Aplicación en Córdoba de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD). Especialistas señalan que tanto los medios de comunicación como otros actores de la sociedad reproducen en variadas ocasiones estereotipos y discursos poco ligados a una perspectiva de derechos humanos. Por Luz Saint-Phat – [email protected]
Modificar las representaciones sociales sobre la discapacidad, en Córdoba es uno de los desafíos del ámbito de la salud mental y de la salud en general para 2016.
Así lo señala el Primer Informe sobre la Aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD) en Córdoba, elaborado por el colectivo local Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos.
“Se trata de nuestro primer informe y nos propusimos realizar un recorte que tuviera en cuenta las principales demandas y desafíos históricos del ámbito de la discapacidad en Córdoba”, dijo a Comercio y Justicia Martín Passini, quien trabaja en el área de comunicación de Apadim Córdoba e integra la mesa.
“Los puntos centrales tienen que ver con la difusión y la información de lo que implica la CDPCD y de lo que se conoce como el Modelo Social de la Discapacidad”, especificó Passini.
“A partir de esto, que es nuclear, se plasma en el documento la necesidad de transformar o modificar las representaciones sociales y mediáticas que existen actualmente sobre la discapacidad, las cuales todavía están teñidas de una mirada paternalista sobre las personas y no de una perspectiva de sujetos de derecho”, agregó el comunicador.
“Además, en el documento recortamos el estado actual de la inclusión educativa y laboral, cuestiones que son fundamentales. También trabajamos sobre el reconocimiento de las capacidades jurídicas y sobre el derecho al voto, cuestión que surgió como importante a partir de las experiencias vividas en este año electoral”, indicó el integrante de Apadim Córdoba.
El documento es parte del capítulo sobre Salud Mental en Córdoba de la nueva edición del libro Mirar tras los muros: Situación de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en Córdoba, que fue presentado la semana pasada, elaborado en conjunto con la Secretaría de Extensión Universitaria y el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba.
Discursos, políticas públicas y comunicación
“El primer eje que ponemos en discusión en este informe hace referencia, por un lado, a la necesaria transformación de los discursos y representaciones sociales vinculadas con la discapacidad, y a las políticas llevadas adelante desde el Estado y desde la sociedad civil”, dice el reporte, que puede consultarse en Internet (Facebook: Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos).
En el diagnóstico sobre la situación actual, la Mesa reconoce que “en los últimos años, desde el Estado provincial se han realizado diversas acciones de sensibilización, en algunos casos en articulación con organizaciones de la sociedad civil que apuntan a generar una mirada más tolerante e incluyente hacia las personas con discapacidad”.
No obstante, el documento indica al respecto que “aún valorando algunas de estas iniciativas, desde la Mesa de Discapacidad y Derechos Humanos observamos que estas acciones no parecen constituir una estrategia articulada e integral de incidencia en la cultura, que responda a una planificación que abarque distintos escenarios públicos, espacios institucionales, medios y alcance en toda la provincia”. Y agrega que “aunque algunas acciones involucran a personas con discapacidad en su ejecución y desarrollo, consideramos que se deben convocar y sostener procesos de participación genuina del colectivo de personas con discapacidad”.
En tanto, respecto de los medios de comunicación, el documento indica que se observan “dos características centrales: invisibilización de los colectivos de personas con discapacidad y apelación a representaciones sociales homogéneas y estereotipadas, ligadas a los modelos de la prescindencia y médico rehabilitador”.
Al respecto, el informe enfatiza que “desde los medios de comunicación, pero también en otros ámbitos, como en los discursos políticos, publicitarios y hasta educativos, se observa un afanoso cuidado y corrección política en la enunciación y tratamiento del tema, sin que esté vinculado a concepciones claras y coherentes de la persona con discapacidad como sujeto de derechos”.
Recomendaciones
En este contexto, el documento indica una serie de recomendaciones para contribuir a la transformación de estas representaciones en medios, campañas publicitarias y otros discursos públicos.
Algunas de las sugerencias más importantes son:
– La denominación “persona con discapacidad” es la forma adecuada según las propias personas con discapacidad, expresión que fue consensuada en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En contrapartida, se recomienda emplear el término “persona sin discapacidad” y nunca “persona normal”.
– Las personas con discapacidad no son ni especiales ni diferentes ni excepcionales. Se recomienda no utilizar eufemismos como “personas con capacidades diferentes” o “capacidades especiales”, nominaciones que sólo fortalecen los estereotipos y las relaciones de dependencia, tutelaje y exclusión.
– Es importante no incidir en exceso en el tópico de la superación. Cuando una persona con discapacidad consigue un logro personal o colectivo, cuando consigue un trabajo, se recibe en una carrera o gana una medalla en algún torneo no es un ejemplo para la sociedad. “Al menos no lo es porque haya alcanzado el logro ‘a pesar de su discapacidad’, sino que lo hace porque es un buen deportista o porque fue mejor que sus rivales”, señala el documento de la Mesa.
-El informe también sugiere no asociar discapacidad psicosocial a comportamiento peligroso y delictivo. Ante sucesos violentos e impactantes para la opinión pública, no se debe atribuir automáticamente dichos comportamientos “inexplicables” a un padecimiento mental. Discapacidad psicosocial no es equiparable a “maldad”.
– Como elemento importante, el reporte indica que la discapacidad es el resultado de la relación de una persona con determinados déficits y un entorno que está construido con base en muchas barreras (edilicias, culturales, comunicacionales, actitudinales o jurídicas) que limitan o impiden la participación, el acceso a los bienes y recursos de la sociedad y el ejercicio pleno de los derechos. “Es decir, la discapacidad es un concepto ligado a la limitación en la participación. Limitación que viene de una forma de construir sociedades excluyentes. Esto es lo que se conoce como el Modelo Social”, señala el informe.