador estudia el nivel de inasistencia en las edades obligatorias, rezago escolar y logro educativo insuficiente.
En tanto, sobre el trabajo y la salud, aborda las dificultades para acceder al empleo remunerado, la precariedad laboral, el déficit de cobertura previsional de los adultos mayores y la ausencia de doble cobertura de salud (obra social o prepaga).
El Consejo de Políticas Sociales aclaró que no la medición no reemplaza al índice de pobreza por criterio monetario que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), sino que se trata de un indicador complementario, que busca establecer otras causas y alcances aquélla, para que el Estado diseñe respuestas de política pública diferentes a las que solo tienen en cuenta la situación económica.