ESCUCHAREntrevista a Martín Passini, integrante de la Mesa de Trabajo en Derechos Humanos y Discapacidad de Córdoba
Por Luz Saint-Phat – [email protected]
El avance en la aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el país es hoy un tema central. Resulta fundamental desarrollar políticas y programas que tiendan a la inclusión educativa y laboral y al fortalecimiento de la autodeterminación e independencia de los individuos.
En diálogo con Comercio y Justicia, Martín Passini -integrante de la Mesa de Trabajo en Derechos Humanos y Discapacidad de Córdoba- indicó los principales desafíos que se plantean para este año.
– ¿Cuál es el balance de 2017que realizó la Mesa respecto de lo sucedido en torno a las personas con discapacidad y la aplicación en Argentina de lo estipulado en la Convención?
– Podemos decir que fue un año muy particular. Por un lado, el Gobierno nacional avanzó con políticas de ajuste en el ámbito de la discapacidad, entre las cuales tomó relevancia el recorte de las pensiones no contributivas, que afectó mucho a esta población. Por otro lado, también el año pasado, se creó -mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU)- un nuevo organismo, que se llama Agencia Nacional de Discapacidad, que absorbió la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (Conadis) y la Comisión Nacional de Pensiones. Sobre este punto, todavía no está claro el marco de acción de este nuevo organismo -que entraría en funciones a partir de este año-. Hay muchas dudas en dos sentidos. Una crítica clara que hace el colectivo de organizaciones de personas con discapacidad del país es que no se promovió en esta creación la participación de la población y esto, en el marco de la Convención, es un estándar que se debe cumplir. En este sentido, las personas con discapacidad deben participar activamente en el diseño de las políticas públicas. En segundo lugar, sabemos que, por ser una agencia, a este organismo se le permite buscar fondos privados, lo cual nosotros consideramos que es muy peligroso en el sentido de lo que puede llegar a vehiculizar. Creemos que puede llegar a habilitar, por ejemplo, discursos vinculados con la caridad. En tanto, 2017 también fue un año muy importante porque desde la sociedad civil presentamos ante el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el Segundo Informe Alternativo 2013-2017 (http://www.redi.org. ar/Documentos/Informes/Informe-alternativo-Argentina-2017/Informe-Alternativo-Argentina.pdf). Allí relevamos la situación de esta población en el país y denunciamos la vulneración de algunos derechos. En este sentido, el Comité emitió un documento de lineamientos o preguntas que el Estado argentino debe responder hasta marzo de este año. En este documento participamos una coalición de 28 organizaciones de distintas provincias el país.
-En función de estos tres puntos que marcaron el año 2017 ¿qué demandas resultan prioritarias del sector para 2018?
– Por un lado, resulta fundamental la participación de las personas con discapacidad y de las organizaciones que las representan en la formación de las políticas públicas. También es central, por parte del Estado, la creación de programas que fomenten la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Otro tema importante es que tenemos que tener en cuenta que para 2020 no deberían existir más monovalentes. Sobre esto, la Mesa participó también del colectivo “Por el Derecho a la Salud Mental”. Otra cuestión principal tiene que ver con la educación inclusiva y cuáles son las políticas que nos permiten avanzar en ese sentido. Otro aspecto central es la promoción de la vida independiente de estas personas.
– ¿Qué actividades tiene planteadas para este año la Mesa que estén orientadas a estas prioridades?
– Hay cosas que ya venimos desarrollando, como es un informe específico sobre Córdoba, más allá del documento que elaboramos a nivel nacional. También, junto a otras organizaciones, estamos formando una coalición y en abril vamos a participar en Lima (Perú) de la nueva Cumbre de las Américas. Nuestra participación va a ser en torno a los derechos de mujeres con discapacidad y vamos a discutir en ese espacio cuestiones relacionadas con los derechos reproductivos y sexuales. Por otro lado, también tenemos la idea de desarrollar experiencias de capacitación sobre distintos aspectos ligados al ámbito de la discapacidad.
Latinoamérica y Argentina
– ¿Cómo se encuentra el país respecto de la aplicación de la Convención en relación con la región y el mundo?
– Podemos decir que en la región tenemos similares problemas, como la educación inclusiva, la salud mental y el acceso al trabajo. Pero en algunos aspectos, Argentina ha podido tener avances relativos, como el Código Civil nuevo, que ha incorporado un paradigma de reconocimiento de los derechos jurídicos y de autodeterminación que tienen las personas con discapacidad. Sobre este punto, también es necesario un cambio cultural que incluye a las familias y a quienes están cerca de estas personas. No obstante, en otros países de la región no se han dado las transformaciones en los códigos civiles que permitan esto. Otra cuestión es que, históricamente, Argentina posee un sistema de cobertura de servicios de rehabilitación y de salud que, aunque tiene debilidades, se encuentra más avanzado que en el resto de la región.
